«No existe conexión temporal entre las donaciones y los contratos obtenidos»

Hagamos un juego. Vamos a partir de que las supuestas donaciones realizadas por diversos empresarios al Partido Popular relatadas por Luis Bárcenas son ciertas. Ya sé que alguien dirá, y tendrá razón, que varios empresarios lo han negado categóricamente ante el juez. También dirá, y tendrá nuevamente razón, que incluso han demandado judicialmente al ex tesorero por aparecer sus nombres en los llamados «papeles de Bárcenas». E, incluso, añadirá que no hay pruebas documentales ni de otro tipo que corroboren esos pagos, más allá de lo dicho y hecho por el propio señor Bárcenas. Y también en esto tendrá razón. Pero el juego es el juego, y pasa porque aquí admitamos como punto de partida la realidad de tales donaciones.

Juguemos también a admitir que algunas de esas empresas obtuvieron contratos públicos de distintas administraciones. Claro que, alguien dirá, y seguirá teniendo razón, que todas las empresas importantes tienen contratos con las distintas administraciones. También dirá, con igual razón, que a buen seguro esas mismas empresas habrán hecho similares donativos a los otros partidos. Pero, una vez más, el juego es el juego, y pasa nuevamente por admitir la segunda premisa: que los donantes obtuvieron contratos de las distintas administraciones.

Sigamos jugando a admitir que las donaciones efectuadas por esos empresarios se hicieron a cambio de que las distintas administraciones gobernadas por políticos del Partido Popular les adjudicaran diversos contratos. Más de uno saltará de inmediato para afirmar que no existe la más remota prueba de ello, y tendrá razón. Igualmente se argumentará que en los periodos investigados por el juez, esas mismas empresas obtuvieron mayor volumen de adjudicaciones de administraciones no gobernadas por el Partido Popular que de las primeras. Y será muy cierto. Se dirá, incluso, que no existe siquiera conexión temporal entre la mayoría de las donaciones investigadas y los contratos obtenidos por los supuestos donantes, y así es. Se aclarará que muchas donaciones fueron presuntamente realizadas meses o incluso un año después de la adjudicación del contrato con el que se quieren relacionar, y nuevamente será cierto. También se indicará que estas mismas empresas concursaron para lograr la adjudicación de otros muchos contratos en administraciones cuyos gobiernos están sustentados por el Partido Popular, y que los contratos fueron adjudicados a otros competidores que no aparecen en los «papeles de Bárcenas». Y será incuestionablemente cierto. Se añadirá que el porcentaje de adjudicaciones obtenidas por estas empresas, en relación con el número de concursos al que se presentan, es inferior en el caso de administraciones gobernadas por el Partido Popular que el obtenido en el resto de administraciones. Y se podrá numéricamente demostrar. Como también se podrá demostrar, contrato a contrato, que las empresas adjudicatarias realizaron el mejor proyecto u oferta, y que no hay nadie que adjudicara tales contratos que se encuentre imputado en la causa, y todo seguirá siendo cierto. Pero el juego es un juego y, como tal, no tiene por qué tener sentido. Por eso es sólo un juego.

En suma, el cruel juego nos dibuja un panorama que presume «iuris et de iure» (sin posibilidad de discusión al respecto) que las donaciones fueron realizadas por los empresarios para obtener determinados contratos de las administraciones públicas cuyos gobiernos están sustentados por el Partido Popular.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si semejante panorama que nos dibuja el juego es constitutivo de un delito de cohecho. La respuesta es negativa. En el delito de cohecho, el funcionario público o autoridad que adjudica el contrato debe ser quien solicita la dádiva o acepta recibir la que le es ofrecida. La solicitud o recepción de la dádiva puede llevarse a cabo directamente por el propio funcionario corrupto, o indirectamente a través de un intermediario o de un tercero que actúa a modo de pantalla. Pero, en cualquier caso, el destinatario final de la dádiva es el funcionario que interviene en la adjudicación. Eso no acontece en el juego propuesto. Conforme a éste, quien recibiría la dádiva es el Partido Popular, que por lo demás es una entidad privada, por mucho que desempeñe un importante papel en la vida pública. Pero además, y esto es lo más relevante, conforme a nuestro juego, los fondos donados por los empresarios no los recibiría el Partido Popular para ser entregados a los funcionarios que intervienen en las adjudicaciones, sino para sí mismo. Pero ello no da lugar al delito de cohecho, que es el único delito (además, solo el cohecho «propio») de los que se barajan en la investigación que no estaría prescrito, al margen de las posibles conductas fiscales como el blanqueo de capitales por el uso de las cuentas suizas que sería imputado, en su caso, al titular de aquéllas.

