Las nóminas de la asesora de Begoña en Moncloa: pluses de productividad y subidas cada año

María Cristina Álvarezera amiga de la mujer de Pedro Sánchez desde hace años tras coincidir y trabajar juntas en una consultora de negocios, Inmark, donde estuvo hasta que cambió el sector privado por el público. En agosto de 2018, tras la llegada del líder del PSOE a la Moncloa, fue nombrada directora de Programas de la secretaría general de Presidencia del Gobierno.

Un cargo en el que, según las fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN, "cabe todo" y es el apelativo que se le da a un asistente de confianza que, en este caso, era el de la mujer del jefe del Ejecutivo. Los detalles de su contrato, a los que ha tenido acceso este diario, son que pertenece al grupo más alto de la Administración, el A1, y su nivel de puesto es el 26.

Hasta 5.000 euros al mes

Ese año percibió por cinco meses de trabajo un total de 17.513 euros, por lo que sus nóminas fueron de un mínimo de 2.500 euros hasta un máximo de 4.700. Esta última, la más alta, se corresponde con el mes de diciembre en que percibió la paga extra . El desglose de su nómina incluye cuatro complementos salarias: uno de destino, otro específico que no se detalla y dos más de productividad.

Al año siguiente, en 2019, se embolsó 34.281 euros brutos, que de media se traduce en una retribución mensual limpia de 2.856,77 euros. Los meses en que percibió las pagas extras, junio y diciembre, su salario llegó a superar los 5.000 euros.

Cobró un poquito más en 2020, tuvo una subida de 400 euros anuales, lo que colocó su sueldo total de esos doce meses en unos 34.604,96 euros. En 2021, sufrió un bajada y le entró en cuentas por su desempeño como ayudante de Gómez menos dinero, un montante anual de 34.482,90.

A partir de ahí, según pasaron las siguientes tres años, hasta el actual en que sigue siendo alto cargo gubernamental, su retribución no paró de escalar. En 2022, recibió de fondos públicos por llevar la agenda de Gómez 35.273 euros (2.939 euros de media cada mes); en 2023, 36.204 euros, que se traduce en que alcanzó los 3.000 mensuales, y, el año pasado, en 2024, llegó hasta los 36.924,52 euros, con lo que casi 3.100 empezaron a entrarle en cada mensualidad. En los últimos cinco años ha cobrado, por tanto, de la Administración más de 200.000 euros.

La investigación contra la asesora

Desde principios de febrero el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la mujer del presidente, también investiga a la asesora de Presidencia Cristina Álvarez por su papel como presunta colaboradora necesaria en los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid puso el foco en el papel que tuvo a la hora de ser quien se encargaba de gestionar con personal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) numerosos asuntos en nombre de Begoña Gómez en relación a la cátedra extraordinaria que esta última dirigía en este centro universitario público madrileño.

Álvarez se encargó de abordar los trámites para el registro de la marca y la web de Transformación Social Competitiva, el área al que estaba dedicada y daba nombre a esta cátedra extraordinaria ya extinta. La asesora también se encargo de la financiación por parte de empresas privadas de la cátedra o la fijación de reuniones para presentar el software en que el juez Peinado indaga si hubo una apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez.

Ante el instructor del "caso Begoña Gómez" esta asesora defendió en sus dos declaraciones -primero, como testigo, y, luego, esta misma semana, como imputada - que todo eran "favores" para una "amiga", que es lo que en todo momento se empeña a decir que es para ella la mujer del presidente. Esta versión de Álvarez ha quedado en las últimas horas cuestionada después de que, como informó ayer este diario, saliese a la luz que se presentaba como "colaboradora" de la cátedra. Ella negó en todo momento en sede judicial que hubiese influido en funcionarios de la UCM o que su intervención facilitase, prevaliéndose de ser un alto cargo gubernamental, negocios para Gómez. Unas negaciones que coindicen con un intento de apartarse de uno de los dos tipo penales por los que se le investiga, el de tráfico de influencias.