Sánchez necesitará a ERC para aprobar su agenda legislativa

La aritmética del Congreso concede, de nuevo, a los grupos independentistas la capacidad de tumbar los Presupuestos

«El problema del apoyo de ERC llega el día después de la investidura». Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, fue el primero en advertir a Pedro Sánchez de la hipoteca que puede significar mantenerse en La Moncloa gracias al beneplácito de los grupos independentistas. Porque una vez que PP, Ciudadanos y Vox han dejado claro que se opondrán a la investidura del candidato socialista, no le queda otro camino a Sánchez que lograr la abstención de los trece diputados de Esquerra Republicana además del aval –vía voto favorable o a través de otra abstención– de Bildu o de Coalición Canaria. El presidente en funciones ya tiene experiencia en soportar las dificultades que llevan aparejados estos equilibrios. No en vano, se vio obligado a convocar las elecciones del 28 de abril después de que los grupos secesionistas catalanes tumbaran el proyecto de Presupuestos que los socialistas habían pactado con Podemos.

Ahora, la partida ha regresado a la misma casilla de salida. El PSOE y Unidas Podemos anunciaron el martes su intención de conformar un Gobierno de coalición con la voluntad de aplicar un programa de cuatro años. Pero su día a día estará condicionado por lo que decidan los partidos catalanes. O eso o contar con el apoyo de PP o de Ciudadanos.

El primer obstáculo llegará con la sesión de investidura. El calendario que maneja Moncloa sitúa este pleno en la semana del 16 de diciembre. Hasta entonces, Sánchez y Pablo Iglesias tendrán algo menos de un mes para conseguir más «síes» que «noes». En este punto, en principio, el candidato del PSOE no requerirá de los votos favorables de grupos secesionistas, siempre que logre el «sí» de Más País, PNV, PRC, Teruel Existe, BNG y Nueva Canarias. Sí necesitará la abstención de ERC. También la de EH Bildu si la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, vota en contra. En el caso de que Sánchez supere este primer escalón, se enfrentará a un escenario similar en la tramitación de los Presupuestos, con la confianza de que no se repita lo sucedido con las cuentas fallidas que precipitaron el 28-A. Si, por ejemplo, ERC, JxCat y la CUP unen sus votos al de los grupos del centro derecha en el debate de unas eventuales enmiendas a la totalidad a las cuentas, Sánchez no tendrá opción alguna de tener presupuestos. De hecho, PP, Ciudadanos, Vox, Navarra Suma y los tres grupos secesionistas catalanes reúnen exactamente a 176 diputados, que es la cifra que marca la mayoría absoluta en la Cámara Baja.

En cuanto a la agenda legislativa que Sánchez llevará a su sesión de investidura, también necesitará a los diputados de ERC. De hecho, la Constitución Española, en su artículo 81, establece que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas –las que afecten a derechos fundamentales o libertades públicas– necesita de la mayoría absoluta del Congreso. Un buen puñado de las leyes que PSOE y Unidas Podemos pretenden alumbrar en este mandato se sitúan dentro de este grupo de normas y, por tanto, tendrán que estar avaladas por, al menos, 176 diputados. La ley para regular la eutanasia o la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera son dos de las iniciativas que el PSOE podría llevar al Congreso nada más arrancar el mandato al tenerlas ya redactadas. Por su parte, Podemos presentó en la pasada legislatura varias proposiciones de leyes orgánicas que ahora podría rescatar. Entre ellas, está la iniciativa para poner fin a las puertas giratorias en la política, la orientada a modificar el Código Penal en materia de maltrato animal, la reforma del Código Penal Militar o la de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y Adolescencia. Todas estas leyes, y otras muchas más, que puedan pactar PSOE y Podemos serán orgánicas y, como tal, deberán ser aprobadas por mayoría absoluta. Y aquí de nuevo, Sánchez tendrá dos únicas opciones: o mirar a su derecha o contar con el «sí» –aquí ya no valdría la abstención– de los diputados de Esquerra Republicana.

Finalmente, el escenario de la reforma constitucional necesitaría otros equilibrios totalmente distintos. No es una prioridad para el futuro Gobierno y no podrá salir adelante si PP, Vox, Cs y Navarra Suma se oponen, ya que una votación en este sentido requiere de tres quintas partes del Congreso (210 diputados). Una suma que el PSOE sólo lograría junto al PP y Cs. Algo del todo improbable al quebrar su pacto con Podemos.