Se vende informe por 6.000 euros

El móvil económico, además de las intrigas políticas, de una o varias personas vinculadas, directa o indirectamente, a la agencia de detectives Método 3, es el detonante del escándalo de espionaje que se ha producido en Cataluña.

El móvil económico, además de las intrigas políticas, de una o varias personas vinculadas, directa o indirectamente, a la agencia de detectives Método 3, es el detonante del escándalo de espionaje que se ha producido en Cataluña. Los que pusieron en marcha el proceso para obtener grandes sumas de dinero (las tarifas de venta de los informes oscilaban entre 3.000 y 6.000 euros, y más, si se consideraban «pata negra») no calcularon las consecuencias de escoger, para iniciar el embrollo un asunto que se basaba en un ilícito penal, como es realizar grabaciones sobre personas sin autorización judicial.

El escándalo ha provocado que aquellos que temen verse salpicados por un asunto que, con toda seguridad, terminará en los tribunales, y que podría provocar la personación de los que hayan podido ser perjudicados por el espionaje, hayan acudido a la Policía para aportar los informes y los datos de que disponen. La mayor parte de ellos son antiguos agentes de la mencionada agencia. El último en hacerlo, el pasado viernes, fue el propietario de Método 3, en fase de liquidación económica.

Los datos que ha recibido hasta ahora la Policía, un centenar de informes aproximadamente, estarán encima de la mesa de la reunión que el Jefe Superior de Barcelona, Agustín Castro, mantendrá hoy en Madrid con su superior jerárquico, el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino. Uno de los asuntos más delicados con los que se enfrenta el «caso espionaje» en Cataluña es el de verificar la fiabilidad de dichos informes, si fueron realizados, o no, por la citada agencia de detectives, y las consecuencias penales, si las hubiera, del contenido de los mismos. Por ello, no se descarta que el grupo de investigación que se ha formado en la citada Jefatura sea reforzado por agentes de otras unidades, incluso de las brigadas centrales ubicadas en la capital de España.

Los informes, algunos «muy sustanciosos» desde el punto de vista mediático, afectan a dirigentes de la vida política y empresarial de Cataluña. Se trata de personas perjudicadas a las que, en su momento, una vez el asunto sea elevado a los tribunales de Justicia, habrá que ofrecer las correspondientes acciones por si estiman oportuno llevarlas a cabo y ejercer la acción popular.

La declaración que, de forma voluntaria, prestó el que fuera propietario de Método 3 en la Brigada de Policía Judicial (BPJ) de Barcelona, en la que vino a decir que todos los informes realizados por la agencias, en fase de liquidación económica, han sido destruidos y que, según su versión, los que puedan hacerse públicos son falsos, no va a paralizar la investigación en marcha. Todo lo contrario.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, el «caso espionaje» que se ha convertido ya en un auténtico escándalo, se inició por puros intereses económicos y la intención de obtener grandes sumas de dinero por la venta de algunos de los informes que había realizado supuestamente Método 3. Los que planearon el negocio no tuvieron en cuenta que el primer informe puesto a la venta, el que afectaba a la vigilancia y grabación de una comida, celebrada en julio de 2010, entre la dirigente del Partido Popular de Cataluña. Alicia Sánchez-Camacho y María Victoria Álvarez Martín, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, estaba basado en un ilícito penal, ya que se había grabado a dos personas sin permiso judicial. La ambición y la necesidad, agregan las mismas fuentes, pudo más que la cordura y cuando los urdidores del escándalo se dieron cuenta e intentaron frenarlo, ya era tarde.

La declaración de Marco ante la BPJ no sería ajena a estas gestiones para tratar de «reconducir» el embrollo. En cualquier caso, y, sobre todo, al ser una agencia de detectives, asegurar que todos los informes han sido destruidos y que, por lo tanto, todo lo que salga a la luz será falso, no deja de ser un brindis al sol. Habría bastado que Marco diera acceso a los investigadores a los ordenadores y sistemas informáticos para realizar las oportunas comprobaciones.

Tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer, la Policía ya pilló a Marco en un renuncio cuando trató de justificar la inexistencia del Libro de Registros que toda agencia de detectives debe tener al día, de acuerdo con la normativa de Seguridad Privada. La supuesta inundación que se había llevado los papeles no se había producido en las fechas que él señaló y, en cualquier caso, no tuvo unas consecuencias tan graves como para hacer desaparecer el libro, según las citadas fuentes. Los agentes de la Policía Nacional habían acudido a Método 3 dentro de las investigaciones de la «operación Pitiusa».