El nuevo Gobierno: cercado por la "plurinacionalidad"

La XV Legislatura va a estar marcada por la carpeta territorial porque el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar van a estar condicionados por los partidos independentistas y nacionalistas. De hecho, PSOE y Sumar van a poner sus ojos, principalmente, en Cataluña y Euskadi ya que dependen de ERC, Junts, Bildu y PNV mientras el resto de autonomías están prácticamente todas gobernadas por opositores a Pedro Sánchez: es decir, por el PP o por un socialista crítico como Emiliano García-Page.

A nivel territorial, hay muchos retos porque está por reformar el sistema de financiación, pero todo apunta a que solo saldrá adelante si le conviene a los independentistas catalanes (ya que los vascos no forman parte del régimen común): de momento, el acuerdo de investidura sí incluye referencias, tanto por parte de ERC (ha logrado la condonación de 15.000 millones de euros de deuda) como por parte de Junts (exige que la Generalitat gestión el 100% de los tributos). Tanto los republicanos como los posconvergentes quieren negociar los recursos económicos que llegan a Cataluña y cualquier modelo de financiación va a requerir su visto bueno porque son determinantes en el Congreso y los puentes entre el PSOE y el PP están ahora en suspenso.

Sin embargo, la financiación parece quedar en un segundo plano: a nivel político, el Gobierno va a estar cercado por las ambiciones «plurinacionales» de ERC, Junts, Bildu y PNV, aunque cada uno de los cuatro partidos da un significado distinto a ese concepto. En este sentido, los posconvergentes son los que más aprietan para que esta carpeta llegue a buen puerto porque han volcado todos sus esfuerzos ahí (ERC también presiona, pero tiene más frentes abiertos y puede quedar satisfecha y presentarse ante su electorado con un buen botín si logra materializar el traspaso de Cercanías y mejorar la financiación).

Tanto ERC como Junts, que han impulsado una mesa de diálogo con el PSOE, aunque van por separado (señal de las malas relaciones entre ambos partidos, lo que se puede traducir en mayores quebraderos de cabeza para los socialistas), aspiran a acordar un referéndum con el Gobierno. Sin embargo, ese escenario ahora parece casi inviable porque para el PSOE es una línea roja.

Los republicanos, además, ya han puesto en el punto de mira a dos ministros: Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Con Marlaska han sido muy críticos por la gestión de Pegasus o la crisis migratoria y en el ámbito de Interior aspiran a «derogar» la Ley de Seguridad Ciudadana del PP.

Por su parte, Bildu también presiona con un referéndum al señalar cuál es su hoja de ruta: la «vía escocesa». No obstante, la izquierda abertzale evita las presiones que sí imponen los independentistas catalanes y aseguran que quieren ir «sin prisas»: también es verdad que, en paralelo a la amnistía, van a pedir medidas para la «convivencia» en Euskadi, que pueden traducirse en beneficios para los presos de ETA.

Finalmente, el PNV también quiere dar comienzo a la negociación de un nuevo acuerdo que desemboque en el «reconocimiento nacional» de Euskadi, aunque está todo muy abierto: eso sí, hay un horizonte temporal de un año y medio, que empezará a contar tras las elecciones vascas. Además, los nacionalistas vascos, descontentos con el «elevado» número de ministros y por que se hayan creado Ministerios sin facultades para el Estado (vivienda, por ejemplo), exigen de inmediato la transferencia de la treintena de competencias que quedan, además de dinero para el euskera y capacidad para la Ertzaintza.

El problema que tiene el Gobierno es que necesita de las cuatro formaciones para gobernar: sin ellas, la supervivencia de la legislatura es inviable. Por tanto, PSOE (121) y Sumar (31), que suman 152 diputados, van a necesitar sí o sí del apoyo (por activa o por pasiva, es decir, respaldando o absteniéndose) de los 25 escaños que suman ERC (7), Junts (7), Bildu (6) y PNV (5).