Nuevo varapalo al «apartheid» lingüístico en el País Vasco

Un nuevo revés para la imposición del euskera en las convocatorias de empleo público en el País Vasco o en organismos que dependen directamente de la administración de esta comunidad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado el procedimiento de cobertura de 34 cuidadores de la Fundación Uliazpi, un órgano autónomo que pertenece a la Diputación de Guipúzcoa.

Un total de las 32 de plazas ofertadas exigían como condición sine qua non el euskera mientras que las otras dos restantes lo establecían como mérito. Esta cláusula es «desproporcionada» y supone una «vulneración de derechos fundamentales», según la sentencia del TSJPV a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En concreto, la oferta pública de empleo, que ahora tendrá que repetirse después de declararse nula por los jueces vascos, corresponde a una entidad pública cuya actividad es proporcionar servicios y apoyos que contribuyen al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Gipúzcoa, según su página web.

Este fallo no es un asunto baladí. Prueba de su transcendencia es que el sindicato abertzale LAB hizo ayer pública una circular en la que considera que esta decisión es «una nueva agresión grave que pretende obstaculizar la normalización del uso del euskera en la administración pública» y añaden que es «un derecho fundamental poder trabajar en euskera en la administración vasca». Sin embargo, obvian que todos los españoles son iguales y tienen los mismos derechos.

El abogado Francisco Ignacio López Lera representó a dos trabajadores de este organismo que consideraban que el requisito del euskera vulneraba su derecho de acceso a las plazas convocadas amparados por los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución Española. En una entrevista telefónica con LA RAZÓN, el letrado explica que «estas personas llevaban trabajando cerca de 30 años en esa empresa y, hasta ahora, no había existido ningún problema con el idioma». En su opinión, lo que está ocurriendo en el País Vasco y la exigencia del euskera para las administraciones públicas es un auténtico «apartheid» lingüístico. «O hablas vasco o si no te vas de aquí», describe.

No es la primera batalla ganada por López Lera relacionada con el perfil lingüístico en la comunidad vasca. En mayo de 2021 logró que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara el requisito del perfil lingüístico de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irún, al considerar que hablar obligatoriamente euskera es un requisito «discriminatorio» porque «no se compadece con el necesario respeto al derecho de todos los ciudadanos a optar a los empleos públicos». Según describe la sentencia de Irún «fue importante porque fue la pionera y logró que la gente empezase a abrir los ojos y a quitarse el miedo a denunciar», señala. Además –añade– la reacción del sindicato abertzale LAB demuestra la gesta de esta victoria en los tribunales, que sitúa a los derechos constitucionales por delante de la progresiva euskaldunización de la comunidad vasca. De hecho, el fallo del TSJPV recuerda que el índice de preceptividad lingüístico previsto en el Plan de normalización de la Diputación Foral se sitúa en 65,32%, mientras que esta convocatoria se exigía en el 94% de las plazas ofertadas.