Moncloa: «Objetivo cumplido»

El PP insta a Arrimadas a presentar su candidatura para que corran los plazos. Cs opta por seguir esperando acontecimientos y salvar a su candidata del desgaste de un Pleno fallido.

«Objetivo cumplido». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admite que arriesgó con el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que ayer frenó la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, pero volvería a actuar de la misma manera. Queda en el aire el futuro de ese recurso, si el TC lo acepta, con votos particulares, o entiende que ya no hay objeto para tomarlo en consideración, pero ayer el Ejecutivo consiguió lo que pretendía con el movimiento que obligó al TC a hacer encaje de bolillos para no desautorizar al Consejo de Estado, que informó en contra del recurso, y dar la razón con sus medidas cautelares al fondo de la cuestión planteada por el Gobierno.

Según Moncloa, el respeto a la legalidad y el aplazamiento del Pleno en el que se iba a investir «de manera fraudulenta» a Puigdemont fue la consecuencia obligada de la actuación del Estado de Derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales. «Gracias al recurso del Gobierno y a las cautelares dictadas por el TC se ha evitado que se hubiera producido una burla a nuestra democracia. Los independentistas saben que están obligados a cumplir la ley como el resto de los ciudadanos».

El independentismo ha intentado ganar tiempo, a la espera de que la Justicia resuelva a su favor los recursos que facilitarían la investidura del presidente fugado. Pero en el lado del Gobierno creen que la suspensión de ayer del Pleno certifica que Puigdemont no puede ser president porque no se puede gobernar ni desde la cárcel ni como prófugo. El Gobierno tiene presente que en Cataluña debe seguir manejando un escenario político muy complicado. Moncloa se felicita de que Puigdemont «no se haya apuntado la ilegalidad de ser votado como presidente de la Generalitat aunque sea por unas horas y de manera simbólica»; de la escisión pública del independentismo; y de que «la fuerza de la ley» esté obligando al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, y al soberanismo a tener en cuenta las responsabilidades penales en las que pueden incurrir si desobedecen al TC. El Gobierno no tiene más margen que el de intentar volver a su favor la tensión que está rompiendo al independentismo por la dificultad de conjugar el pulso de Puigdemont para ser investido, aunque no pueda ejercer el cargo por sus causas pendientes con la Justicia, con la convicción de ERC y de una parte del PDeCAT de que deben abrir una nueva etapa y recuperar el poder y el presupuesto para taponar sus debilidades. Hay disposición a ir por la vía del pragmatismo, y en esa dirección han llegado mensajes a Madrid, sin que todavía haya habido correspondencia en el discurso público que los soberanistas exhiben en Cataluña. Moncloa está dispuesta a dialogar con un nuevo Gobierno independentista pero dentro de la ley. Ahora bien, para ello necesita que los soberanistas acepten que la vía Puigdemont «lleva a ninguna a parte». La presión del bloqueo, del agotamiento de la vía unilateral y de la victoria de Cs condicionan lo que Moncloa ve como una «partida de resistencia». En la que el PP movió ayer ficha con la petición a Inés Arrimadas de que dé el paso al frente y presente su candidatura para que corran los plazos. Enfrente tienen la decisión de Cs de seguir esperando acontecimientos y salvar la imagen de Arrimadas del desgaste de un Pleno fallido.