Rajoy ve incompatible que Mas reciba el FLA y financie la secesión

La estrategia del presidente del Gobierno para hacer frente al desafío del pacto entre CiU y ERC impone que se dejen a un lado los «mensajes alarmistas» y «extremos». Cree Rajoy que ese «ruido» sólo sirve para blindar a Artur Mas frente a sus críticos con la excusa del victimismo y del supuesto ataque de Madrid a Cataluña. La ley, en el frontispicio de la acción política y económica –dicen en Moncloa–pero sin caer en el juego en el que, a su juicio, pretende «enredarles» Mas y, sobre todo, Esquerra. El presidente cree que la respuesta a la situación en Cataluña debe basarse en mantener la oferta de diálogo con la Generalitat y en subrayar el compromiso firme del Gobierno central con que Cataluña reciba aquello que le corresponde, dentro siempre de la letra de la ley. La situación financiera de la Generalitat es lo que más preocupa al Ejecutivo. Rajoy es templado, no le gustan los excesos ni anticiparse en los tiempos. Ante el problema catalán, es partidario de responder a los «hechos» con la Constitución y la ley en la mano y no fundamentar su argumentario en amenazas preventivas sobre hipotéticos escenarios que él es el primero que no quiere que lleguen jamás a producirse. Si el Gobierno catalán llevase las cosas al extremo último, Rajoy haría uso de todos los instrumentos legales que pone a su disposición la Constitución. Pero éste no es en ningún caso el escenario que baraja en estos momentos, subrayan en su entorno. El presidente cree que tienen que jugar la baza de dejar que Mas «se cueza en su propia salsa», en la de la inconsistencia, incoherencia e inestabilidad del pacto que ha firmado con ERC. Le consta que hay voces críticas en Convergència, como también dentro de la sociedad catalana cercana al nacionalismo. Pero también desconfía de los mensajes que le han hecho llegar desde UDC, en el sentido de que moverán desde dentro la silla a Mas para que se rompa la alianza con ERC. En Madrid piensan que Unió aguantará porque en ningún caso ve salida a la opción de presentarse sola a unas elecciones. Con todo esto, Moncloa lo fía casi todo a la carta de que CiU y ERC no lleguen a entenderse y que esa coalición «antinatura» salte por los aires antes de que llegue la anunciada fecha de la consulta independentista. Pero dicen que también son conscientes de que en el camino tendrán que ir administrando desafíos a la legalidad vigente, que, como ayer informó este periódico, les obligarán a recurrir al Tribunal Constitucional para suspender todos los acuerdos de la Generalitat dirigidos a construir sus «estructuras de Estado» al margen de la ley. El Gobierno sabe que en los primeros meses de 2013 puede enfrentarse a una situación complicada de gestionar: la aplicación en Cataluña de los mecanismos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria para aquellas autonomías que se desvían de sus compromisos con el déficit. «Todo depende de Mas. Estamos dispuestos a seguir ayudando a Cataluña siempre que veamos que la Generalitat se esfuerza en hacer sus deberes», explican. Si no es así, Rajoy no puede tolerar que la Generalitat siga recibiendo la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para pagar las nóminas de sus funcionarios y sus vencimientos de deuda mientras sus ingresos ordinarios los dedica a sufragar estructuras de Estado propio. Y ahí entran las embajadas, los medios de comunicación o subvenciones a asociaciones, fundaciones y proyectos para «hacer país». Hasta ahora, Hacienda ha mirado a otro lado ante las evidencias de que se sigue desviando financiación para estas materias. Pero la oficialización al cierre del ejercicio de que la Generalitat incumple con el déficit, y, aún más preocupante, que tiene la intención de abundar en esa senda, obliga al Ejecutivo a enfocar lo que hasta ahora dejó que estuviera desenfocado.