Ruiz-Gallardón: «El riesgo para la madre no será ya un pretexto para abortar»

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en LA RAZÓN que con la reforma de la ley del aborto el peligro para la salud de la madre deberá acreditarse con una «auténtica constatación».

Tras su intervención inicial, el ministro de Justicia respondió a las preguntas de tres periodistas: Gloria Lomana, directora de informativos de Antena 3; Javier González Ferrari, presidente de Onda Cero, y Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN.

–GLORIA LOMANA: ¿Qué va a hacer desde su Ministerio para atajar las estrategias ilegítimas de acoso a políticos?

–ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN: Hemos tramitado las denuncias correspondientes; se ha establecido desde el Ministerio del Interior, como es lógico, los sistemas de protección para intentar evitar, en lo posible, que esto vuelva a ocurrir. Y esas denuncias seguirán su curso y será, por lo tanto, el Ministerio Fiscal y, en su día, los Tribunales de Justicia a los que les corresponda juzgar si son o no constitutivas de un ilícito penal. Eso no nos corresponde decirlo a nosotros. Yo lo que digo es que, al margen de lo que digan los tribunales de Justicia, es un acto profundamente antidemocrático.

–G. L.: ¿Qué piensa hacer usted o su Ministerio en relación al decreto de la Junta de Andalucía de expropiación forzosa de viviendas?

–A.R-G.: En primer lugar, analizarlo políticamente para decirle la verdad a los ciudadanos. La respuesta a un problema tan grave como es el de los desahucios de la primera vivienda en España no puede ser una respuesta territorial, sino nacional. Por lo tanto, esa respuesta donde hay que tramitarla es donde reside la soberanía y los títulos competenciales para regular derechos tan fundamentales como el de la propiedad, que lo tienen las Cortes Generales. No podemos ir buscando por motivación política presuntas soluciones de carácter autonómico. Más tarde, hay que recordar a los españoles que el Congreso está tramitando en este momento un proyecto en el que se establecen ya medidas para evitar y suspender los desahucios por unos tiempos prácticamente equivalentes a aquellos que propone la Junta de Andalucía, que lo que de verdad propone es expropiar el uso de esas viviendas para mantenerlo en aquellos que las están ocupando. A efectos prácticos, con toda sinceridad, creo que es menos violenta y más eficaz la solución que propone el Gobierno, suspender durante unos años los alzamientos y hacer una expropiación del uso de la propiedad. Por último, se debe analizar jurídicamente, cosa que ya hemos hecho y hemos remitido los hechos a la Abogacía del Estado, que es la encargada de hacer el informe. Después, y con ese informe, el Ministerio y las comunidades autónomas determinarán si es o no acorde a las competencias que tiene cada administración en España.

–JAVIER GONZÁLEZ FERRARI: ¿Para cuándo habrá una tutela judicial efectiva también para los no nacidos?

–A. R-G.: Para muy pronto. Yo creo en el principio de lealtad institucional en España y que nos compete hacer aquello que nos marca la Constitución. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia en 1985 como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad en la que estableció cuáles eran los criterios. Mirando la sentencia del Constitucional podemos saber cómo va a legislar el Gobierno: que el nasciturus es un bien jurídico protegido y tiene relevancia en la vida humana desde su concepción. Eso se traduce en que el sistema tiene que ser de indicaciones, no de plazos. Dentro del sistema de indicaciones, si recordamos que las dos más importantes –el peligro para la salud física y psíquica de la mujer– no deben ser pretextos para hacer cosas distintas de lo que dijo el Constitucional, se deberán acreditar esas condiciones. Si recordamos que el Constitucional nos dijo que la ausencia de reproche penal tenía que ser un último recurso, introduciremos mecanismos de información que den opciones reales a una mujer en situación de conflicto para tener libertad para optar por la vida.

Por último, partimos de un concepto que tenemos asumido: no hay una vida menos valiosa que otra, y menos por una discapacidad. Por ello, la actual regulación del aborto eugenésico es incompatible con este criterio. Y si a éso se le suma que no consideramos que un menor, sin conocimiento de sus padres, pueda adoptar una decisión de esta trascendencia, y que debe regularse el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, podrá deducir cuáles son las tramitaciones en las que trabajamos.

–J.G.F.: Da la impresión de que España está imputada. Todo el mundo es culpable hasta que no demuestre lo contrario. ¿Cómo se cambia eso?

–A. R-G.: El imputado mediáticamente está condenado. Anuncio, y no digo que vaya a ser la solución, que en la nueva ley de enjuiciamiento criminal, la denominación jurídica ya no será «imputado» sino «encausado». Pero sí hay algo que va cambiar las cosas: la limitación de los periodos de investigación. El problema es que esa condición de imputado acompaña durante un largo trecho de su vida a los ciudadanos. Y, mientras, se van realizando juicios paralelos. Y eso tiene que acabar estableciendo unos límites. Los fiscales, cuando asuman la investigación de los sumarios, estarán limitados por un plazo de seis meses. Salvo supuestos extraordinarios por la complejidad del delito, que tendrá que ser autorizado para cada caso concreto por el juez de garantías. Esto, y la posibilidad de que el juez pueda invitar a los medios de comunicación a interrumpir una línea informativa que pueda perjudicar la presunción de inocencia, serán instrumentos eficaces.

–FRANCISCO MARHUENDA: ¿La Fiscalía está controlada por el Gobierno?

–Puede haber gente que lo piense, y me preocupa , aunque lo entiendo también. El Ministerio Fiscal no es poder ejecutivo, se integra con autonomía funcional en el Poder Judicial, no en el ejecutivo. El Gobierno nombra al fiscal del Estado, pero con el matiz de que no lo cesa. El hecho de que lo nombre no significa que tenga la dependencia del Gobierno, y yo no puedo coger y llamar al Fiscal para decirle cómo actuar. El fiscal actúa con autonomía, conforme al principio de legalidad. ¿Existe relación entre ambos poderes? Sí. ¿Puede el Ministro de Justicia dar instrucciones al fiscal? Puede, pero de forma transparente, a través del Consejo de Ministros que acuerde, a través de su política penal, una instrucción, pero de manera pública en la que todos los ciudadanos se enteran.

La Fiscalía del Estado no es un brazo del Gobierno, sino un órgano de relevancia constitucional que funciona con autonomía. Y con autonomía se intengra en el poder judicial.

–¿Tiene alguna previsión sobre la regulación de la Corona?

–- A diferencia de lo que ocurría en otras épocas de nuestra historia en las que una voluntad de renuncia a un derecho o titularidad eran condición suficiente para que produjera efectos jurídicos, lo que nos dice esta norma es que ésa es una condición necesaria, pero no suficiente porque quien tiene que autorizarlo por su trascendencia son las Cortes Generales a través de ley orgánica. Cuando leo que estamos en deuda, porque no hemos aprobado durante nuestra democracia la ley orgánica reguladora de los derechos de la Corona hay que decir que esa previsión no está en la Constitución. Dicho esto no significa que no pueda hacerse, pero eso no eludiría que cada acto concreto requiera una ley orgánica ad hoc. ¿Está en nuestra agenda? No.