El PSOE se fija como prioridad presidir el Congreso

Pedro Sánchez ha instalado el modo pausa en los ritmos internos del PSOE tras conseguir un resultado solvente el 23J. Una derrota que sabe a victoria por haber conseguido su principal objetivo, cortocircuitar una mayoría absoluta de derechas, pero cuyo horizonte de gobernabilidad no está exento de obstáculos. A las dificultades para ahormar una mayoría de investidura, con unos números que aún están por definir –todavía queda por escrutar el voto de los españoles en el exterior– se suma el cuestionamiento sobre la viabilidad posterior de un Ejecutivo en minoría en el Congreso y que contará con un Senado controlado por el PP, lo que ralentizará la agenda legislativa.

Sin embargo, esta pantalla todavía se antoja lejana. En el plano más inmediato los socialistas se centran en mantener la Presidencia del Congreso. La Constitución de las Cortes será el primer «hito», una vez que se revalide el curso político tras las vacaciones, y en el Gobierno saben que es imprescindible controlar la Mesa de la Cámara baja para imponer los tiempos y modular el ritmo parlamentario en función de sus intereses. Que exista una sincronización entre Moncloa y la Mesa del Congreso no solo es clave para ordenar el debate, sino para cegar ciertas iniciativas o dominar el calendario, sin ir más lejos, el de la propia investidura.

En el Ejecutivo ya avanzan que aspiran a que Meritxell Batet, la cabeza de lista por Barcelona, repita al frente de la tercera autoridad del Estado. La elección de la Mesa, en la que los partidos de la coalición y sus socios deben asegurarse la mayoría, tendrá lugar en la sesión constitutiva de las Cortes el próximo 17 de agosto. Se da la circunstancia de que el PSOE no fue la fuerza más votada y que, por tanto, la suma del PP y Vox (169) se impone con solvencia a la del PSOE y Sumar (153), por lo que necesitarán de sus aliados parlamentarios para imponerse en la votación. La Presidencia la logrará la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta en una primera votación o de la mayoría simple en una segunda y es secreta, se realiza con papeleta y urna. El resultado de la misma permitirá vislumbrar cómo se articula la aritmética de cara a una futura investidura y si los números son suficientes para que Sánchez dé el paso.

La seguridad con la que en el Gobierno confía en reeditar la coalición tras las elecciones del 23 de julio, sorteando la repetición electoral, choca con el escenario endiablado al que se enfrentan y con las pretensiones del partido político que tiene que dar su aval para ello. Mientras el líder socialista asegura que encontrará la «fórmula de la gobernabilidad», desde la formación de Carles Puigdemont ponen como precio para ello la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Unas exigencias que rechazan tajantemente desde La Moncloa. «Cualquier cuestión que abordemos tiene que estar recogida en la Constitución», señalan, en referencia a que ambas peticiones no tienen cabida en la legalidad vigente.

En el Ejecutivo evitan la confrontación directa con Junts y se encomiendan a la «discreción en las negociaciones», conscientes de que tienen que cultivar la relación con este partido de cara al futuro, pero no ocultan que «si algo ha quedado demostrado en estos años de Gobierno del presidente Sánchez es que, en Cataluña, como en el resto de España, solo cabe el marco constitucional». En estos términos se manifestó ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes del descanso estival. El Gabinete celebró su primera reunión en funciones, tras publicar el BOE el cese de Sánchez y todo su equipo, por lo que solo podrá aprobar en el futuro cuestiones ordinarias.

Desde Moncloa recuerdan a la formación de Puigdemont que el resultado de las elecciones generales, con el PSC como primera fuerza en Cataluña con 19 diputados, ha lanzado un mensaje claro y es de respaldo a la política desplegada por el Gobierno, en contraposición con la de los soberanistas. «A tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece que eso ha gustado en Cataluña», señaló. En todo caso, en el Ejecutivo no van a pisar el acelerador y trasladan ahora el foco al Congreso de los Diputados, delegando en los grupos parlamentarios cualquier contacto y negociación. La portavoz insistió en que se deben seguir los pasos e hitos que marca la democracia, después de la votación del 23J: la finalización del voto exterior, la recogida de credenciales por parte de los diputados en la Cámara baja y después la Constitución de las Cortes y la elección de la Mesa el día 17 de agosto. Por tanto, pidió ir dándole «tiempo» a cada uno de estos procesos.

Además, en Moncloa esperan que el recuento del voto CERA, el de los españoles residentes en el exterior, no altere la opinión que «claramente» han expresado los españoles en las urnas y que, en caso de que se lleguen a mover uno o dos escaños, esto no cambiaría el escenario, por lo que no podrán zafarse del yugo de Junts, pero tampoco se ponga en jaque la mayoría.