Acuerdos
El PSOE sigue sin hacer público el pacto firmado con Junts
Evita publicar el acuerdo migratorio y lo rebaja para frenar el desgaste de Sánchez
Lejos de la normalidad y transparencia con la que el PSOE dice querer sostener la legislatura y las relaciones con sus socios, el partido de Gobierno sigue instalado en el secretismo absoluto sobre las negociaciones con sus socios independentistas, de las cuales toma oxígeno el Ejecutivo para mantenerse en Moncloa.
Una semana después de que los socialistas salvaran sus decretos ley gracias al botín extraído por los independentistas de una negociación in extremis, los acuerdos siguen sin ser explicados con claridad y la polémica sobre las cesiones en materia migratoria continúa abierta, a la vez que la oposición reclama explicaciones para conocer el detalle sobre las limitaciones de las delegaciones en competencias.
El Gobierno sigue sin hacer público el documento firmado con Junts para la delegación de competencias y, ante la insistencia de la oposición y de los medios de comunicación, intenta matizar sus palabras cada vez que un ministro o portavoz es preguntado al respecto. El enfado llega también desde el propio PSOE, con el presidente de Castilla-La Mancha a la cabeza. El Gobierno busca ahora rebajar la importancia del «acuerdo político» –según explicitan fuentes gubernamentales– y enmarcan las delegaciones en materia migratoria a una futura proposición de ley que sea presentada, tramitada y debatida por todos los grupos en el Congreso de los Diputados.
Estas incógnitas también se mantuvieron ayer, cuando tuvo lugar en el Congreso de los Diputados una cita entre el secretario de Organización de Junts, Jordi Turull y su homólogo en el PSOE, Santos Cerdán. El lugar elegido no es baladí. Es inédito al no ser el dirigente socialista un diputado. Ni Jordi Turull, ni Santos Cerdán, apostaron por practicar la transparencia que repiten en una cita que tenía la máxima expectación después de las discrepancias entre PSOE y Junts sobre el alcance de la migración y la insistencia de los independentistas en reclamar el referéndum. Ambos acudieron a la reunión, en las dependencias del Congreso, por separado y para salir del encuentro repitieron la misma operación.
De hecho, el número tres del PSOE evitó atender a la prensa tras acabar la reunión. Antes de que comenzara insistió en normalizar las reuniones con sus socios. «Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, como muchas más que vamos a tener. El día que tengamos un acuerdo lo comunicáremos. Hoy no pretendemos acordar, ni comunicar nada», sentenció. Sin embargo, el PSOE evitó informar del acuerdo al que llegó con Junts la pasada semana para sacar adelante sus decretos y en Moncloa también han apostado por la ambigüedad. Turull, a la salida, tampoco aportó claridad y solo aseguró que habrá más reuniones y que había sido «productiva». Más allá, no trascendió absolutamente nada sobre los contenidos de la reunión a pesar de que en el PSOE y en Moncloa llamen a «normalizar» las reuniones con Junts. Fuentes socialistas reconocen la necesidad de estas reuniones ante su debilidad parlamentaria. «Necesitamos los votos y eso requiere hablar mucho y celebrar muchas reuniones e intercambiar papeles. Esta legislatura estará marcada por el diálogo», se reafirman.
En el Gobierno, de hecho, buscan suavizar ahora los términos del acuerdo llegado con Junts y tratan de limitar los acuerdos al marco de la Constitución –artículo 149–y del Estatut de Cataluña –artículo 138–, que permite la delegación de competencias migratorias. El Gobierno recurre así una vía de escape para frenar el desgaste que están empezando a producir las cesiones a sus socios y que se adosa sobre la figura de presidente del Gobierno y que, a la vez, abre un nuevo choque con sus principales socios, que han mostrado sus suspicacias por las cesiones a Junts.
De hecho, fuentes gubernamentales reiteran que cualquier acuerdo que llegue con Junts deberá acordarse en una ley orgánica que necesita 176 votos a favor en el Congreso de los Diputados y recuerdan que «todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y de aduanas está residenciado en el Estado».
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