Moncloa ofrece «regalar» el panteón de El Pardo a los Franco

La familia rechaza la «propuesta informal» que incluiría costear la seguridad de la tumba de forma permanente. El Gobierno prevé aprobar un decreto para evitar que los restos vayan a La Almudena.

La decisión del Tribunal Supremo de no paralizar la exhumación de los restos de Francisco Franco como le demandaba su familia ha dado un balón de oxígeno al Gobierno. Lo que se concibió como la medida estrella del Ejecutivo, aquella con la que marcar la impronta de su gestión, se ha tornado en un quebradero de cabeza de difícil solución. El proceso «suficientemente garantista» para trasladar los restos del Valle de los Caídos –que Moncloa cuidó al detalle para evitar posibles recursos de las partes afectadas– dejó una importante laguna en lo que afectaba a la inhumación, que la familia no ha dudado en explorar para dificultar los trámites de un traslado al que se oponen. A pesar de que el Gobierno aseguró que 2019 no comenzaría con un dictador enterrado en el Valle de los Caídos, lo cierto es que fuentes gubernamentales ya asumen que los plazos –el siguiente trámite son los diez días hábiles para que los interesados presenten alegaciones– se dilatarán hasta bien entrado enero. No habrá, por parte del Ejecutivo, una resolución para dar luz verde a la exhumación hasta que no se aclare en qué emplazamiento descansarán finalmente los restos. Las citadas fuentes aseguran que en la determinación que apruebe el Consejo de Ministros ya irá recogido el lugar de destino de Franco.

«Este destino no será en ningún caso La Almudena». Así de categóricos se muestran sobre este extremo en Moncloa y el propio presidente del Gobierno reconoció ayer, en una conversación informal con periodistas, contar con «herramientas» para evitarlo. Aunque desde Moncloa no desvelan por cuestiones estratégicas cuáles serían estas «herramientas», dejan la puerta abierta a blindar por la vía de las facultades que tiene atribuidas el Gobierno, entre ellas el real decreto ley, las enmiendas que ya se presentaron en el Congreso a la Ley de Memoria Histórica –actualmente en tramitación– y que PP y Ciudadanos mantienen bloqueadas en la Mesa de la Cámara Baja. Estas enmiendas, para cuya aprobación reconocen en el Gobierno que «no hay tiempo», prevén la posibilidad de cerrar cualquier espacio en el que se fomente la exaltación o el enaltecimiento del franquismo, lo que cegaría la vía de La Almudena.

En este «nuevo escenario», que se abriría sin la posibilidad de inhumar a Franco en la catedral madrileña, el Gobierno se muestra «optimista» ante la posibilidad de que la familia se avenga a negociar. «Pensamos que en un breve espacio de tiempo habrá buenas noticias», se felicitan desde Moncloa.

Mingorrubio

La propuesta que hay sobre la mesa y que el Gobierno habría trasladado a la familia, según ha podido saber LA RAZÓN, sería ofrecerle la titularidad del panteón de Mingorrubio y que hubiera vigilancia permanente por parte de la Guardia Civil para garantizar la seguridad del recinto. Esta opción del sepulcro de El Pardo –en el que se encuentra enterrada desde 1988 Carmen Polo, la mujer del antiguo jefe de Estado– ya se barajó en su momento, pero los Franco declinaron la alternativa. «Donde ella está enterrada [por Carmen Polo] no hay seguridad, allí no puede estar mi abuelo», señaló entonces Francis Franco, el segundo de los siete nietos del dictador.

La oferta se ha hecho de nuevo, aunque por ahora «de manera informal», según el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera- Molina. La postura de los nietos sigue siendo la misma y es de rotunda firmeza en contra. «No hay ninguna posibilidad de aceptar nada de este Gobierno. La familia no va a aceptar ninguna oferta», aseguraba ayer el albacea universal de Carmen Franco Polo, única hija de Franco. «Primero porque lo que quiere la familia es que su abuelo descanse en paz en el lugar donde lleva 43 años y, si al final se produjese la exhumación, cosa que cada vez está más difícil lo consiga [el Ejecutivo], entonces será la familia la que decida dónde llevarle».

Utrera-Molina apunta que en su momento «se descartó El Pardo por motivos de seguridad porque es un lugar inhóspito», y que, «en cualquier caso, si la intención de la familia es que sus abuelos reposen junto con sus padres me parece absolutamente legítimo», pero insiste en la oposición a cualquier injerencia por parte de Moncloa. «El Gobierno no tiene absolutamente derecho a quebrantar la voluntad de la familia y la decisión de la familia es firme: si Franco sale del Valle de los Caídos irá a la catedral de La Almudena, aunque lo que queremos es que se quede en el Valle de los Caídos».

Por su parte, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, se manifestaba ayer también en contra de la opción del panteón de El Pardo. «No se va a aceptar en ningún caso. Ya se ha dicho que no y se vuelve a decir que no. En el último de los casos el destino sería La Almudena, para lo que contamos con el plácet del cardenal Osoro». En opinión del general, «el Gobierno se está dando cuenta de que no puede hacer lo que quiera, porque después del acuerdo de exhumación está la Iglesia».

Respecto a la decisión de ayer del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco, Juan Chicharro cree que el Ejecutivo «se ha llevado un buen varapalo. No podrá llevarla a cabo mientras no lo apruebe el Supremo. Y eso puede llevar tiempo». Utrera-Molina considera que se trata de «una advertencia muy seria. Que se olvide el Gobierno en esta legislatura, que no tenga prisa. El recurso contencioso no va a durar menos de un año».