Sánchez: 60 días en la montaña rusa

Las expectativas del CIS chocan con los intereses de los barones y las aspiraciones del propio Gobierno, que necesita acometer su «hoja de ruta» como cartel para los comicios.

«Moción de censura, estabilidad y elecciones». Con este tridente dialéctico resumió Pedro Sánchez su hoja de ruta para los próximos meses antes de someter al Congreso de los Diputados su candidatura alternativa a Mariano Rajoy. De aquella censura que finalmente se materializó han pasado ya dos meses, lo suficiente como para que el presidente del Gobierno compareciera el viernes para hacer balance de su gestión al frente del Ejecutivo, una gestión que no se ha caracterizado por la «estabilidad» de la que pretendía dotar a la escena pública, lo que acelera la siguiente pantalla: la posible convocatoria de elecciones anticipadas, aunque nunca antes de 2019. No obstante, el presidente aspira públicamente a resistir el envite de la debilidad parlamentaria, aunque esta suponga gobernar sin presupuestos. Así lo aseguró en la comparecencia en Moncloa, donde se mostró dispuesto a agotar la legislatura. «Eso nos favorece a nosotros y a los ciudadanos», dijo, refiriéndose a tener el margen suficiente para acometer la «hoja de ruta clara y definida» que tiene para lo que resta hasta 2020. En cualquier caso, un adelanto electoral no solo choca con las aspiraciones del presidente del Gobierno sino que también lo hace con los intereses de sus barones y presidentes territoriales. La posibilidad de que las generales coincidan con las autonómicas es una variable que no quieren conjugar en las federaciones, sobre todo en la andaluza que busca distanciarse todo lo posible del clima electoral general. Díaz, tal como adelantó LA RAZÓN, sopesa el adelanto electoral para finales de octubre o principios de noviembre.

El impulso demoscópico que supuso el CIS para el Gobierno y los territorios podría ahondar en la idea de acudir a las urnas con premura, antes de que se diluya el «efecto Moncloa» y de que el conflicto migratorio dé alas al discurso «extremista» del Partido Popular y Ciudadanos. No obstante, fuentes gubernamentales apelan a la prudencia y aseguran que «no se gobierna a golpe de encuesta», su vocación es poder materializar transformaciones sustanciales para la sociedad que les sirvan de cartel electoral para los comicios. No lo han conseguido todavía. Estos algo más de 60 días de «cambio de época» han estado marcados por los altibajos y la mejor expresión de esta montaña rusa es la crisis migratoria. El Gobierno ha pasado de utilizar esta cuestión como lanzadera de su «otra forma de hacer política» con la acogida del buque «Aquarius» o liderando la negociación europea en este ámbito, a que se le vuelva en contra como un bumerán y se convierta en un verdadero quebradero de cabeza. A la situación de emergencia que se ha planteado en la frontera sur, se une el temor que existe en el PSOE de que una afluencia incontrolada de migrantes beneficie las posiciones de PP y Cs. De ahí que el discurso prácticamente a todos los niveles de partido y Gobierno se haya centrado en enfatizar el carácter «radical» y «xenófobo» de las declaraciones de Casado y Rivera.

A los «incendios» inesperados, como la crisis migratoria o la rebelión de los taxistas, se unen los que el propio Ejecutivo se ha ocupado de alimentar. Es el caso de fiascos como el de la renovación de RTVE o la exhumación de Francisco Franco, iniciativas que prácticamente se dieron por hechas por parte del Gobierno y que se han complicado sobremanera. La radiotelevisión pública está hoy en manos de una administradora única por falta de pericia negociadora y de votos suficientes en el Congreso y los restos del dictador siguen en el Valle de los Caídos, a pesar de que Sánchez querría haberlos trasladado el pasado mes de julio. A esto se suma la asunción, con la consabida frustración, de no poder promover en esta legislatura las derogaciones de la reforma laboral y la ley de seguridad ciudadana –«ley mordaza»– o la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica. Así como el acercamiento los presos del «procés» y etarras, alimentando las suspicacias de quienes consideran que el Gobierno tiene «contrapartidas» que pagar a los socios de la moción de censura.

No obstante, no todo ha sido negativo. En solo dos meses se ha hecho un esfuerzo de dinamismo en el Ejecutivo, se ha recuperado la interlocución con Cataluña con la puesta en marcha de la comisión bilateral que llevaba siete años en barbecho, se han reunido 18 conferencias sectoriales con las comunidades autónomas para hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos, se ha acometido la subida salarial, se han incrementado los fondos para las políticas contra la violencia de género, se ha puesto en marcha la mayor oferta de empleo público de los últimos años y se ha avanzado en la recuperación de derechos como la tarjeta sanitaria universal o la posibilidad de que las mujeres lesbianas vuelvan a tener acceso a la fecundación asistida con cargo a la Sanidad Pública, entre otras.