Totalitarismo anticatólico

La profanación de la capilla situada en la Universidad Autónoma de Madrid, los actos blasfemos contras las imágenes de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia, y de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña; los incendios provocados en dos templos de Galicia, y las pintadas amenazantes en los muros de la concatedral de Ferrol que se han sucedido en los últimos días son, como denuncia la Conferencia Episcopal Española, episodios de una espiral que atenta contra el legítimo ejercicio de la libertad religiosa consagrado en la Constitución y reconocido como uno de los derechos humanos. Una espiral de odio sectario, habría que añadir, que viene intensificándose desde que los movimientos antisistema y los grupos de la izquierda más extrema han ido ganando protagonismo en el panorama político español. Así, en 2015 se han duplicado los ataques en España contra personas, templos e instituciones religiosas, con un total de 187 agresiones, frente a las 91 de 2014. La inmensa mayoría, el 86 por ciento, ha tenido como objetivo a los cristianos, seguidos a gran distancia de musulmanes y judíos. Junto a estas muestras de intolerancia, especialmente señaladas durante la fiesta de la Navidad, asistimos a la obsesión de grupos minoritarios por desterrar la religión de la vida pública, en un laicismo agresivo que ignora los sentimientos y las tradiciones populares de la mayoría de los españoles. Pareciera que la religión y, más acentuadamente, todo lo que tiene que ver con la Iglesia católica, han vuelto a desatar los peores instintos de una izquierda revanchista, empeñada en proyectar sus fantasías ideológicas más pueriles, que creíamos enterradas en la fosa de la historia. El hecho de que en amplios sectores de la sociedad se asista desde la resignación o la indiferencia a estas muestras de intolerancia agresiva, en las que subyace el totalitarismo ideológico, no debe hacernos olvidar que lo que está en juego no es la fe de los católicos o el futuro de la Iglesia –que goza de buena salud y es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, que reconocen su amplia labor pastoral y social durante los duros años de la crisis–, sino el mismo concepto de la libertad individual y del respeto a la Ley. Así, es preciso recalcar que el acuerdo constitucional sobre el que se basa la moderna democracia española no estableció la laicidad del Estado, sino su aconfesionalidad. Es decir, que en ningún caso la práctica religiosa, sin distinción de confesiones, debe estar excluida de la vida pública. Asimismo, a todos los ciudadanos les asiste el derecho a practicar su fe y tienen el deber de respetar las creencias religiosas de los demás. Se trata de un imperativo legal, también recogido en el Código Penal, que obliga a todos, también, por supuesto, a esos radicales que añoran los momentos más oscuros de nuestra historia y que, como la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, agitan el fantasma de la persecución religiosa de 1936, –la peor desde Diocleciano y la Revolución francesa por el número de víctimas– y ha sido sentenciada por ofensa a los sentimientos religiosos. No se trata, pues, solamente de una cuestión de simpatía o de creencias, sino de respeto a la libertad individual y a los derechos ajenos y, fundamentalmente, de cumplir y de hacer cumplir la Ley.