Sánchez exhibe su debilidad en el arranque del curso

El Gobierno acabó el curso político con una derrota parlamentaria y lo empieza por el mismo camino. Pedro Sánchez agendó un macropleno a finales de julio para exhibir gestión y acabó sucumbiendo ante Junts y el PP, viendo como tumbaban el techo de gasto para iniciar la andadura presupuestaria y como rechazaban la reforma de la Ley de Extranjería para dar una salida a la situación de colapso que vive Canarias y Ceuta. Nunca con tanta crudeza desde que está en la Moncloa se había visualizado la debilidad del Ejecutivo. Ahora es Venezuela y el reconocimiento como presidente electo del asilado Edmundo González lo que ha hecho saltar por los aires la mayoría gubernamental.

Pese a que desde el entorno del presidente se recuerda que la precariedad parlamentaria siempre ha sido una constante en sus mandatos –«en 2018 el PSOE tenía 84 diputados», recuerdan, sobre los paupérrimos números con los que llegaron a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy–, lo cierto es que nunca han encadenado tantas derrotas en el Congreso de los Diputados. En 2019, la imposibilidad de aprobar los Presupuestos con ERC fue la coartada que desencadenó el adelanto electoral –ahora ese escenario ni se plantea– y la pasada legislatura se presumía de «no haber perdido ni una sola votación». La entrada de Junts en la aritmética de la gobernabilidad ha dotado de una profunda inestabilidad al mandato y la debilidad que proyecta el Ejecutivo hace que algunos de los socios no se sientan concernidos en mantener monolítico el bloque de la investidura. Esto, tras la declaración de intenciones del presidente, dispuesto a gobernar «sin el concurso del legislativo».

El firme inestable sobre el que se cimenta la mayoría que le hizo presidente es, en sí mismo, una falacia. Sánchez sostiene que pivota sobre un eje progresista, pero lo cierto es que los partidos que lo conforman se incardinan ideológicamente en la órbita conservadora y esta circunstancia debilita todavía más los números que le sustentan. Esta circunstancia ya quedó en evidencia en los primeros siete meses del año. El PSOE ha perdido una treintena de votaciones en el Congreso desde la investidura y se ha tenido que sumar a otras tantas iniciativas del PP para evitar que prosperasen sin los socialistas, pero con el concurso de sus socios. Ante la evidencia de que el PP está siendo capaz de captar la mayoría líquida de Sánchez, los socialistas han acabado enmendando, incluso, la comunicación de su propia política exterior para no exhibir debilidad.

Precisamente es a cuenta de la política exterior donde el PP ha vuelto a atraer a sus socios. El apoyo del PNV a la proposición no de ley presentada por el PP para que el Congreso reconozca al opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela le da viabilidad y deja al PSOE en una situación muy comprometida. Los socialistas no están en la órbita de avanzar en este reconocimiento, aunque sea simbólico, porque se han adherido a la estrategia de concertación con la Unión Europea. En este sentido, los socialistas buscaron ayer un acuerdo con el PP, presentando una enmienda a su iniciativa, en la que intentaban suavizarla para que fuera la UE la que analice si ese reconocimiento puede ayudar a conseguir una «solución política negociada» a la situación de aquel país. En concreto, los socialistas registraron una enmienda de modificación del texto del PP para que, además, el Congreso apoye la concesión de asilo político a González Urrutia y reconozca «toda labor de mediación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero para permitir la liberación de presos políticos y tender puentes entre Gobierno y oposición venezolanos». Así, los socialistas se ofrecían a apoyar parte de los puntos incluidos en la proposición no de ley del grupo mayoritario, si el PP aceptaba las modificaciones que les plantean en su enmienda. Algo que rechazaron, tildando el texto de «indecente».

El PSOE aspiraba a que el Congreso instase al Gobierno a «seguir trabajando por la democracia por el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas del pasado 28 de julio y por las libertades fundamentales de los opositores en Venezuela». También plantea que se emplace al Ejecutivo a «trabajar en el seno de la Unión Europea para mantener una posición común como hasta ahora, que permita una solución política negociada en beneficio del pueblo venezolano y que incluya analizar si el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a ello». Asimismo, la enmienda del PSOE contempla que el Congreso apoye «el régimen europeo de sanciones, actualmente en vigor, cuyo objetivo es lograr un cambio de actitud de las personas sancionadas y apoyar la democracia en Venezuela». Una vez que el acuerdo se tornó imposible, desde el Gobierno atacaron la «irresponsabilidad» del PP por considerar que solo busca «dividir». Y ciertamente ha dividido su mayoría.

Sí exhiben una posición monolítica en el seno de la coalición. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, considero ayer que «sería loquísimo», además de un «precedentes muy peligroso», reconocer a cualquier candidato sin que se hayan publicado las actas electorales, que es la garantía para proclamar a un presidente. En la misma línea, desde Podemos oficializaron que no se sumarían a la iniciativa del PP «que solo busca que Venezuela vuelva a arder», señalaron.