Privilegios de expresidentes y exministros: salarios vitalicios y hasta el 80% de su antigua nómina

En España, dejar el cargo de presidente de un Ejecutivo no significa, en muchos casos, renunciar a un sueldo público. En varias Comunidades Autónomas, los expresidentes siguen percibiendo una remuneración pública una vez finalizado su mandato que, en algunos casos, se extiende durante años, lo que ha reavivado el debate sobre los privilegios de la clase política en España.

Este tipo de prestaciones no se limitan al ámbito autonómico, sino que a nivel estatal, los expresidentes del Gobierno también reciben una asignación económica, además de otros beneficios como el uso de oficinas, personal y vehículos oficiales; a lo que se suman también las indemnizaciones que perciben los exministros al cesar en sus funciones.

Las críticas a este sistema han crecido en los últimos meses, sobre todo a raíz de que se haya especulado con que uno de los motivos por los que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no dimitiría sería por poder cobrar 75.000 euros anuales durante 15 años al pasar a formar parte del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), tal y como recoge el Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat Valenciana. Un motivo por el que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado que presentará una reforma de la ley para quitar estos privilegios a los exmandatarios valencianos.

Los beneficios de los expresidentes en cada Comunidad Autónoma: los sueldos que perciben

La decisión de si un presidente autonómico sigue percibiendo una cuantía económica tras dejar el cargo no es uniforme en toda España, sino que cada Comunidad Autónoma establece sus propias normas al respecto, lo que ha dado lugar a diferencias significativas entre territorios.

Así, mientras que algunas regiones han eliminado este tipo de retribuciones, otras tantas mantienen pagos que pueden extenderse durante años, alimentando así el debate sobre los privilegios de la clase política sobre otros oficios laborales.

Comunitat Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha: puestos en su Consejo Consultivo

Existen Comunidades Autónomas que, aunque no ofrecen de manera directa una retribución económica a sus expresidentes autonómicos, sí lo hacen de forma indirecta a través de su colocación en sus respectivos Consejos Consultivos, puestos que son remunerados.

En este caso se encuentras las autonomías de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana donde, además del puesto en el Consejo Consultivo, brindan a sus exrepresentantes el derecho a tener una oficina, un conductor con coche oficial y servicio de seguridad. Además, Castilla y León ofrece a sus expresidentes permanecer en el Consejo Consultivohasta los 70 años, pudiendo prorrogarlo hasta los 75 años.

Galicia, Navarra, Cataluña y Extremadura: sueldos directos por un tiempo limitado

La ley gallega que regula esta disposición recoge en su artículo 11 que los expresidentes autonómicos pueden percibir un sueldo por esta condición durante los dos años posteriores a su cese, mientras que en una modificación de 2007, la Xunta regula que dicha retribución será del 60% de lo que percibía como presidente autonómico. Además, en esta autonomía el expresidente tiene derecho a chófer y vehículo oficial y un puesto en el Consejo Consultivo durante, al menos, cuatro años, que se podrá prorrogar a diez, en base al tiempo que ocupó el cargo.

En este sentido, Navarra, Cataluña y Extremadura son un caso similar al gallego, aunque con alguna diferencia. En estas tres autonomías el sueldo de los expresidentes asciende al 80% de lo que percibían como jefes del Ejecutivo autonómico. No obstante, Navarra establece que esta percepción será, al igual que Galicia, durante los dos años posteriores al cese, mientras que Cataluña y Extremadura se extiende durante la mitad del tiempo que el expresidente estuvo en el cargo y, como mínimo, por una Legislatura.

Además, Cataluña regula que una vez los expresidentes alcancen los 65 años, estos podrán cobrar una pensión vitalicia que ascenderá al 60% del salario como presidente autonómico. A ello, cabe destacar que ninguna de estas tres autonomías (a excepción de Galicia) ofrece a sus expresidentes un puesto en el Consejo Consultivo, aunque sí permiten que tengan seguridad, coche oficial y gastos de oficina.

El resto de autonomías no ofrece un sueldo a sus expresidentes

El resto de Comunidades Autónomas, como son el Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Canarias y Baleares, no ofrecen ni sueldo ni un puesto en su Consejo Consultivo a los expresidentes de sus respectivas autonomías.

No obstante, algunas de ellas, como es el caso de Canarias, reconocen el derecho a recibir, de manera honorífica y vitalicia, el trato de presidente de la Comunidad. Aún así, cabe destacar que Andalucía establece que sus expresidentes pueden cobrar, a partir de los 65 años, hasta el 60% del sueldo que percibía como presidente siempre y cuando el solicitante no tenga otro trabajo. Además, los expresidentes andaluces tendrán derecho a una oficina y servicio de seguridad personal.

El caso de los expresidentes del Gobierno y exministros

Los expresidentes del Gobierno podrán percibir, tal y como se estipula en el artículo 10, número 5, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981, a partir del mes siguiente a su cese, un 80% del sueldo que percibía como presidente del Ejecutivo. No obstante, la normativa, regulada por el Estatuto de los expresidentes del Gobierno, que la pensión indemnizatoria podrá percibirse durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades.

Además, los expresidentes del Ejecutivo podrán gozar de coche oficial, seguridad privada, gastos de oficina y dos trabajadores a su servicio, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos a su propuesta mediante libre designación como personal de confianza.

En el caso de los exministros, estos también podrán cobrar el 80% de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años, tal y como recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981.