Agentes de la UCO ratifican el análisis de los mensajes que atribuyen a García Ortiz un papel "preeminente" en la filtración

Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firmaron el informe de análisis de todo el material informático intervenido el 30 de octubre del pasado año en el registro del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez -investigada por revelación de secretos junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- han ratificado en el Tribunal Supremo (TS) su actuación, según fuentes jurídicas.

Según las fuentes consultadas, la Abogacía del Estado "ha querido introducir cuestiones de naturaleza valorativa, más que preguntas de tipo pericial". Pero los peritos han insistido en su dinámica de trabajo a la hora de elaborar ese informe fue idéntica a la habitual en estos casos e incluso han explicado que dejaron fuera determinados wasaps "para salvaguardar la intimidad de los participantes en la conversación" (se han referido específicamente a determinadas cuestiones de carácter médico).

En cuanto a las noticias periodísticas sobre la filtración, han matizado, solo incluyeron aquellas, como la de la cadena Ser a las 23:51 del 13 de marzo, "que ya sí permitían vislumbrar" esa filtración y no aquellas en las que se revelaba "la todavía falta de constancia del correo litigioso". Esas fuentes subrayan la irrelevancia de la comparecencia, durante la cual la mayoría de acusaciones ni siquiera ha hecho preguntas. "Nos lo podíamos haber evitado, porque no ha aportado absolutamente nada", aseguran.

El instructor acordó la citación de los agentes de la UCO a instancias de la Abogacía del Estado, que como en el caso del fiscal general actúa en defensa de la investigada, disconforme con las conclusiones alcanzadas por la unidad policial tras el examen de esos wasaps, atribuyendo a García Ortiz una "participación preeminente" en esa filtración.

Se trata de una de las últimas diligencias pendientes de practicar junto a la declaración como testigo el próximo viernes de González Amador, a quien Hurtado ha llamado a declarar obligado por la Sala de Apelación del Supremo, que dio así la razón a García Ortiz. Los magistrados consideraron que necesaria su comparecencia porque así "será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación" sobre la difusión de sus datos reservados.

Los mensajes de su móvil, claves

Los mensajes intervenidos a Pilar Rodríguez han resultado claves para la investigación, teniendo en cuenta que no se han podido recuperar los del móvil de García Ortiz, que borró sus mensajes y cambió de móvil una semana después de que el Tribunal Supremo abriera la causa penal contra él por estos hechos. Pero el análisis del teléfono de la investigada permitió a la UCO reconstruir la secuencia de acontecimientos, sobre todo la noche del 13 de marzo del pasado año, cuando se produjo la filtración de un correo del 2 de febrero de 2024 en el que la defensa de González Amador trasladaba al fiscal del caso, Julián Salto, que el empresario reconocía el fraude tributario que se le imputaba y estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de conformidad (por el que el Ministerio Público rebajase su petición de pena a cambio de esa confesión y de la devolución del dinero defraudado).

A raíz del examen de ese cruce de mensajes entre García Ortiz y Pilar Rodríguez, la Guardia Civil atribuyó al fiscal general una "participación preeminente" en la filtración de datos privados y reservados de la pareja de Ayuso. En primer lugar, apuntó que la filtración de la denuncia contra el empresario -que se divulgó el 12 de marzo dos horas antes de que el fiscal del caso se la comunicara a la defensa de González Amador- partió de la Fiscalía General del Estado, "tan solo cuatro días después de haberla recibido de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid". Para los agentes no hay dudas de que "la prensa disponía del contenido de la denuncia contra Alberto González Amador antes que el propio interesado".

En cuanto a la filtración de ese correo del 2 de febrero del pasado año -clave en la imputación del delito de revelación de secretos-, la UCO apuntó tras analizar el móvil de Pilar Rodríguez que desde que lo recibió el fiscal general a las 21:59 del 13 de marzo (después de sacar al fiscal del caso de un partido de Champions del Atlético de Madrid en el Metropolitano) y hasta que se publicó por la SER a las 23:51 solo "un muy reducido número de personas" tuvieron acceso a todos los correos entre la Fiscalía y el abogado del novio de Ayuso, "entre ellos el que finalmente lo filtra".

La decisión sobre el procesamiento, más cerca

La Guardia Civil puso el foco en la Fiscalía -el fiscal general siempre ha negado esa filtración y ha defendido que su único objetivo fue responder al "bulo" de que el ofrecimiento de pacto al novio de Ayuso partió del Ministerio Público- y puso de relieve que los mensajes que dejaron al descubierto el examen del móvil de Pilar Rodríguez apuntan que fue García Ortiz quien "comienza a impartir órdenes para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía".

Una vez tome declaración al novio de Ayuso el próximo viernes, el juez Hurtado tendrá que decidir procesa a García Ortiz y a la fiscal jefe de Madrid, como le ha pedido ya una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante la "abrumadora prueba" contra ambos.

La acusación también ha solicitado al juez unas últimas diligencias antes de dar ese paso. Por un lado, comprobar si en la agenda del móvil del fiscal general figura el teléfono de la número dos del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, cuya participación en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso descartó el instructor, pese a que no dio credibilidad a su testimonio en su comparecencia como testigo. La exasesora de Moncloa fue quien remitió al entonces líder de los socialistas madrileños Juan Lobato ese correo del 2 de febrero para que lo utilizara en la Asamblea de Madrid contra Ayuso.

Por otro lado, APIF quiere que se compruebe si García Ortiz tenía en su agenda los teléfonos de varios periodistas que en sus declaraciones como testigos "afirmaron conocer la información previamente, sin aportar más detalle amparados por el secreto profesional" y, también, que se reclame a la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, los tres expedientes de dación de cuenta sobre González Amador ante sus sospechas de una posibles actuaciones "paralegales o alegales".