Sánchez ya tiene listas las nuevas cesiones a Cataluña y País Vasco

Pedro Sánchez superó el debate sobre corrupción por el voto de confianza de los socios, aunque sabe que este voto es efímero. El PNV, por boca de su nueva portavoz, Maribel Vaquero, le recordó que las explicaciones eran insuficientes y le advirtió de que no «pase las hojas tan rápido», enseñándole la puerta a una convocatoria electoral. Junts le avisó de que está en tiempo de prórroga y ERC, si bien le apoyó con contundencia, también insinuó que «deberían decidir los españoles» si el Gobierno se mantenía en la inanición.

Es decir, los socios le dieron un voto de confianza, aunque no se votó nada en el Pleno, exigiendo avanzar en los temas pendientes. La próxima semana es clave. El lunes se reúne la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en Barcelona para cerrar el acuerdo de Financiación Singular. Un acuerdo que el PSOE firmó con ERC en 2023 para garantizar su voto en la investidura. El martes, día 15, se reunirá el presidente Sánchez con el lendakari, Imanol Pradales, para cerrar el traspaso de la Seguridad Social, una histórica reivindicación del nacionalismo vasco también incluida en los acuerdos de 2023 para lograr el voto del PNV en la investidura. Junts, por su parte, ha exigido desarrollar el Consell de Justicia de Catalunya –un Consejo General del Poder Judicial catalán previsto en el Estatuto de 2006 y nunca implementado– para dar apoyo a la Ley Bolaños.

El acuerdo de financiación singular con ERC debería haberse cerrado el 30 de junio, fecha que fue fijada entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, pero la crisis del caso Cerdán aconsejó que se retrasara. De hecho, el día 29 se avanzó la convocatoria de la Comisión Bilateral para el día 14 «para acabar de pulir flecos». Lo importante, dijeron fuentes del Govern de Illa, «no es la fecha exacta, sino que se alcance un buen acuerdo y que Cataluña tenga la financiación que se merece». ERC aceptó y Oriol Junqueras dio por bueno el retraso porque, «de facto», el acuerdo era ya una realidad. El Govern, consciente de que el PP se lanzará contra el contenido del acuerdo, porque ya de hecho criticó con dureza su enunciado cuando pactaron socialistas y republicanos, es muy prudente y no se ha filtrado su contenido.

Las críticas de estos días se han centrado en que la Generalitat «recaudará todos los impuestos» y que tendrá «una agencia tributaria propia». Ambas cuestiones fueron avaladas por el Tribunal Constitucional en 2008, lo que ha permitido al Govern de Illa aumentar las plantillas de la nueva Agencia para la gestión del presente ejercicio de la declaración de renta. «Nuestro modelo no va contra nadie», repite hasta la saciedad Illa porque «lo que es bueno para Cataluña es bueno para España». Illa pondrá el énfasis en que «Cataluña siempre ha sido solidaria y lo seguirá siendo, pero solidaridad no es pedir que unos territorios financien las rebajas fiscales de otros para beneficiar a unos pocos», en clara referencia al modelo de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez y Pradales cerrarán otro acuerdo: el traspaso de la Seguridad Social, una prioridad para el Ejecutivo vasco. El traspaso de estas competencias contempla que será «escalonado» y arrancará con la cesión de las prestaciones no contributivas, las de carácter más asistencial y no vinculadas a las cotizaciones, como anunció la consejera María Ubarretxena. Entre las prestaciones no contributivas se encuentran la asignación económica por hijo/a o menor acogido, familias numerosas, monoparentales, madres o padres con discapacidad, la prestación económica por parto o adopción múltiples, y también el subsidio por maternidad.

Parada en el camino

Todo parece indicar que este nuevo acuerdo es la primera parada del camino porque el traspaso de competencias de la Seguridad Social y las Políticas de desempleo engloba, asimismo, las prestaciones por desempleo, Mutuas, Inspección de Trabajo, Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Marina, Fondo de Garantía Salarial y, por último, la Gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social.

El tercer acto de esta negociación, con la que Sánchez espera recuperar la solidez de la mayoría de la investidura, lo protagoniza Junts. Los de Puigdemont han presentado varias enmiendas a la reforma judicial impulsada por el ministro Bolaños, que ha cosechado el rechazo de las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y que cuenta con la oposición frontal de PP y Vox. Junts es fundamental para su aprobación, por lo que ha desempolvado el Consell de Justicia de Catalunya. En el Estatuto de 2006 fue laminado por la sentencia del Constitucional, pero el Alto Tribunal apuntó que las competencias de ese órgano debían incluirse en una ley orgánica de ámbito estatal sobre la materia judicial. Y Junts quiere aprovechar la Ley Bolaños para dotar al Consell Judicial de competencias. Justo para lograr este objetivo no presentó una enmienda a la totalidad cuando se inició el trámite en el Congreso de los Diputados. Sánchez, con el impulso de estas medidas con Junts, Esquerra Republicana y PNV, trata de dar cohesión a su mayoría, a sabiendas de que el PP le atacará con virulencia por destruir al Estado con el consabido eslogan de «España se rompe».