Casi ocho años después de su huida de España, el expresidente catalán Carles Puigdemont afronta la batalla jurídica decisiva para su definitivo regreso a España. La negativa del Tribunal Supremo (TS) a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado le allana el camino para acudir al Tribunal Constitucional (TC) en busca de amparo, algo que podrá hacer una vez el TS resuelva su incidente de nulidad.

Será por tanto el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido el que decida su inmediato futuro político, bien a través de su pronunciamiento sobre las medidas cautelares que instará la defensa del expresident al plantear su recurso de amparo, bien mediante un aval constitucional a la Ley de Amnistía que se da por hecho y que Conde-Pumpido llevará al Pleno antes de verano.

La intención del líder independentista es solicitar al TC, al plantear su recurso de amparo, la suspensión cautelar de la orden nacional de detención y prisión que el magistrado Pablo Llarena mantiene en vigor contra él y que le impide regresar a España (aunque no fue impedimento, Mossos e Interior mediante, para su fugaz visita a Barcelona el pasado agosto con motivo de la constitución del Parlament).

Esa petición, que se da por segura, obligará a la corte de garantías a pronunciarse al respecto –Puigdemont invocará un perjuicio irreparable si se mantienen esas medidas y posteriormente el TC le da la razón y aprecia, como sucedió en las sentencias de los ERE, que el Supremo ha vulnerado el principio de legalidad penal al negarle la amnistía–. Y tendrá que hacerlo con cierta celeridad una vez escuche la opinión de las partes (la defensa de Puigdemont, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y Vox como acusación popular).

Pero incluso en el caso de que el TC rechace su pretensión y mantenga vigentes las medidas cautelares, Puigdemont puede ver cómo esas medidas quedan sin efecto si, como todo parece apuntar, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional avala finalmente la constitucionalidad de la Ley de Amnistía al resolver el recurso del PP contra la norma, un borrador de sentencia que el equipo de letrados designado al efecto está ultimando para que los magistrados aborden el debate en junio.

"No se pueden mantener las cautelares"

Y es que, según las fuentes consultadas, con una sentencia del TC que ampare la constitucionalidad de la polémica ley el Supremo estaría abocado a levantar esas medidas cautelares contra Puigdemont sin necesidad de que se haya resuelto su recurso de amparo (lo que no se prevé que suceda antes de final de año, como muy pronto, pues el TC debe resolver antes los recursos de inconstitucionalidad del PP y sus comunidades autónomas y los planteados por el propio Supremo y el TSJ de Cataluña, entre otros). E incluso en el caso de que Llarena opte por plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dejaría en suspenso la aplicación de la sentencia del TC.

«Con dudas sobre la constitucionalidad de la ley, si el Tribunal Constitucional se pronuncia avalando la amnistía no se pueden mantener las cautelares a Puigdemont aunque se plantee una prejudicial», apuntan fuentes del Tribunal Supremo, que no ven posible que esas medidas –las órdenes de detención y prisión del expresident– sigan en vigor «durante los dos años que tarde el TJUE en pronunciarse».

En el alto tribunal asumen que, si como ha sucedido con la sentencia de los ERE, el Constitucional determina que el Supremo ha vulnerado el principio de legalidad penal al no aplicar la amnistía al delito de malversación –tras apreciar un enriquecimiento patrimonial de los líderes del «procés» por financiar con dinero público el referéndum ilegal del 1-O y por poner en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea– «the game is over». Porque, explican, estaría obligado a dictar una ejecutoria aplicando la ley de amnistía tanto a los condenados en el juicio del «procés», con Oriol Junqueras al frente (que pese al indulto sigue inhabilitado y no puede ser candidato hasta 2031), como a Puigdemont y el resto de fugados.

Lo que sí dejan claro es que no se van a dejar amedrentar por el Tribunal Constitucional si finalmente optan por plantear una cuestión prejudicial para que la Justicia europea determine, en su caso, si la sentencia del TC puede contrariar el derecho comunitario por dejar espacios de impunidad ante el desvío de fondos públicos que, además –según entienden–, pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión. Ni siquiera, precisan, en el caso de que el tribunal que preside Conde-Pumpido hubiese impedido a la Audiencia de Sevilla llevar al TJUE las sentencias del TC que anulan las condenas por el fraude millonario de los ERE.

Eso sí, apuntan que Puigdemont no regresa a España «porque no quiere», pues se muestran convencidos de que el juez Llarena no le enviaría a prisión. Salvo en el caso, matizan, de que el instructor de la causa del «procés» tras tomarle declaración indagatoria (comunicarle su procesamiento) y, dado que «tiene concluida la instrucción», elevara al procedimiento a la Sala en menos de 72 horas y dejara en manos de esta la decisión de mantener o no en prisión al expresident a la espera del juicio que eludió con su fuga a Waterloo.

Puigdemont no se fía

Sin embargo, otras fuentes del Tribunal Supremo no se muestran tan categóricas sobre esa reacción en cadena que obligue a dejar sin efecto las órdenes de detención y prisión de Puigdemont una vez el Constitucional respalde –como parece– la Ley de Amnistía. «Mantener o no la medida cautelar va a depender del contenido concreto de la resolución del TC», explican antes de dejar claro, en todo caso, que esa decisión «tampoco se descarta». «Todo va a depender de lo que digan y de cómo lo digan», matizan en relación con las posibles «objeciones» a la sentencia que permitan llevar la resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el Tribunal Constitucional apuntan al respecto que mantener las cautelares si el TC avala la Ley de Amnistía es «teórica y objetivamente sostenible, pero no veo al Supremo haciéndolo». Fuentes del tribunal recuerdan no obstante que al margen de los recursos contra la ley, que serán los primeros en resolverse, los amparos pendientes (de los condenados y de Puigdemont y el resto de los fugados una vez los presenten en el TC) suponen «un elemento de presión» de Pedro Sánchez a Puigdemont porque aunque el expresidente de la Generalitat tenga vía libre para volver (si se levantan las medidas cautelares que se lo impiden) «tendría encima esa espada de Damocles a expensas de lo que decida el TC sobre su amparo». Porque, recalcan esas mismas fuentes, «una cosa es ver constitucional la ley y otra muy distinta afirmar que la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla al delito de malversación haya vulnerado el principio de legalidad penal», vulnerando derechos fundamentales del líder independentista.

En el entorno de Puigdemont, sin embargo, no se fían del Tribunal Constitucional. En cuanto al recurso de amparo señalan fuentes próximas al expresident que «todo el mundo da por hecho que está pactado con el TC, y no es cierto». En cuanto a su futuro recurso ante el TC, aseguran que tendrá que ser estimado «por vulneración al derecho al juez predeterminado por ley». «Puede decir que la ley es constitucional, pero en el caso de los amparos concluir que la interpretación de la norma corresponde al Supremo, pero lo que no puede decir es que no se haya vulnerado el derecho fundamental al juez predeterminado por ley, porque el argumento para asumir la competencia» (que actuaciones del «procés» traspasaron fronteras y se llevaron a cabo en el extranjero) –se quejan– «es marciano».