Sánchez basa su defensa en un error administrativo

El presidente de Murcia llega una hora antes de lo previsto al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para declarar como investigado por el «caso Auditorio». No descarta presentar nuevos informes exculpatorios

El presidente de Murcia llega una hora antes de lo previsto al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para declarar en calidad de investigado por el «caso Auditorio», un supuesto episodio de corrupción que ha causado una crisis que puede enfrentarle a una moción de censura o incluso desencadenar la convocatoria de elecciones anticipadas.

El auditorio que comenzó a construirse en Puerto Lumbreras y quedó a falta de más de un tercio para su conclusión tras una inversión de 6 millones de euros de subvención del Gobierno regional cuando Sánchez era alcalde le lleva a las 10 de la mañana de hoy ante el juez del Tribunal Superior de Justicia murciano Julián Pérez-Templado, instructor del caso.

Sánchez tiene previsto « aclarar un posible error administrativo de la justificación del expediente». Según la portavoz del Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, el presidente presentará «las pruebas necesarias para que el proceso pase de ser penal a un asunto administrativo» y «quede claro» que no es culpable de los delitos prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Pedro Antonio Sánchez centrará su defensa, que ejerce el decano del colegio murciano de abogados, Francisco Martínez-Escribano, en que no se cometió ningún ilícito penal en el proceso que dio lugar a su origen, licitación, adjudicación, construcción y recepción, sino a lo sumo «un error administrativo en la justificación documental del destino de la subvención autonómica».

Sánchez dijo sentirse ayer «sereno» de ánimo y, aunque prefirió no entrar en los detalles del proceso por respeto a la Justicia, indicó que no descarta «presentar nuevos informes, complementarios de los que ya figuran en la causa, que reforzarán» lo que ha sostenido «siempre, en el sentido de que no se cometió delito alguno», informa Efe.

Como todos los delitos de los que se acusa a Sánchez están calificados expresamente como corrupción en la ley autonómica de Transparencia –salvo el de falsedad en documento oficial–, Ciudadanos ha roto el pacto de Gobierno que permitió su investidura, en el que figuraba el compromiso de dimitir si era imputado. El partido naranja abrirá negociaciones con el PSOE este miércoles.

El tribunal computa 1,8 millones de euros que no se destinaron al pago de la obra entre 2006 y 2010 y sostiene que hay gastos e IVA duplicados en la obra certificada. También que se autorizó una certificación de 2,2 millones sin justificar y que la obra fue dada por recibida, a falta de la construcción del 38%.

El Tribunal Superior de la Región de Murcia deberá también enjuiciar a la veintena de imputados en el caso, entre ellos los concejales que aprobaron en 2006 el concurso para la construcción del auditorio, funcionarios municipales y autonómicos y el arquitecto autor del proyecto.

El acto de hoy dará comienzo con el interrogatorio de las acusaciones, que abrirá el nuevo fiscal de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera. Le seguirán las preguntas que puedan hacerle las demás defensas personadas en la causa, y el interrogatorio concluirá con el letrado de Sánchez.