El Supremo cierra las puertas a la querella de Vox contra Grande-Marlaska por la actuación policial en Ferraz

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite la querella de Vox y de su sindicato contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la actuación policial desplegada en las inmediaciones de Ferraz, donde desde noviembre se han producido concentraciones, protestas y altercados contra el Gobierno. En esa calle madrileña se encuentra la sede del PSOE.

Según expone la Sala Penal en un auto, ni el partido político ni el Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España aportan "indicio o principio de prueba alguno" para apoyar la imputación al ministro Grande-Marlaska. Tampoco han entregado pruebas "de que la actuación policial que denuncian obedeciera a una 'orden con motivación política' impartida por aquel”.

El auto del tribunal -formado por los magistrados Manuel Marchena como presidente, Julián Sánchez-Melgar, Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres y Carmen Lamela como ponente- señala que no puede imputarse responsabilidad penal a Grande-Marlaska teniendo como único argumento que se trata del máximo responsable del Ministerio del Interior del que depende el Cuerpo Nacional de Policía, “sin ofrecer dato o circunstancia alguna que permita afirmar que conoció los pormenores de la concentración que se estaba produciendo y/o dio instrucciones sobre la manera en que debían actuar los agentes policiales”.

Por ello, la Sala acuerda en línea con el Ministerio Fiscal la inadmisión de las querellas, y no entra a valorar en este momento "si la actuación policial denunciada fue o no abusiva o desproporcionada". Por ello, tampoco entra a considerar si en la querella y en los videos se puede apreciar o no "ese carácter injustificado o ilegítimo con que se tilda la intervención policial”.

Las querellas se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en el caso del sindicato, contra los agentes de Policía. En relación a ellos, el Supremo se declara no competente porque no son aforados ante la Sala.

El partido político de Santiago Abascal acusó al ministro de un delito de prevaricación y de delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales. La querella del sindicato ampliaba la lista a delito de tortura y contra la integridad moral y delito leve de lesiones.