El desafío independentista
Puigdemont: destierro sine die
Tras el anuncio de ser candidato a las europeas, el Supremo debate si emitir una tercera euroorden tras la sentencia del ”procés” o dejarle como un prófugo sin poder entrar a España hasta que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie
Tras el anuncio de ser candidato a las europeas, el Supremo debate si emitir una tercera euroorden tras la sentencia del ”procés” o dejarle como un prófugo sin poder entrar a España hasta que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie.
El ex presidente del Govern catalán Carles Puigdemont se comprometió ayer a regresar a Cataluña en el caso de que el próximo 26 de mayo sea elegido eurodiputado. Tras el anuncio de su candidatura a los comicios europeos como cabeza de cartel de Junts per Catalunya, Puigdemont avanzó ayer, en una entrevista radiofónica, parte de sus planes de cara a esta cita con las urnas: quiere volver a pisar territorio español si logra ser elegido diputado en la Cámara de Estrasburgo. Según su relato, la condición de europarlamentario le otorgará de forma automática la inmunidad en toda la Unión Europea y, por tanto, también en España.
La realidad de la legislación española choca, sin embargo, con este último intento de Puigdemont de internacionalizar las reivindicaciones del secesionismo en Europa y de, al mismo tiempo, sortear la causa que tiene pendiente con la Justicia española y que le llevó a huir a Bélgica. En contra de lo que señaló ayer el propio Puigdemont, la Ley de Régimen Electoral deja claro que los eurodiputados españoles deberán, para poder recoger el acta que les acredite como tal, haber acatado previamente la Constitución española ante la Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Congreso de los Diputados. Todos los caminos, por tanto, para que el ex president fugado se convierta en eurodiputado pasan ineludiblemente por Madrid. Y esta circunstancia provocaría que podría ser detenido ya que, en territorio español, sí permanece activa la orden de detención contra él que cursó el juez Pablo Llarena por su implicación en la celebración del referéndum del 1-O. La detención sería inminente ya que solo tras acatar la Constitución en el Congreso disfrutaría de la inmunidad de la que presumió ayer Puigdemont y que el Parlamento Europeo concede a sus diputados.
En este contexto, la situación del principal líder del «procés» no es previsible que varíe en exceso. De hecho fuentes del Supremo aseguran a LA RAZÓN que, en el caso de Puigdemont –que previsiblemente logre los votos suficientes para ser elegido eurodiputado al ser número de la lista–, se plantearían dos posibles caminos: solicitar la emisión de una nueva euroorden contra el ex president tras la sentencia a los líderes del «procés» actualmente juzgados en el Supremo o no emitirla y esperar al pronunciamiento posterior que realice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre su situación. Este último escenario, en el que se dilataría cualquier decisión a la resolución del TEDH, tal y como precisan estas mismas fuentes, tendría como objetivo evitar que Puigdemont tuviera una nueva oportunidad para tratar de instrumentalizar su causa contra el poder judicial y las instituciones españolas.
Ser diputado en dos cámaras
Con este calendario sobre la mesa, Puigdemont, siempre y cuando no se arriesgue a una detención inmediata por viajar a Madrid para recoger su acta como eurodiputado, se enfrenta a un destierro sine die por territorio europeo. Sea una u otra la vía que finalmente se active por parte del Supremo y del juez Llarena, lo que desde este tribunal subrayan es que, tal y como quedó claro en el auto de procesamiento, el proceso contra Puigdemont sigue adelante.
Dentro de la puesta en escena que Puigdemont comenzó a articular ayer con el anuncio de su regreso a España si es elegido diputado en Estrasburgo, también dejó entrever que no tiene ninguna intención de abandonar el escaño que mantiene en la distancia en el Parlament de Cataluña. Insistió, de hecho, en que no es incompatible ser diputado en ambas cámaras. Del mismo modo, sugirió que su equipo de abogados está estudiando la vía para no tener «necesariamente» que recoger el acta ante la Junta Electoral Central y argumenta este extremo en que se impone el reglamento del Parlamento Europeo sobre la legislación electoral española.
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