El revés a la amnistía genera dudas en la legalidad de la tramitación y anticiparía un pronunciamiento del Tribunal Constitucional

Letrados del Congreso han puesto ya en duda la constitucionalidad de la ley de amnistía, pero ahora también ponen en duda la vía de tramitación. La medida de gracia sufrió un duro e inesperado revés el pasado martes en el Congreso cuando fue rechazada por Junts: la ley quedó paralizada y el PSOE y los independentistas se aferran ahora a una «segunda oportunidad» en la Comisión de Justicia para que se apruebe el texto legal y continúe su tramitación en el Senado. Sin embargo, hay letrados del Congreso que cuestionan esta vía y aseguran que es ilegal porque la ley de amnistía quedó rechazada por el Pleno del Congreso y, por tanto, no se le puede dar una «segunda oportunidad». Ante este escenario, estos mismos letrados consideran que si los promotores de la amnistía siguen adelante y desoyen esta advertencia, esto dará lugar a que el Senado pueda «considerar que no hay un texto legislativo válido» y, por tanto, pueda «plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional antes de entrar a debatirlo».

De esta manera, el TC entraría en juego antes de que se aprobara la propia ley. Los letrados creen que la ley de amnistía no se puede aferrar a la «segunda oportunidad» porque eso solo ocurre en el caso de que la norma quede rechazada por el Pleno porque no ha alcanzado una mayoría absoluta: es decir, la norma sí cuenta con más «síes» que «noes», pero no alcanza los 176 votos que requiere una mayoría absoluta. Hay dos precedentes que avalan esta tesis, que fueron dos intentos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998 y 1999), en los que las leyes sí que lograron más «síes» que «noes», pero no llegaron a los 176 apoyos: por tanto, sí que pudieron aferrarse a la «segunda oportunidad».

Estos letrados apelan a que los artículos 131 y 79 del Reglamento del Congreso: en el 131 se estipula el procedimiento de tramitación parlamentaria de la ley orgánica y en el 79 que «los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría simple de los miembros presentes del órgano correspondiente». Por tanto, a juicio de los letrados, para continuar la tramitación de la amnistía, la ley debería haber conseguido más «síes» que «noes».

Hay otros letrados, con una visión distinta, que ponen en duda esta interpretación del Reglamento ya que hacen otra valoración del artículo 131, que estipula que «el proyecto (ley orgánica) será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes». «Hay muchas razones de fondo para poner un recurso de inconstitucionalidad, pero no se ven razones de procedimiento parlamentario. Tiene poca posibilidad de éxito», señalan, aclarando que solo ven dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía en su contenido y no tanto en la tramitación.

En todo caso, se abre un escenario nuevo tras el revés de la amnistía con un Senado, controlado por el PP, que podría acudir al Tribunal Constitucional antes de lo previsto. De momento, los populares ya han presentado un escrito de reconsideración ante la Mesa del Congreso para que Armengol frene la tramitación de la amnistía y la dé por rechazada. Miguel Tellado, portavoz popular, indicó ayer en una entrevista en Espejo Público que «muchos juristas y letrados» advierten que es inconstitucional continuar tramitando la amnistía y avisó de que el PP piensa «apelar a cualquier instancia» y se reserva «cualquier tipo de acción». Vox también se sumó a esa petición con un escrito a la Mesa de la Cámara Baja para que se «anule» la tramitación en la Comisión de Justicia.

No obstante, la Mesa del Congreso está en manos de PSOE y Sumar y se antoja inviable que haya cambios: la ley continuará previsiblemente su tramitación.