Negociación
El PSOE cree que Junts está midiendo los efectos colaterales de su "no" a la amnistía
En el partido reconocen el poco margen de Puigdemont para virar de posición al no ceder a sus exigencias y le retan a "moverse" ante la mayoría que apoya la ley
El Gobierno se mueve entre la incertidumbre y la paciencia en relación con sus socios. Asume que esta actitud deberá de entrenarla durante toda la legislatura ante su fragilidad parlamentaria, pero, no tiene, de momento visos de provocar cambios sustanciales en la primera de las leyes que tensiona el inicio de la legislatura. La ley de amnistía.
El Ejecutivo y partido de Gobierno se enfrenta a las últimas dos semanas en las que se la jugará todo si quiere sacar adelante la ley que le permitirá seguir manteniendo el oxígeno suficiente para continuar adelante la legislatura. Convencer a Junts de que dé el “sí” de sus siete diputados en la votación en el Congreso es la máxima prioridad. Sin embargo, en el Gobierno tienen el convencimiento de que ahora todo está en manos de Junts y, sin hacer dramas, interpelan a que sea Junts quien tome la decisión final, de tumbar o propiciar la amnistía a los miles de implicados en el referéndum de independencia y que con la ley de amnistía podrían ser perdonados.
El Gobierno reconoce, por primera vez, que la ley puede decaer al ver cuál puede ser la pulsión que el partido de Carles Puigdemont vive ahora. Después de votar “no” a la ley de amnistía hace una semana en el Congreso de los Diputados y sin ceder los socialistas –que continúan firmes de momento- en las exigencias de Junts para amnistiar el terrorismo y los delitos de alta traición que podrían imputarse al expresident en los casos “Tsunami Democràtic” y “Voloh” que se están investigando. Con estos mimbres, los socialistas solo se abren a cambios técnicos en una norma que reconocen “valiente”, “reparadora” y conforme al derecho europeo. Algo que para Junts sigue siendo insuficiente al estar empeñados en buscar una ley de amnistía “integral”. Es por eso el temor que se vive ante la posibilidad de que la ley no sea aprobada.
El PSOE tiene determinación para aprobar la ley una vez se decidieron a dar el paso después de las elecciones generales, “por necesidad” en palabras del presidente del Gobierno. Y volverán así a una nueva votación que se espera después de las elecciones gallegas. Sin embargo, la realidad es que ven a su sucio con poco margen para cambiar del “no” al “sí” por el coste electoral que ha podido tener el primer “no” de los de Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Sin más cambios que garanticen la amnistía total para el propio expresident fugado, Junts no dará su consentimiento. Ante esta realidad, en el PSOE inciden que es este partido quien “se ha movido” y recuerdan que el resto de partidos, como ERC, Bildu, PNV, BNG, Sumar siguen apostando por aprobar la ley de amnistía. “Son ellos los que se han movido”, recalcan mirando a Junts, quien en el PSOE cree que tendrán que explicarse si bloquean la ley. Todo a las puertas de unas próximas elecciones en Cataluña y en medio de la competición entre los partidos independentistas.
Con el objetivo de tender la mano a Junts, el propio presidente del Gobierno se ha movido en estos días, verbalizando en público que los actos cometidos el 1-0 no son terrorismo. Una señal inequívoca de marcar el camino a los jueces que después deben decidir con la ley de amnistía en la mano si aplicar o no la misma a sus responsables. Todo en medio de una batalla entre los fiscales. Tras el pronunciamiento de los fisclaes del Tribunal Supremo que apuntaron a que Puigdemont pudo cometer delitos de terrorismo, después de que el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, no viera dicho delito, ahora, todo está en manos de la teniente fiscal y número dos del Fiscal General del Estado. El Ejecutivo confía en ese informe para acallar las críticas de los fiscales del Supremo y, también, para calmar a Puigdemont. En el Gobierno recorre la sensación de que la legislatura durará hasta que "los tribunales quieran", en referencia a la dificultad de gobernar con unos socios señalados por la Justicia, según reconocen fuentes gubernamentales.
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