Trapero y la ex cúpula de los Mossos se quejan de que les imputen delitos propios de bandas mafiosas

La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que confirme su procesamiento por sedición por el 1-O, que las defensas tildan de «disparate jurídico».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer a los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal que confirme los procesamientos por sedición del ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, del ex director del cuerpo Pere Soler, del que fuera número dos de Joaquim Forn en la Conselleria de Interior, César Puig, y de la intendente Teresa Laplana por el papel de los agentes tanto en la jornada del referéndum ilegal del 1-O como en los altercados registrados frente a la Consejería de Economía durante los registros policiales los pasados 20 y 21 de septiembre. El fiscal Pedro Rubira insistió en la existencia de indicios suficientes contra los investigados y respaldó sin fisuras el auto de procesamiento que dicto la juez Carmen Lamela el pasado 5 de abril.

Por el contrario, los abogados de los procesados mostraron su disconformidad con la resolución de la magistrada. Al término de la vista convocada para estudiar los recursos contra los procesamientos, fuentes de las defensas calificaron de «disparate jurídico» que la instructora impute además a tres de los investigados -Trapero, Puig y Soler- un delito de organización criminal, «previsto para organizaciones mafiosas y blanqueo de capitales, que no tienen nada que ver». Según esas mismas fuentes, imputar a los ex mandos policiales cualquier tipo de connivencia para que los Mossos no acataran las órdenes judiciales para impedir el 1-O «está fuera de lugar».

Para los letrados de la defensa, a lo largo de la investigación se han puesto de manifiesto «elementos exculpatorios que neutralizan los indicios» esgrimidos por Lamela para procesar por dos delitos de sedición y uno de organización criminal a Trapero, por este último delito y un único delito de sedición a Puig y Soler y por un delito de sedición a Laplana (en su caso, su supuesta responsabilidad se circunscribe a los incidentes en la Conselleria de Economía y no a la jornada del 1-O).

Uno de los abogados de las defensas se refirió a la agenda Moleskine incautada al ex número dos de Oriol Junqueras en Economía, Josep Maria Jové -que la Fiscalía considera la hoja de ruta del independentismo- e hizo referencia a una anotación que da cuenta de una reunión a la que asistió Carles Puigdemont en la que el ex presidente de la Generalitat se habría comprometido a que «los Mossos obedecerían siempre las resoluciones judiciales» en la jornada del referéndum suspendido por orden del Tribunal Constitucional.

Lamela hacía referencia en el auto de procesamiento a la existencia de una «compleja y heterogénea organización» cuyo objetivo era lograr la secesión de Cataluña, para lo que los líderes independentistas pusieron en marcha «una premeditada estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles y responsabilidades entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, principalmente a través de asociaciones independentistas, como ANC (Asamblea Nacional Catalana) y Òmnium Cultural». Tanto Trapero como Soler y Puig integraban, según la magistrada, una organización jerarquizada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña», entonces Puigdemont. Una organización «con carácter estable» desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una «confluencia estratégica perfectamente sincronizada» que fue lo que «en suma permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Cataluña el pasado 27 de octubre».

A Trapero, la instructora le reprochó que actuara de forma «enmascarada» el 1-O para que los Mossos no ejecutaran el mandato judicial de impedir la celebración del referéndum ilegal.