Rajoy da un mes para pactar «con todos» el déficit a la carta

La reunión entre el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos del PP ha concluido sin que se haya cerrado un acuerdo sobre el reparto del objetivo de déficit, aunque con el compromiso del Ejecutivo de que dicho reparto se haga con criterios objetivos y no políticos.

Estos días en el PP comentaban que en clave interna el problema del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no era el ex presidente José María Aznar, sino el malestar de sus dirigentes territoriales con el trato por parte de Hacienda y con los recortes que tenían que ejecutar para cumplir con el déficit y con su obligación de consolidación fiscal. En cualquier caso, el partido se ha comportado estos días ante la irrupción en escena de Aznar como se esperaba, cerrando filas con Rajoy, aunque muchos compartan algunos de los planteamientos críticos expuestos por el ex presidente. Y lo mismo espera Moncloa que suceda con el déficit a la carta, aunque la batalla siga abierta tras tres horas de conversación con Rajoy.

Algunos de los barones del PP llegaron ayer al almuerzo convocado por la dirección del partido en Génova con las «espadas en alto» y bien se cuidaron de airear este mensaje con la vista puesta en sus territorios y en sus votantes. Así, Rajoy se sentó a la mesa con un todavía caliente cruce de declaraciones que invitaba a pensar que había recorrido para la discusión encendida y para el debate. El presidente extremeño, José Antonio Monago, dejaba caer en las puertas de la sede central del PP que iba a defender «con razones y no con pasiones» su «no» al déficit asimétrico. Y también recordó que hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria que se tiene que aplicar a las comunidades incumplidoras y que hay una Constitución que «hay que leerse». La réplica se la daba Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana, quien entraba en la sede advirtiendo de que venía a Madrid «remangado» para luchar por sus intereses. Extremadura está al frente del grupo de autonomías del PP contrarias a un déficit a la carta que beneficie a las regiones que el año pasado no hicieron sus deberes. Y Valencia necesita de esta discriminación positiva para evitar la quiebra. Como era de esperar, todos los barones se trajeron su lista de agravios y de exigencias y en el almuerzo primó el debate político por encima de las cuestiones económicas más técnicas, con claras discrepancias entre los dos grupos, los partidarios de déficits diferentes y los que exigen que no se premie el incumplimiento. Rajoy escuchó, pero también explicó que habrá déficit flexibilizado en este ejercicio dentro de una previsión global del 1,2 por ciento para el conjunto de la Administración autonómica. Esta medida permite salvar a Cataluña, pero también a otras autonomías populares que encabezan la lista de endeudamiento, como es el caso de Valencia y Murcia. El presidente del Gobierno defendió precisamente esta decisión en el interés general; en que las comunidades que cumplieron no se benefician de que se les conceda un endeudamiento que no necesitan, y en la misma solidaridad a la que apeló Monago, crítico con el déficit a la carta. Las diferencias de criterio se mantienen, pero los barones aceptaron que hay que controlar el déficit y que es necesaria una flexibilización para que todas las regiones puedan cumplir este año con el límite que se les imponga. El presidente les prometió aplicar criterios puramente objetivos y negó un «acuerdo» o «trato de favor» con Cataluña.

Hacienda seguía sosteniendo ayer por la tarde que la fórmula para arreglar el problema de las incumplidoras, y compensar a las cumplidoras, aún no estaba resuelta. Difícil sorber y soplar al mismo tiempo. Una salida pasa por compensar a las que sí hicieron sus deberes de ajustes en el pasado ejercicio con «ayudas» centradas en su situación coyuntural. Todas las comunidades tienen necesidades y problemas en los que el apoyo del Gobierno es siempre muy útil, pero el margen lo acorta el hecho de que no hay dinero para repartir.

Ayer acordaron reforzar la negociación bilateral para conseguir la unidad ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En aras del acuerdo, éste se retrasa a finales de junio o principios de julio. La intención era convocarlo en cuanto Bruselas oficializase los objetivos de déficit la semana que viene, pero el presidente da un mes a Hacienda para buscar el pacto «con todos».