Para nadie es un secreto que la llegada de menores no acompañados a España es un fenómeno en aumento y un reto para la administración pública. El sistema debe hacer lo posible tanto por salvaguardar sus derechos como por reubicarlos conforme a las políticas migratorias del país y la protección de la infancia. Un menor no acompañado, también conocido como MENA, es aquel niño o adolescente extranjero, menor de 18 años, que entra en territorio español sin la compañía de un adulto responsable de su tutela.

Esta situación está vinculada a diferentes factores. Por ejemplo, la pobreza en los países de origen (usualmente del Magreb o del África subsahariana), la violencia, o la intención de mejorar sus condiciones de vida en Europa. Una vez que llegan a España, el Estado asume la responsabilidad de su cuidado y protección brindándoles acceso a albergues, educación, asistencia sanitaria y orientación legal.

Para dicha misión existe un marco legal. La Ley de Extranjería española y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconocen el derecho de estos menores a ser protegidos independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. En la práctica, sin embargo, la acogida y el cuidado de estos jóvenes presenta dificultades logísticas, así como sociales.

¿Cómo se distribuyen los menores entre comunidades autónomas?

En concreto, los menores que llegan a la frontera española sin su familia deben ser trasladados a uno de los 247 Centros de Acogida de Menores que existen en el país, según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Estas plazas son gestionadas por comunidades autónomas, cada una con una capacidad limitada basándose en un mecanismo estatal denominado Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para menores no acompañados.

Con certeza, las comunidades más afectadas por la llegada de estos menores son Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla debido a su proximidad con África y su papel como puntos de entrada a España y por consiguiente a Europa. Esto ha llevado a una sobrecarga en sus sistemas de acogida, con centros saturados y recursos limitados. Para aliviar esta situación, el Gobierno español ha impulsado los planes de reparto.

Los criterios para la distribución de los menores se centran en la capacidad logística y económica de cada comunidad. De ahí se establecen cupos dependiendo de los centros disponibles, la infraestructura y el tamaño demográfico de cada territorio. Cuando un menor no acompañado es identificado como tal, es tutelado por la comunidad autónoma donde ha sido localizado. Sin embargo, si la región no puede, se activa el proceso de derivación hacia otra comunidad dentro del marco del plan de reparto.

Desafíos y controversias

Uno de los principales problemas detrás de la distribución de menores extranjeros no acompañados es el reparto desigual entre comunidades autónomas, muchas veces politizado. Este es el caso del próximo reparto pactado entre Junts y el PSOE. Mientras a Cataluña solo llegarán unos 30 jóvenes, Madrid tendrá que acoger a más de 700, lo que evidencia la falta de igualdad y proporcionalidad.

A eso hay que sumarle los prejuicios y el rechazo social que los estos menores enfrentan, dificultando aún más su ya compleja inserción en la sociedad española; la falta de centros de acogida o personal especializado en muchas comunidades; los tiempos prolongados de espera para su reubicación; y que, algunas regiones se niegan simplemente a acoger más menores.