Santi Vila oculta la multimillonaria indemnización que acecha al Govern

El consejero catalán suma fallos judiciales contrarios por la privatización de ATLL

La compañía ACS cobró recientemente una indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón). El pago desató una enorme indignación porque esta millonaria cantidad repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Algo parecido podría ocurrir con el agua en Cataluña, puesto que, si todo sigue su curso, la Generalitat tendrá que indemnizar con centenares de millones a Acciona en el caso de anularle la concesión de la gestión de Aguas Ter Llobregat (ATLL). Llegado ese extremo, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, tendrá que dar alguna explicación sobre esta indemnización, algo que hasta ahora ha evitado hacer, consciente de que es muy difícil, si no imposible, afrontar un pago que algunas fuentes sitúan en 450 millones. El descrédito ante la opinión pública sería de proporciones gigantescas.

La historia de esta privatización es un cúmulo de despropósitos. En casi cada pleno en el Parlament surge el tema, pero Vila siempre hace lo mismo, dar patadas hacia adelante y eludir el tema de las cifras. El conseller ha logrado lo imposible y es unir a todos los grupos en su contra por este asunto. ERC, PSC, PP, ICV, Ciutadans y CUP. Todos han descalificado la gestión de su departamento en este tema y Vila tendrá que sentarse de nuevo este martes ante los diputados y tragar saliva en la comisión de Territorio y Sostenibilidad, puesto que el Parlamento de Cataluña ha forzado su comparencencia.

«Lío monumental», «chapuza» y «desastre» son algunas de las descripciones que los diputados suelen emplear para referirse a una concesión por espacio de 50 años que el Govern de CiU realizó en plena campaña electoral –sin el Parlament constituido– y sin esperar a la resolución del Órgano Administrativo de Resoluciones Contractuales de Cataluña (OARCC), que acabó pronunciándose en contra de la adjudicación a Acciona-BTG.

Retrasar lo inevitable

La Generalitat inició entonces una inagotable fase de recursos y contrarecursos y ahora insiste en que hay que esperar a la resolución judicial final de este litigio, pero el asunto no va por buen camino para los intereses de Santi Vila. El Tribunal Supremo sentenció a finales de octubre que Aigües de Catalunya –la sociedad que Acciona creó junto al banco brasileño BTG Pactua para ir al concurso de ATLL– debería quedarse sin el contrato para que éste pase a manos de Agbar, la otra compañía que pujaba en el concurso.

Pero Vila hizo oídos sordos a esta decisión del Supremo. «En los próximos días o semanas sabremos la posición del TS sobre las medidas cautelares del Govern, y nuestros servicios jurídicos están evaluando qué es lo más conveniente para el interés público. Pero el fondo de la cuestión corresponde ser tratado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)», argumentó el conseller para no afrontar el varapalo del Supremo.

Vila, por supuesto, evitó referirse a la parte más sonrojante de la sentencia del Supremo, aquella en la que el Alto Tribunal calificaba la gestión de la Generalitat de « lío monumental». «El fenomenal lío es lo que dice el TS que han armado ustedes», le reprochó en el último pleno el diputado de ICV Salvador Milà.

El conflicto por la privatización de ATLL es de tal envergadura que no sólo pone en peligro el erario público sino que ya ha provocado temor entre otros inversores debido a la inseguridad jurídica que se ha evidenciado.

«Precisamente por no hacer caso al OARCC, tenemos un conflicto importante, de consecuencias importantes, consecuencias que ya se dejan notar. No sólo en las cuentas de la Generalitat puede tener consecuencias, sino que se deja notar en las inversiones», advirtió reciente el diputado del PP Santi Rodríguez en alusión a BTG, que se ha retirado del acuerdo con Abertis por la adjudicación de Túnels de Vallvidrera y Túnels del Cadí.

ATLL era, sin duda, la joya de la corona, la empresa pública que más valor tenía cuando CiU recuperó el poder. Los nacionalistas la encontraron con una enorme deuda (unos 800 millones) pero con un capital que era inmenso. Al fin y al cabo, ATLL abastece a 5 millones de personas, es titular de cuatro plantas potabilizadoras y desalinizadoras y tiene más de 900 kilómetros de tubería.

A estas alturas, no hay duda de que la privatización de su gestión fue un lío monumental, pero los interrogantes son enormes. El primero y más elemental es por qué la Generalitat ignora todas las sentencias que la emplazan a anular la concesión, y el segundo es tener una idea clara de cuánto va costar. Pero Vila no responde.