Necesitamos una ley de huelga

Resulta urgente, desde hace años, regular el derecho a la huelga y los servicios mínimos, lo cual no significa que se vaya a atacar ni recortar ningún derecho. Faltaría más. Salvo que por derecho se entienda destrozar autobuses, romper bolsas de basura, cerrar comercios bajo coacción o emprenderla a palos con quien opta por trabajar. Los daños no pueden ser desproporcionados respecto a los fines que persiguen. El problema es que muchas huelgas devienen en ilegales cuando comienzan por la acción de los llamados piquetes y las sentencias llegan con posterioridad. Mientras tanto, la única ley orgánica prevista en la Constitución sin desarrollar es precisamente la que regula la huelga y el decreto en vigor es de 1977. Desde entonces, cada vez que hemos tenido una huelga ha surgido la idea de elaborar una ley, pero inmediatamente después se argumentaba que era poco oportuno legislar en caliente. Luego, cuando se nos pasaba la calentura, lo hemos olvidado. Así que hemos dejado esta labor colgando permanentemente. La norma actual es difusa, porque para empezar no fija en qué sectores son necesarios los servicios mínimos. La Constitución alude a «servicios esenciales para la ciudadanía». Y, el decreto de 1977, por su parte, se refiere a «cualquier género de servicio público o de reconocida e inaplazable necesidad». El presidente Rajoy con su propuesta de poner al día el concepto de los servicios mínimos recoge la opinión generalizada de regular la huelga y dotarla de un marco jurídico concreto. El propio PSOE decía en julio de 2010 que podía llegar a entender parte de lo que reclamaban los huelguistas del Metro de Madrid, pero que no aceptaban que se tuviera que paralizar una ciudad. Ahora hemos vuelto a ver en el conflicto de la limpieza de Madrid el incumplimiento de los servicios mínimos. Pero no olvidemos que éstos y otros ataques a la legalidad durante las huelgas, lo vienen padeciendo tanto las empresas privadas, como los trabajadores que no coinciden con estas iniciativas que, por cierto, ya se han demostrado de escasísima eficacia.

*Presidente de Asuntos Laborales de CEIM-CEOE