El TC catalán tumba la disposición de los presupuestos para el referéndum

El Consejo de Garantías Estatutarias recuerda al Govern que debe ceñirse a sus competencias.

El proceso soberanista diseñado por el Govern de Junts pel Sí y sus socios de la CUP sufrió ayer un contundente revés de naturaleza jurídica, y en esta ocasión no fue por parte del Tribunal Constitucional (TC) sino del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el máximo órgano jurídico-asesor del entramado institucional de Cataluña. El CGE, conocido como el TC catalán, concluyó ayer en un dictamen –elaborado a instancias de los grupos de la oposición– que la disposición de los presupuestos de la Generalitat destinada a costear un referéndum de autodeterminación es «contraria» a la Constitución y al Estatut.

«La disposición adicional 31 del proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2017 es contraria al artículo 149.1 de la Constitución, en relación con el orden de reparto competencial, y al artículo 92 de la Constitución, en cuanto a su despliegue orgánico, y no halla amparo en el artículo 122 de el Estatut ni en los artículos 211 y 212 del Estatut», afirma el Consejo de Garantías Estaturias en una conclusión adoptada por unanimidad.

Los letrados del Parlament ya advirtieron a finales del año pasado que la disposición adicional 31 podía entrar en colisión con los pronunciamientos del TC y advirtieron de ello a los miembros de la Mesa. Pero esta advertencia cayó en saco roto y el bloque soberanista siguió adelante .

Esta disposición de los presupuestos autoriza al Govern a habilitar las partidas necesarias para afrontar «el proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento que se convoque». El Consejo de Garantías Estatutarias es contundente al respecto: «La Generalitat no puede prever en su legislación presupuestaria una habilitación para un gasto de dinero público en relación con una competencia que no tiene atribuida». Y, para despejar toda duda, añade: «No pueden tener cabida cláusulas que incorporen un contenido que no está reconocido (...) Esta falta de competencia no puede ser salvada por un inciso tan incierto como ambiguo».

El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias no es de carácter vinculante, es decir, que no obliga a la Generalitat a corregir su proyecto de presupuestos. Sin embargo, tiene un gran peso político y no dejará indiferente al Govern, que ya ha comenzado a estudiar cómo maniobrar para matizar la redacción de la disposición adicional 31 sin renunciar al objetivo del referéndum.

Los soberanistas se agarran a que, si bien el CGE ha dictaminado que la mencionada disposición es contraria a la Constitución y al Estatut, las partidas sobre «procesos electorales y consultas populares» continuán intactas. Cabe recordar en este punto que el proyecto de presupuestos prevé un total de 5,8 millones para costear el referéndum.

Mientras el PDeCAT y ERC contemplan una corrección de la redacción de la disposición 31, la CUP pide no dar «ni un paso atrás». Los grupos de la oposición, por su parte, dieron por concluida la aventura del Govern.

«Si el único objetivo de este Govern era hacer un referéndum, el Govern se ha quedado sin objetivo, la legislatura ha acabado y lo que tendrían que hacer es convocar lo antes posible unas nuevas elecciones», pidió el líder del PSC, Miquel Iceta. El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, acusó al Govern de «bandolerismo» y le pidió que cambie de socios. Y Ciutadans concluyó que es el «game over» (juego terminado) de Puigdemont.