Otra batería de denuncias contra el sindicato apunta ya a la Junta

A UGT se le acumulan las denuncias. Al mismo tiempo que la Audiencia Nacional decidía remitir a la juez Mercedes Alaya la investigación sobre la supuesta financiación irregular del sindicato a través de los cursos de formación, Manos Limpias presentaba en los Juzgados de Sevilla una nueva batería de denuncias contra la central sindical –que se suman a las ya efectuadas ante este mismo tribunal desde el pasado agosto– referidas a presuntas irregularidades en el cobro de comisiones por gestionar los ERE, inflar facturas y utilizar «empresas tapadera» para, supuestamente, desviar dinero de los expedientes de regulación de empleo. En esta nueva denuncia, el colectivo de funcionarios pide que se investigue también la destrucción de 1.756 documentos o archivos informáticos por parte de UGT, que califica de «ilícito penal de destrucción de pruebas». Pero, además, Manos Limpias reclama al juez decano de Sevilla que tenga por denunciados «a los responsables de la Junta de Andalucía encargados de la fiscalización de las subvenciones» por una responsabilidad «in vigilando» y en calidad de «cooperadores necesarios, cómplices o encubridores a la hora de dar el visto bueno a las facturas falsas». El colectivo recuerda que «a pesar de todo el escándalo de corrupción, la Junta de Andalucía en los presupuestos para el año 2014 mantiene la misma cantidad de subvención» para UGT de Andalucía.

Por otra parte, Manos Limpias ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid por escrito una copia de todos los expedientes de concesión de subvenciones a los sindicatos del Consistorio (UGT, CC OO y CSIF) de los últimos cinco años ante «la duda más que razonable» de que se hayan podido utilizar para justificar subvenciones «facturas falsas o infladas». Del mismo modo, el colectivo ha pedido a la Comunidad de Madrid un estudio «exhaustivo» y la comprobación de las facturas de las subvenciones de las que se han beneficiado desde 2008 los referidos sindicatos. En ambos casos, Manos Limpias quiere saber si el interventor puso algún reparo al destino de esos fondos y si alertó de posibles irregularidades en su gestión.