La acumulación de acusaciones populares en la causa en la que el Tribunal Supremo (TS) investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos –tras la llegada de Hazte Oír ya son cinco– no es del agrado de los investigados. Aunque el magistrado Ángel Hurtado ya ha rechazado a lo largo de la instrucción agrupar a la acción popular, al apreciar diferentes objetivos entre algunas de ellas (corporativos en el caso del Colegio de la Abogacía de Madrid y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha vuelto a instar al instructor a acordar la medida para evitar dilaciones indebidas.

En un escrito remitido al juez Hurtado, la Abogacía del Estado –que defiende tanto a Pilar Rodríguez como a Álvaro García Ortiz, que por ahora no se ha adherido a este petición– insiste en que las cinco acusaciones (además de las referidas, Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa) defienden «intereses conexos» y que, a raíz de la personación de Hazte Oír (rechazada por el juez en un primer momento, pero aceptada por la Sala) resulta necesario «reformular» la acción popular en el procedimiento. Varias acusaciones ya se han opuesto a esa unificación en sus alegaciones, según los escritos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los Servicios Jurídicos del Estado creen que la agrupación de las acusaciones populares –al margen de la que ejerce el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, como perjudicado por la filtración de los datos reservados sobre su investigación por fraude fiscal– no solo servirá para «agilizar el proceso» (garantizando el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas), sino también para evitar «abusos en el contexto acusatorio».

Alerta de un "desequilibrio" en la acción popular

Para la fiscal jefe provincial de Madrid, existe un «evidente y objetivo desequilibrio» en el ejercicio de la acción popular que no está justificado al no existir «intereses propios, exclusivos o diferenciados» entre las cinco acusaciones sino una «convergencia de puntos de vista y orientación procesal». Algo que, recalca, ponen de manifiesto las «habituales adhesiones» de unas respecto a otras.

Y respecto a los intereses corporativos del ICAM y de APIF que ponderó el instructor para dejar las cosas como estaba, para la Abogacía del Estado brillan por su ausencia pues no aprecia intereses diferenciados respecto al resto. Muy al contrario, subraya, son «idénticos, conexos y coincidentes». De manera que se obliga a la defensa de los dos imputados a contestar a una «inútil» reiteración de diligencias.

En consecuencia, para la Abogacía del Estado no se le puede someter a la «carga innecesaria de combatir y analizar múltiples escritos» que, aunque defienden posiciones «idénticas», suponen «un esfuerzo desproporcionado» que no propicia la agilidad procesal.

Manos Limpias ve una "irreconciliable" discrepancia de criterios

En sus alegaciones, Manos Limpias argumenta que la actuación individualizada de las acusaciones populares «no puede suponer un obstáculo al buen orden del proceso» ya que esta situación «entra dentro de la normalidad de innumerables procesos judiciales en España».

Según Víctor Soriano, abogado del colectivo de funcionarios, existe una «evidente discrepancia de criterios que resulta irreconciliable» (señala, por ejemplo, que su acusación se dirige únicamente contra García Ortiz) y que «imposibilita la acumulación de acusaciones». Algo que, advierte, vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva. Y en caso de que el instructor opte por acumular a las acusaciones, se decante porque Hazte Oír se incorpore a la acusación con Foro Libertad y Alternativa (porque dirige la acción penal contra ambos imputados).

Pero Foro Libertad y Alternativa no está por la labor y reclama que debe permanecer «en todo caso con defensa y representación propia» porque fue la primera en personarse al querellarse contra García Ortiz el 24 de marzo de 2024.

Su letrado, Fernando García Capelo, defiende que tanto el ICAM como APIF «tienen intereses colectivos propios que justifican su presencia separada en el procedimiento». En todo caso, como solución subsidiaria propone –en la línea de la posición de APIF– que Hazte Oír se incorpore a una de las acusaciones populares ya personadas en el procedimiento. No obstante, hace hincapié en que «no tiene sentido» volver a plantear esta cuestión ya resuelta una vez las cuatro acusaciones han invertido «tiempo» y «recursos» aportando «diferentes perspectivas» sin generar retrasos en la causa.

Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se remite a la decisión del instructor del pasado diciembre rechazando esa unificación de las acusaciones populares, que al ser firme (no fue recurrida) «produce efectos de cosa juzgada y, por tanto, ha de provocar por esta sola razón la desestimación de dicha reiterativa petición». Y en todo caso, la institución que preside Eugenio Ribón subraya que defiende «unos intereses propios, exclusivos», dado que los delitos investigados producen «perjuicios corporativos para el colectivo que representa», tal y como apuntó el juez Hurtado.