La declaración del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, precipitará –según las fuentes consultadas– el procesamiento por revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuenta de la difusión de datos reservados del empresario sobre una investigación contra él por fraude tributario. Esas mismas fuentes van más allá y apuntan a una decisión inminente, que se produciría la próxima semana.

El instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, tiene sobre la mesa una petición en este sentido de una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que aún no ha resuelto a la espera de practicar las últimas diligencias pendientes.

El pasado viernes, comparecieron en el alto tribunal los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardian Civil responsables del informe en el que atribuían a García Ortiz una participación «preeminente» en la filtración, la noche del 13 de marzo del pasado año, del correo del 2 de febrero de ese mismo año en el que González Amador admitía (a través de su entonces abogado) el fraude tributario y se mostraba dispuesto a sellar un acuerdo con la Fiscalía.

Ratificadas esas conclusiones, solo resta una diligencia pendiente: la declaración como querellante este viernes del propio González Amador, una reiterada reclamación de la Abogacía del Estado –en defensa de García Ortiz y de la otra imputada, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez– a la que se opuso el juez, que finalmente se vio obligada a acordarla a instancias de la Sala Penal del Supremo.

Decisión pendiente sobre diligencias

Una vez escuchado el testimonio de González Amador, el juez Hurtado tiene el camino despejado para decidir sobre el procesamiento del fiscal general del Estado (técnicamente, se trata de la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, paso similar al del procesamiento en el sumario ordinario). De hecho, las fuentes consultadas señalan que a la petición de la acusación popular se sumará la de la propia defensa de González Amador una vez se lleve a cabo su comparecencia.

Con una salvedad: el instructor debe tomar una decisión sobre diversas diligencias solicitadas tanto por la defensa de García Ortiz como por APIF y González Amador, que ha pedido a Hurtado que rastree los metadatos de la nota en la que la Fiscalía detalló las negociaciones con el abogado del novio de Ayuso (aunque el juez descartó indicios de revelación de secretos, porque esa información ya había sido divulgada con anterioridad).

La representación de González Amador quiere que se investigue cuándo se creó esa nota –que García Ortiz envió por WhatsApp a Pilar Rodríguez a las 00:12 del 14 de marzo– y si el archivo fue modificado y por quién.

Resignación en la Fiscalía General del Estado

APIF, por su parte, pretende que Hurtado compruebe si en la agenda del móvil de García Ortiz figura el teléfono de la número dos del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera (que envió al entonces líder de los socialistas madrileños Juan Lobato ese correo clave del 2 de febrero para que lo utilizara en la Asamblea contra Ayuso). Aunque el instructor descartó su participación en la filtración, no dio credibilidad a su testimonio.

En todo caso, el juez podría pronunciarse sobre esa petición de diligencias en el propio auto de pase a procedimiento abreviado, reconduciéndolas a la práctica de la prueba en el juicio.

En el seno de la Fiscalía General del Estado, según ha podido atestiguar LA RAZÓN, se asume que Hurtado puede acordar el procesamiento una vez practicada la declaración del novio de Ayuso.

No obstante, si el procesamiento se produjese la próxima semana la decisión judicial resultará especialmente embarazosa para el fiscal general, pues Madrid acoge desde el lunes la XXXII asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que reunirá a fiscales de todo Iberoamérica, y de la Fiscalía Europea, precisamente con García Ortiz como anfitrión.