En el Palau «todo era posible»

El saqueo de la institución deja al descubierto un sinfín de irregularidades: desde viajes familiares exóticos a costa de la entidad hasta bodas ostentosas y una red de facturas falsas en la que colaboró el propio tesorero de CDC.

A lo largo de 549 folios, la sentencia del «caso Palau» detalla profusamente el modus operandi utilizado por los principales acusados para llevar a cabo el expolio de la centenaria institución cultural. Más de 23 millones de euros de los que casi un tercio sirvieron para engordar las arcas de Convergència, pero también para pagar un sinfín de gastos personales: desde reformas de viviendas hasta las bodas de dos hijas del ex presidente del Palau de la Música, Félix Millet, viajes exóticos por medio mundo, retribuciones irregulares a determinadas personas que prestaban servicios a la entidad e incontables disposiciones de fondos en efectivo. Como se apunta en el propio fallo, «pareciese como si todo fuera posible en el Palau de la Música». Éstos son algunos de los extractos más reveladores de la sentencia de la Audiencia de Barcelona:

Tres mecanismos

Para garantizar la opacidad de las comisiones a CDC, la trama del Palau utilizó tres mecanismos: entregas en efectivo al tesorero del partido (3,7 millones entre 2000 y 2007), convenios ficticios con la Fundación Ramón Trías Fargas (630.655 euros entre 1999 y 2008) y un sistema de facturación falsa de la Fundació Orfeó Català con una red de empresas (2,3 millones).

Préstamos ficticios

La Fundación Ramón Trías Fargas, afín a CDC y antecesora de CatDem, implicada en la investigación de la «trama del 3%», trasladaba las cantidades recibidas de Ferrovial a Convergència por medio de préstamos ficticios que el partido no devolvía con sus fondos, «haciendo suya la cantidad supuestamente prestada sin contraprestación alguna», y a través de pagos mensuales por servicios inexistentes como «asesoramiento, estudios, organización de archivos, servicios informáticos o personal» que año tras año se incrementaron «casi exponencialmente».

«Ostentosas» bodas

En 2000 y 2002, Félix Millet decidió, «con el conocimiento y aquiescencia» de Montull, «que la mayor parte del coste de celebrar las bodas de sus hijas Clara y Laila» se abonase por la Fundación del Palau. Las facturas de esos «ostentosos» enlaces ascendieron en total a 164.269 euros. Además, se celebraron en el propio Palau «sin satisfacer alquiler alguno por ello». Millet asumió en el juicio que se equivocó, pero se excusó diciendo que pretendía «publicitar» la sede de la institución «como lugar para celebrar eventos».

De las Maldivas a Polinesia

Millet, Montull y sus respectivas familias disfrutaron entre 2003 y 2009 de once viajes con cargo al Palau por un total de 648.021 euros. México, Nápoles y Cerdeña, las Maldivas (dos veces), Polinesia, Phuket (Tailandia), Cairo, Kenia, Dubai (con crucero incluido). Antes, en 2003 y 2004, la sentencia recoge otros viajes a Tanzania, Santo Domingo, de nuevo Dubai y San Petersburgo en la que «no han podido ser identificados los concretos participantes».

Para ocultar esos viajes particulares, en la contabilidad de la Fundació, de la que era responsable Gemma Montull, utilizaron «conceptos irreales» como «aportación mantenimiento coros», «aportación Orfeó», «contraprestación» o «ayuda coros».

Confuso entramado

Aunque en un principio se optó por las retiradas en efectivo y los convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas, a partir de 2004 con la entrada en el Palau de Gemma Montull «se comenzó a implantar un sistema más sofisticado» para la retirada de fondos: facturas falsas por la prestación de servicios inexistentes. Este entramado requirió de «un confuso entramado de cuentas bancarias» que fue «hábilmente utilizado» por la hija de Montull para conseguir «de la forma más eficaz posible que el propósito de enriquecimiento» de su padre y Millet «llegara a buen puerto».

Autocompra de locales

Otro de los medios utilizados por Millet y Montull para su enriquecimiento fue la compra de locales, a través de sociedades controladas por ellos, para después venderlos a la Associació Orfeó Català, «aprovechando la ausencia de controles sobre la misma, por un precio superior al de mercado, incrementando así su patrimonio».

