Peritos de Hacienda cifran en 917.648 euros la malversación del "procés"

Tres peritos de Hacienda y una de la Intervención General del Estado han echado por tierra las tesis de las defensas de los acusados en el juicio del "procés"sobre la inexistencia del delito de malversación.

Tres peritos de Hacienda y una de la Intervención General del Estado han echado por tierra las tesis de las defensas de los acusados en el juicio del "procés"sobre la inexistencia del delito de malversación. Las cuatro funcionarias -que han comparecido a propuesta de la Fiscalía y la Abogacía del Estado- han ratificado que "el gasto se considera realizado en el momento de la prestación del servicio", produciéndose desde entonces el perjuicio al erario público "independientemente de que esté o no pagado", y han cuantificado en 917.648 euros "la suma de todos los importes"de la supuesta malversación. Las cuatro expertas han recalcado que esos desembolsos se contabilizan al margen de que, como sucedió en algunos casos, se renunciara al cobro por parte de los proveedores, se anularan los pagos por los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) prohibiendo los actos preparatorios del referédum o se devolvieran las facturas.

Las tres peritos de Hacienda han rebatido las principales tesis de los acusados para negar el delito de malversación. Por ejemplo, que Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña que contrató a los "observadores"internacionales (por un coste que han cifrado en 176.000 euros) sea una institución privada al margen de la Generalitat. "Desde cualquier punto de vista que se mire, Diplocat forma parte de la Hacienda Pública catalana", ha asegurado la perito de Hacienda Sara Izquierdo, que formó parte del equipo de expertos constituido en enero de 2018 para supervisar los gastos de la Generalitat tras la intervención de sus cuentas. Un equipo que dirigía María del Carmen Tejera, quien ha recalcado que "nunca jamás"recibieron instrucciones de sus superiores para este cometido.

Estas tres funcionarias comparecieron para ilustrar al tribunal sobre la "organización, preparación, logística, financiación y ejecución"del 1-O, mientras que la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega, lo ha hecho en relación a un informe de 29 de octubre de 2018 elaborado a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga el referéndum soberanista.

Respecto a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que emitió por encargo de la Generalitat el anuncio de las vías del tren que llamaba a participar en la consulta independentista, las peritos han dicho que se trata de una entidad del sector público catalán financiada en su mayor parte por la Generalitat, que en 2017, por ejemplo, le inyectó 231 millones de euros. "Los servicios públicos no son gratuitos: los financia la Administración o los financian los ciudadanos", ha subrayado Tejera.

Su compañera Teresa Hernández Guerra se ha referido a la campaña de registro catalanes en el exterior puesta en marcha por la Generalitat y ha constatado que el servicio "se realizó"y generó varias facturas entre marzo y mayo de 2017 por el diseño del anuncio y su inserción en prensa escrita, redes sociales e internet, aunque "no se llegó a pagar" pues las facturas se emitieron contra el Departamento de Presidencia, pero la Generalitat acordó la suspensión del pago. "No es el procedimiento habitual", ha reconocido. En total, 220.253 euros, ha ratificado la perito de Intervención General del Estado.

Malparado ha resultado de esta pericial el ex conseller, y ahora diputado del Congreso, Jordi Turull, pues las peritos han ratificado que desde el departamento de Presidencia que dirigía se pidieron 3,4 millones a la Consellería de Economía en agosto de 2017 por razones de urgencia (ante "necesidades ineludibles e inaplazables") para la "campaña civisme", que según el acusado pretendía promover valores cívicos, la paz y la solidaridad y para la Fiscalía promover el 1-O. El contrato se adjudicó a una empresa que renunció "una vez consultados sus servicios legales por los riesgos en los que podrían incurrir", y su sustituta hizo lo mismo horas después. De ahí que no se llevara a efecto, aunque Hacienda considera ese compromiso de gasto suficiente para incurrir en la malversación.

Si por causas ajenas al proveedor, ha explicado Izquierdo, se interrumpe la prestación del servicio y este hecho no es imputable al contratista, la Administración "está obligada a indemnizarle"con un porcentaje del 3 al 6% de los servicios no prestados.

Cuando ha llegado el turno del interrogatorio de las defensas, las peritos se han visto obligadas a aclarar que ellas no realizan una investigación. "No somos Policía judicial, sino técnicos de Hacienda. Nuestra fuente de conocimiento es la documentación que nos remite la interventora general (de la Generalitat)". El presidente del tribunal, Manuel Marchena, se ha visto obligado a intervenir. "No examinemos a la perito, por favor", ha reconvenido a los letrados.