Hagamos un juego. Vamos a partir de que las supuestas donaciones realizadas por diversos empresarios al Partido Popular relatadas por Luis Bárcenas son ciertas. Ya sé que alguien dirá, y tendrá razón, que varios empresarios lo han negado categóricamente ante el juez. También dirá, y tendrá nuevamente razón, que incluso han demandado judicialmente al ex tesorero por aparecer sus nombres en los llamados «papeles de Bárcenas». E, incluso, añadirá que no hay pruebas documentales ni de otro tipo que corroboren esos pagos, más allá de lo dicho y hecho por el propio señor Bárcenas. Y también en esto tendrá razón. Pero el juego es el juego, y pasa porque aquí admitamos como punto de partida la realidad de tales donaciones.

Juguemos también a admitir que algunas de esas empresas obtuvieron contratos públicos de distintas administraciones. Claro que, alguien dirá, y seguirá teniendo razón, que todas las empresas importantes tienen contratos con las distintas administraciones. También dirá, con igual razón, que a buen seguro esas mismas empresas habrán hecho similares donativos a los otros partidos. Pero, una vez más, el juego es el juego, y pasa nuevamente por admitir la segunda premisa: que los donantes obtuvieron contratos de las distintas administraciones.

Sigamos jugando a admitir que las donaciones efectuadas por esos empresarios se hicieron a cambio de que las distintas administraciones gobernadas por políticos del Partido Popular les adjudicaran diversos contratos. Más de uno saltará de inmediato para afirmar que no existe la más remota prueba de ello, y tendrá razón. Igualmente se argumentará que en los periodos investigados por el juez, esas mismas empresas obtuvieron mayor volumen de adjudicaciones de administraciones no gobernadas por el Partido Popular que de las primeras. Y será muy cierto. Se dirá, incluso, que no existe siquiera conexión temporal entre la mayoría de las donaciones investigadas y los contratos obtenidos por los supuestos donantes, y así es. Se aclarará que muchas donaciones fueron presuntamente realizadas meses o incluso un año después de la adjudicación del contrato con el que se quieren relacionar, y nuevamente será cierto. También se indicará que estas mismas empresas concursaron para lograr la adjudicación de otros muchos contratos en administraciones cuyos gobiernos están sustentados por el Partido Popular, y que los contratos fueron adjudicados a otros competidores que no aparecen en los «papeles de Bárcenas». Y será incuestionablemente cierto. Se añadirá que el porcentaje de adjudicaciones obtenidas por estas empresas, en relación con el número de concursos al que se presentan, es inferior en el caso de administraciones gobernadas por el Partido Popular que el obtenido en el resto de administraciones. Y se podrá numéricamente demostrar. Como también se podrá demostrar, contrato a contrato, que las empresas adjudicatarias realizaron el mejor proyecto u oferta, y que no hay nadie que adjudicara tales contratos que se encuentre imputado en la causa, y todo seguirá siendo cierto. Pero el juego es un juego y, como tal, no tiene por qué tener sentido. Por eso es sólo un juego.

En suma, el cruel juego nos dibuja un panorama que presume «iuris et de iure» (sin posibilidad de discusión al respecto) que las donaciones fueron realizadas por los empresarios para obtener determinados contratos de las administraciones públicas cuyos gobiernos están sustentados por el Partido Popular.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si semejante panorama que nos dibuja el juego es constitutivo de un delito de cohecho. La respuesta es negativa. En el delito de cohecho, el funcionario público o autoridad que adjudica el contrato debe ser quien solicita la dádiva o acepta recibir la que le es ofrecida. La solicitud o recepción de la dádiva puede llevarse a cabo directamente por el propio funcionario corrupto, o indirectamente a través de un intermediario o de un tercero que actúa a modo de pantalla. Pero, en cualquier caso, el destinatario final de la dádiva es el funcionario que interviene en la adjudicación. Eso no acontece en el juego propuesto. Conforme a éste, quien recibiría la dádiva es el Partido Popular, que por lo demás es una entidad privada, por mucho que desempeñe un importante papel en la vida pública. Pero además, y esto es lo más relevante, conforme a nuestro juego, los fondos donados por los empresarios no los recibiría el Partido Popular para ser entregados a los funcionarios que intervienen en las adjudicaciones, sino para sí mismo. Pero ello no da lugar al delito de cohecho, que es el único delito (además, solo el cohecho «propio») de los que se barajan en la investigación que no estaría prescrito, al margen de las posibles conductas fiscales como el blanqueo de capitales por el uso de las cuentas suizas que sería imputado, en su caso, al titular de aquéllas.

*Catedrático de Derecho Penal Universidad Carlos III de Madrid