Política

Peñón parasitario

Una bandera española ondea junto a Gibraltar / Reuters
Una bandera española ondea junto a Gibraltar / Reuters

Gibraltar plantea muchos problemas. El mayor de ellos no es el de la transparencia fiscal que es lo que pretende resolver el Tratado recientemente firmado. Mayor o menor, en el ámbito de lo fiscal, el problema los constituye la propia fiscalidad gibraltareña. Se trata de una fiscalidad benévola frente a la voraz, en términos relativos, imperante en su entorno: el Campo de Gibraltar. Lo que impide a éste competir con la Colonia y, a la larga, termina convirtiéndolo en una colonia de la Colonia.

Los gibraltareños votaron masivamente contra el Brexit. Aspiraban a continuar perteneciendo a la UE. Pero no por razones románticas. Lo que buscaban era continuar gozando de los privilegios fiscales que el Reino Unido había conseguido para ellos cuando constituía un territorio aislado de aquella.

Se trataba de ofrecerles una compensación. Al convertirse España en país miembro, las fronteras europeas se extendieron hasta el propio Peñón. En aquellos momentos, nuestro país intentaba desesperadamente convertirse en país miembro. No quedó otro remedio que aceptar los privilegios gibraltareños. Pero las tornas se han vuelto. Es Gibraltar el que desea ahora continuar las relaciones con la UE. España tiene la llave para dicha continuidad. Bastaría con que Gibraltar, es decir el Reino Unido, aceptara regirse por una fiscalidad compatible con la de, ahora, su vecina Unión. Una fiscalidad homologable a la del Campo.

Habida cuenta de que en Gibraltar no hay agricultura ni industria que merezca la pena mencionar, sin dichos privilegios los llanitos se verían obligados a emigrar. Esto es algo que los británicos no pueden consentir. Los escorpiones de la Roca, como los llaman aquellos, son realidad el escudo humano que protege su base aeronaval. Sin ellos, sería muy difícil defender ante la opinión pública de la OTAN que un país aliado de España mantenga, por la fuerza, una base militar en su suelo. No hay que olvidar que dicha base no está instalada en el territorio cedido en Utrecht. Se ha construido en terrenos ganados a unas aguas españolas y en un istmo ocupado militarmente.

Ya se encarga Londres, con harta frecuencia, de exponer sus razones mediante una política de cañonera del siglo XXI:día sí día no, despliegan portaviones de última generación, fragatas y destructores erizados de misiles o imbatibles submarinos nucleares.

A cambio de las cuentas de cristal de un convenio de transparencia fiscal retornan con las sentinas llenas de valiosas mercancías. Para empezar consiguen que España no toque el tema de lo escasamente razonable que resulta que, separados por una alambrada de tres al cuarto y en un mismo espacio, convivan dos regímenes fiscales: un privilegiado y otro no. Al mismo tiempo que, por poner un ejemplo, consiguen que sociedades offshore con sede en territorio español, es decir, en terrenos ganados a nuestras aguas – el treinta por ciento de la población y de casi todas esas sociedades radican ahí – España las reconozca como gibraltareñas.

Finalmente obtienen que introduzcamos en el Tratado la famosa cláusula de evasión. Esto solo ocurría cuando no se disponía de bazas para negociar de otra manera. Mediante la misma, se elude reconocer de iure lo que se reconoce de facto: la soberanía británica. Es algo así como insertar en el Tratado, traducida del lenguaje de la calle, la expresión: «la perra gorda para ti pero yo me la quedo». Por ese camino la presencia británica en Gibraltar paso a paso se va consolidando y los argumentos españoles, debilitando.