La factura falsa de Osàcar

Como parte del destino de los fondos retirados en metálico había ido a parar a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública a Ferrovial, Millet solicitó a la formación «que les ayudaran a justificar dichas salidas». Días más tarde, según la sentencia, el tesorero de Convergència, Daniel Osàcar, entregó a Muntull «una factura de la mercantil CBM 10 para que pudieran utilizarla para confeccionar facturas falsas y un recibo de la mercantil Horencat con el mismo propósito. Con esta documentación en su poder, Gemma Montull, entonces directora financiera del Palau, «confeccionó las facturas falsas» que aportaría después a la Agencia Tributaria «utilizando el modelo y los datos contenidos en la factura de CBM 10» y de igual modo el recibo de Horencat facilitado por Osàcar.

La cuadratura del círculo

Para el tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, la «cuadratura del círculo apropiatorio-delictivo» se consuma con las obras de reforma efectuadas por Millet y Montull en sus domicilios con cargo al Palau de la Música. ¿Por qué decidieron cargarlas a la Fundació o el Consorci de la institución? Según la Audiencia de Barcelona, lo hicieron «para poder así recuperar el IVA de dichas facturas». De haberlas pagado con esos mismos fondos, pero a su nombre, «no habría posibilidad de compensarlo y, con ello, de recuperarlo». Así conseguían «apropiarse dos veces» de los mismos fondos, subrayan los magistrados.

La dirección, en el limbo

Mientras «desaparecieron del Palau decenas de millones de euros ante sus ojos», los responsables del Palau parecían vivir ajenos al expolio. Al tribunal le sorprendió la declaración como testigo de la actual presidenta de la Fundació, Mariona Carulla, quien aseguró que la entidad «funcionaba perfectamente y era un éxito». Para los magistrados, «pareciese como si todo fuera posible en el Palau de la Música».

«Los vikingos»

A finales de 2007, con Hacienda ya escudriñando en las cuentas del Palau, Gemma Montull elaboró un listado «con todas las disposiciones de fondos en efectivo de imposible justificación legal». En total, 2,5 millones de euros. Una relación que incluyó en un archivo «al que muy gráficamente», según el tribunal, denominó «Los Vikingos», guardado en un pendrive incautado por los Mossos.

Estrecha relación con CDC

Aunque Osàcar declaró que su relación con Montull se limitó a la firma de convenios y a «dos o tres» llamadas para interesarse por su mujer enferma, la sentencia deja claro que «las llamadas a Jordi Montull fueron múltiples y también fueron muchas las reuniones que mantuvieron». Una relación «permanente» que «se incrementó curiosamente coincidiendo con los requerimientos de Hacienda».

«Tapadera» de entregas

Los convenios de la Associació Orfeó Catalá y la fundación convergente era una «tapadera de entregas de dinero». En los ocho años de vigencia no se celebró «ni un solo acto relacionado con la música» que justificara esos acuerdos

Fin de fiesta

En el primer semestre de 2008, tras la investigación abierta por la Agencia Tributaria, que requirió al Palau que justificara las más altas retiradas de efectivo, Millet, Montull y su hija «acordaron que parte del dinero dispuesto lo iban a transformar contablemente en percepción salarial». Unos bonos por incentivos ficticios que con el tiempo serían sustituidos, para eludir la elevada carga fiscal, por la emisión de «facturas mendaces» a sociedades vinculadas a los dos cabecillas de la trama.

La «X» de la trama

Tras décadas de ejercicio del poder en Cataluña, subraya el tribunal, CDC disponía «de una extensa y sólida estructura de personas vinculadas al partido» dispuestas a ejercer su influencia que, ante la posibilidad de ser condenados, «ocultan y encubren» los hechos investigados. Dificultando así, «por la dimensión de la estructura», la posibilidad de determinar «sobre quién y en qué manera se produce dicha influencia». Para la Sala, la formación es «perfectamente capaz de urdir un plan» para ocultar esos hechos para escapar del control penal.