Un guardia civil sancionado sin empleo ni sueldo durante seis meses que acabó sin condena. Este fue el "castigo" desproporcionado que sufrió un agente de Badajoz que fue acusado de hacer un uso indebido de las bases de datos policiales y pasar información a una persona investigada por sus compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ).

Este caso ha sido sacado a la luz por Jucil, la asociación fue la que consiguió la restitución en su puesto del protagonista de esta historia: un agente de la Guardia Civil de Badajoz. Este funcionario fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses sin haber recibido una condena judicial firme.

Sin embargo, un auto judicial reciente ha decretado el sobreseimiento de la causa, demostrando la inocencia del agente y poniendo de manifiesto los fallos del actual régimen disciplinario del Cuerpo. El origen de este conflicto se remonta al 22 de enero cuando el guardia civil fue detenido por Asuntos Internos acusado de un presunto delito de revelación de secretos.

Y es que se le imputó un uso indebido de las bases de datos policiales con el objetivo de facilitar información a una persona investigada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Badajoz. "A pesar de que las acusaciones no habían sido confirmadas por un proceso judicial, la Guardia Civil aplicó de inmediato su régimen disciplinario", defiende Jucil.

En un primer momento, se le impuso un cese de funciones de cuatro días. Sin embargo, la sanción fue endurecida poco después, convirtiéndose en una suspensión de empleo y sueldo de seis meses. Durante este tiempo, fue la asociación quien se encargó de sufragar el salario que la Benemérita dejó de pagar al agente, lo que ayudó a paliar el grave perjuicio económico y personal para él y su familia.

El régimen disciplinario de la Guardia Civil

Para Jucil éste es un "claro ejemplo de cómo el régimen disciplinario del Cuerpo vulnera la presunción de inocencia de los agentes, al aplicar sanciones severas sin esperar una resolución judicial". "La defensa jurídica del guardia civil logró acreditar su inocencia y desmontar todas las acusaciones en su contra", afirman.

De la misma forma, consideran que gracias a esta intervención se ha conseguido "restituir el honor y los derechos profesionales del agente". Desde Jucil se subraya que este episodio refleja la "necesidad urgente de revisar y actualizar el marco disciplinario de la Guardia Civil, garantizando el respeto a la presunción de inocencia y evitando que se repitan situaciones de indefensión semejantes".

"No es admisible que un agente quede privado de su empleo y de su sustento familiar durante meses sin que exista una sentencia judicial condenatoria. Es una vulneración de derechos básicos y una muestra del desfasado régimen disciplinario vigente", concluyen sobre las circunstancia que tuvo que sufrir este agente de la Guardia Civil.