El Gobierno activa los tribunales y evitará que haya urnas en la calle

Rajoy, en contacto permanente con el Rey, recibirá hoy en Moncloa a Sánchez y a Rivera.

Tras la embestida independentista en el Parlamento de Cataluña contra la Constitución y el Estado de Derecho se abre un escenario imprevisible en lo que afecta a las decisiones del bloque secesionista, pero no del Gobierno. La respuesta del Ejecutivo dependerá de hasta dónde llegue la Generalitat, pero se sostendrá, principalmente, en el Tribunal Constitucional (TC) y en las decisiones de la justicia ordinaria que se deriven de los recursos y las peticiones de ejecución de sentencia. Mariano Rajoy activó ayer la maquinaria judicial en el Constitucional con un incidente de ejecución de sentencia contra la admisión a trámite de los textos para convocar el referéndum independentista. El Ejecutivo solicitó al TC que declare nulos y sin efecto la admisión a trámite de la ley del referéndum y todos los actos que se derivan de ella; el rechazo de las consideraciones planteadas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP contra esa admisión; y la inclusión del proyecto en el orden del día del Pleno de ayer.

El Gobierno considera que han vulnerado la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, la de julio de 2017 y los autos de julio y de octubre de 2016 y de febrero de 2017, contrarios al referéndum del 1 de octubre. Además, el Gobierno también solicitó al TC que proceda a deducir testimonio de particulares, que abre la vía para que se exijan responsabilidades penales a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a los miembros de la Mesa que votaron a favor y a cualquier otra persona que haya participado activamente en los procesos impugnados.

En este escenario, la respuesta del Gobierno a la ofensiva secesionista comienza hoy: Rajoy pidió ayer un informe urgente al Consejo de Estado sobre el referéndum, y una vez en sus manos presidirá una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para tramitar el recurso que presentará de inmediato al TC. Asimismo, a lo largo del día recibirá en el Palacio de la Moncloa a los líderes de PSOE y Cs en sendas reuniones por la mañana y por la tarde para analizar la situación en Cataluña y ratificar su frente común ante el deseo de los independentistas de celebrar un referéndum el 1 de octubre. Además, el presidente del Gobierno estuvo durante todo el día en contacto permanente con el Rey Felipe VI.

Hoy se reunirá el Consejo de Ministros para interponer recurso de inconstitucionalidad, previo informe del Consejo de Estado, contra la aprobación de la ley del referéndum. Y la misma vía se usará ante el decreto de convocatoria del referéndum, con la petición incorporada de que se suspenda cautelarmente a todos sus firmantes.

El Gobierno cree que el independentismo forzará hasta el extremo el pulso «contra la democracia», pero que «fracasará por la asfixia judicial y por el vacío logístico», es decir, que no tendrán los medios necesarios para celebrar el referéndum aunque pueda haber alguna caja a modo de urna en sedes de partidos, por ejemplo. De hecho, todo está preparado para actuar contra las urnas que Carles Puigdemont ha anunciado que ha comprado en secreto, «y no estarán en la calle ni en ninguna institución pública».

Y si llega el caso, los Mossos actuarán por orden judicial. La batalla legal la tiene perdida el independentismo, «no habrá referéndum», pero en el Gobierno admiten que se abren distintos escenarios y lo que más preocupa es que se alienten problemas que puedan alterar el orden público. Por eso Moncloa apuesta por actuar preservando siempre la unidad con PSOE y Ciudadanos (Cs) y sin perder de vista que el objetivo debe ser evitar el referéndum ilegal, pero también que en el proceso se produzcan daños colaterales que puedan ser utilizados por el independentismo a su favor. En una situación límite serán un juez y el fiscal los que den órdenes a quienes estimen conveniente, señalan fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, que es la responsable de monitorizar cada uno de los movimientos independentistas, compareció ayer a última hora de la mañana para detallar la respuesta del Gobierno al «bochornoso» Pleno catalán. Santamaría hizo una durísima valoración de los hechos que se estaban produciendo en la Cámara autonómica. «No he pasado tanta vergüenza democrática en toda mi vida», en alusión a lo que el Gobierno valora como «un acto de fuerza contrario a la democracia, a los derechos de los diputados y a los derechos de los catalanes».