Sánchez pasa de los PGE y prioriza el presupuesto europeo de los próximos años

España terminará este año sin unos presupuestos actualizados. Los vigentes son de 2023. Y no hay atisbo alguno de que 2026 arranque con siquiera un esbozo de contabilidad para el próximo ejercicio. El Ejecutivo, según ha sabido este diario, tiene otras prioridades y ya se ha puesto entre ceja y ceja un gran objetivo: dar la batalla por el presupuesto europeo de los próximos siete años que acaba de presentar la Comisión Europea de la conservadora alemana Ursula Von der Leyen, conocido como marco financiero plurianual.

El Gobierno asume el coste político de la prórroga presupuestaria, a sabiendas de que tiene imposible aprobar unas nuevas cuentas dada la actual composición del Parlamento y la especial beligerancia de Junts y de Podemos. Los cuatro diputados morados son capitales y no están dispuestos a dar luz verde a unos números que amplíen el gasto militar. Cabe recordar que el Ejecutivo dijo en marzo que presentar unos Presupuestos sin acuerdo previo con las fuerzas políticas “sería hacer perder el tiempo al Congreso”.

Por eso, el núcleo duro del Ejecutivo ya se pelea en Bruselas por unos fondos que varias fuentes socialistas con solera en las instituciones comunitarias no dudan en calificar como más importantes que las propias cuentas nacionales, precisamente el mismo esquema mental que opera en los más estrechos colaboradores del presidente del Gobierno.

Unos presupuestos que condicionan todo

“El marco financiero determina el Presupuesto de la Unión Europea y los de los 27 estados miembros durante 7 años. Es decir, determina el techo de gasto y otras magnitudes encuadradas por compromisos de gasto y deuda de la Unión Europea. No digamos ya si encima se acentúa la condicionalidad de las partidas a la adopción de reformas, es decir, a recortes nacionales”, explica el eurodiputado socialista y portavoz de la comisión de asuntos constitucionales del Parlamento Europeo, Juan Fernando López-Aguilar.

“De lo que se negocie en el marco financiero dependerá en gran medida el dinero que España va a poder gestionar o le va a poder llegar de manera directa o indirecta para muchas políticas que son comunitarias. Así que sí, es más importante que los Presupuestos Generales del Estado”, explica otra fuente socialista que prefiere mantenerse en el anonimato.

Aunque no todos comparten ese punto de vista: “En la política nacional, el presupuesto es fundamental. Sigo pensando que se trata de un instrumento político imprescindible para la gobernabilidad del país. El europeo, por supuesto, tiene cada vez más importancia, porque marca directrices y determina algunas partidas, pero la autonomía económica nacional sigue siendo fundamental”, cuenta el exeurodiputado socialista y presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui.

Sánchez y el termómetro de la legislatura

El presidente del Gobierno, en cualquier caso, es plenamente consciente de que la ley presupuestaria es un termómetro para medir la estabilidad política de su gabinete, en horas bajas tras los escándalos de corrupción que han llevado a la prisión de Soto del Real al ex número tres socialista Santos Cerdán. Pero Sánchez también sabe que las cuentas se han convertido en un elemento más simbólico ahora que llega dinero europeo, aunque en la práctica canalicen los recursos de los ministerios para ejecutar las políticas públicas.

El esquema presupuestario diseñado por el Ejecutivo comunitario para el período 2028-2034 asciende a casi 2 billones de euros -1,4 veces el PIB de España-. Y al equipo de Sánchez se le abren los ojos porque, en función de cómo y cuánto se gaste, el país puede dar o no un salto para la siguiente década, según explican en el Ejecutivo.

Además, en el aire está saber si España seguirá siendo contribuyente neto. En plata: si su contribución bruta (lo que aporta al presupuesto europeo) vuelve a ser superior a los fondos que recibe (PAC, fondos de cohesión, programas europeos, etc.). Desde su entrada en la UE, en 1986, Madrid ha sido una de las capitales que ha recibido más de lo que ha aportado. Aunque el crecimiento económico de la última década y el último proceso de ampliación de la Unión, con la entrada de las capitales del Este, sacó al país de esa ecuación.

Lo cierto es que la rendición de Sánchez con los Presupuestos es palmaria. Basta repasar el calendario para constatarlo. Hace justo un año, el 16 de julio, el Gobierno aprobó el techo de gasto para 2025. Y hoy día no hay una sola carpeta a punto de salir con el techo de 2026. El del año pasado se votó en el Congreso el 23 de julio y fue rechazado por los votos de Junts, PP y Vox.

El Gobierno lo llevó de nuevo en septiembre al Congreso, pero lo retiró antes de que fuera votado para evitar otro sonoro bofetón. La realidad es que las cuentas de 2025 año nunca han visto la luz. No se presentaron pese a que la titular del ramo, la vicepresidenta primera María Jesús Montero, -a la que algunos socialistas ven más pendiente de su candidatura andaluza- siempre dijo que lo haría en tiempo y forma, como obliga la Constitución. Pero algunos ministros reiteran, en conversación con este diario, que no están faltando a la ley de leyes por eso, puesto que esta establece qué ocurre en caso de que el Gobierno no presente unas cuentas: osea la prórroga vigente.

El presupuesto a largo plazo de la Unión Europea establece las prioridades y los límites de gasto para cinco años. Es el que define los importes máximos anuales del gasto de la Unión en su conjunto, así como las principales categorías de gasto.

El presupuesto que presentó Von der Leyen el miércoles prevé 865.000 millones de euros para políticas sociales -entre las que se incluirán las competencias de Agricultura y Pesca – 410.000 millones de euros para competitividad, y 200.000 millones para acción exterior.

Y en todos esos números juegan un papel clave los estados miembros, que negocian al más alto nivel, en el Consejo Europeo, aunque también participan los embajadores de cada país ante la UE, así como los ministros de Finanzas, y todos los equipos técnicos. Y todos, sin excepción, defienden sus intereses: cuánto quieren aportar y cuánto quieren recibir. Y las oficinas de Moncloa ya están en eso. Los teléfonos suenan. Los Presupuestos Generales del Estado pueden esperar.