El Congreso de los Diputados retoma este martes la actividad ordinaria, por primera vez desde que Míriam Noguerasanunció que Junts iba a bloquear la mayoría de las iniciativas que parten desde el Gobierno. Sin embargo, la formación difundió una lista de cinco normas que no iba a torpedear. Una de ellas es la Ley de Movilidad Sostenible. Es posible que Pedro Sánchez se anote una victoria parlamentaria el día que se apruebe, pero ahora los focos no apuntan a si se aprueba o no, sino a cómo se aprueba. Y ahí el presidente se puede llevar un revés.

La Ley de Movilidad Sostenible regresará este jueves al Congreso tras su paso por el Senado, donde el PP ha aprovechado su mayoría absoluta para incluir un buen número de enmiendas al texto. En concreto, hay una que busca alargar la vida de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), cuyo cierre ya había programado el Ejecutivo de Sánchez. Aunque el texto de la ley se dé por aprobado, todavía está en el aire si será mantenimiento el cierre o no. Aunque el Gobierno se muestra dispuesto a renegociar el calendario de cierre, de momento sigue con su hoja de ruta y es el Congreso el que puede forzarle a mantenerlas abiertas.

Aunque Vox rechaza la norma, el jueves se votarán las enmiendas y el partido de Santiago Abascal está a favor de la energía nuclear, así que en ese frente no se esperan demasiadas sorpresas y el sentir general es que votarán a favor. Esto significa que todo quedará, de nuevo, en manos de Junts. Aunque la formación de Carles Puigdemont todavía no ha anunciado el sentido de su voto -les suele gustar mantener las incógnitas hasta el final- diversas fuentes parlamentarias coinciden en que lo más probable es que voten a favor de cancelar el cierre, lo que supondrá una derrota para Pedro Sánchez, ya que el Congreso estaría definiendo su política nuclear, no él.

De confirmarse, demostraría no sólo que el presidente del Gobierno ha perdido la mayoría que tiene en el Congreso, sino que el Parlamento tiene la capacidad de aprobar normas en una dirección opuesta a la hoja de ruta del Gobierno, que a pesar de la apertura sigue siendo la del cierre programado. Aunque no se refería a esto en concreto, fueron muy ilustrativas las palabras de Alberto Núñez Feijóo ayer en Melilla cuando dijo que «hay más posibilidades de que el Congreso apruebe leyes del PP que las del PSOE».

¿En qué se basa la creencia de que Junts puede votar a favor de prorrogar la vida de las nucleares? Básicamente, en las posiciones que el partido ha mantenido en el pasado. La cuestión de las nucleares es, desde la investidura de Pedro Sánchez, uno de los temas en los que el PP siempre ha creído que podría llegar a acuerdos con la formación de Carles Puigdemont y a veces lo ha conseguido.

En febrero de este año, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del PP para alargar la vida de las nucleares y lo hizo gracias a la abstención de Junts y de ERC. Más allá de que ambos partidos, con muchas diferencias ideológicas, defienden la importancia estratégica de la energía nuclear, su posición se debe a que es un asunto crítico por el que reciben mucha presión de sus alcaldes.

Cataluña tiene tres reactores nucleares en activo. Es casi la mitad de todos los que hay en España (siete en total) y es la comunidad autónoma que más reactores acumula. Al margen de la postura sobre la política energética de cada partido, los municipios que tienen centrales nucleares suelen querer mantenerlas por los puestos de trabajo que generan. Basta con fijarse en Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, que está en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz, contradiciendo así la postura de su partido.

En Cataluña, sucede parecido y hay diversos alcaldes que presionan a las formaciones de ERC y Junts para que pujen por mantener abiertas las centrales. De hecho, uno de los reactores catalanes se encuentra en la localidad de Vandellós, gobernada precisamente por Junts. Hay que tener en cuenta, además, que gran parte de las actuaciones de los postconvergentes en el Congreso se explican por la amenaza de Aliança Catalana en los municipios y que los alcaldes son un fuerte elemento de presión para Carles Puigdemont.

Así, todos los ojos están puestos de nuevo en Junts, que tiene en su mano dar un duro golpe a Pedro Sánchez y obligarle a pasar una ley con la que no está de acuerdo. Sin embargo, si se abstiene la enmienda podría decaer, algo que el Gobierno venderá como victoria.