No están de acuerdo en las formas ni en el fondo, pero cumplirán la ley. Pero, a la vez, harán lo posible por bloquear el acuerdo entre el Gobierno y Junts que excluiría a Cataluña prácticamente del reparto de los 4.000 menores no acompañados derivados de las Islas Canarias.

Casi todas las comunidades autónomas certificaron ayer al Gobierno el número de menores migrantes no acompañados que tienen a día de hoy en acogida. En concreto, trece: Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Andalucía, Canarias, Extremadura, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Galicia e Islas Baleares, según los datos que obran en manos de las consejerías de Bienestar Social y que ha podido confirmar este periódico. Entre ellas, tienen en la actualidad en sus centros de acogida a 13.445 menores no acompañados extranjeros.

Al cierre de esta edición, los datos de Navarra y Cataluña no llegaban, mientras que Aragón se ha negado, por el momento, a ofrecer las cifras hasta que no se resuelva el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra el acuerdo del PSOE con Junts.

En la Comunidad de Madrid, según anunció Isabel Díaz Ayuso la semana pasada en Onda Cero, en una entrevista con Carlos Alsina, hay 2.442 menores, y asegura estar al 132% de su capacidad. En el caso de Castilla y León, ahora mismo hay 178. En Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Bienestar Social explican que en 2024 atendieron a 173 menores, de los cuales, 139 continúan a día de hoy en los recursos de protección y de autonomía de la región.

Desde el País Vasco han comunicado al Gobierno que atienden a un total de 859 menores. En La Rioja continúan de momento quince menores en los centros de atención. Mientras que desde la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía se aporta que durante 2024 se atendió a un total de 2.615 menores migrantes no acompañados.

Desde el Gobierno canario se informa de que se hacen cargo en la actualidad de 5.485 menores migrantes no acompañados. Por su parte, Asturias ha certificado 99. En Cantabria cuentan con 22 plazas ocupadas para menores. Informa de que cuenta con 14 plazas libres. En la Región de Murcia han dado fe pública de 619. Por otro lado, la Xunta de Galicia ha contestado al Gobierno que atiende a 273 menores. Por último, en el archipiélago balear confirmaron hasta 573 menores no acompañados. La Comunidad Valenciana ha infomado este martes de que actualmente tienen entre 480 y 490 menores. Existen 317 palazas en la actualidad y aseguran que están al 160% de su capacidad. El año pasado atendieron a 900 menores.

Casi todas estas comunidades han informado, además, al Ejecutivo central de que se encuentran por encima de sus capacidades para acoger más menores sin recursos financieros y materiales por parte del Gobierno.

Las comunidades gobernadas por el PP han avisado de que están dispuestas a recurrir ante el Tribunal Constitucional un pacto que ven injusto e insolidario.

El primer territorio en dar el paso fue Aragón. Castilla y León ha anunciado que también seguirá su ejemplo, mientras que la Comunidad de Madrid lo hará en los próximos días. Extremadura, Cantabria, Andalucía y Baleares lo están valorando.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, necesita estos datos para, posteriormente, distribuir a los menores en cada comunidad según sus capacidades para cumplir con el acuerdo entre el Gobierno y Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Precisamente, Cataluña consiguió rentabilizar el pacto al comunicar además que solo acogerá a 20 o 30 inmigrantes, –sin que lo negara el Gobierno–, mientras que las regiones gobernadas por el PP serán las que tendrán que asumir un mayor esfuerzo, con la Comunidad de Madrid y Andalucía a la cabeza. Según los cálculos del partido independentista, hasta 806 deberá acoger la presidenta Isabel Díaz Ayuso y 795 el andaluz Juanma Moreno.

Desde el PP critican que el Gobierno no haya contestado todavía al Tribunal Supremo, que le ha exigido que aclare cómo acogerá a los 1.000 menores hacinados de Canarias que han pedido asilo. «Es un escándalo», criticó el portavoz nacional del partido, Borja Sémper.

Así, en el Partido Popular denuncian que frente al «caos» del Ejecutivo de Sánchez, ellos apuestan por una «política migratoria identificable» y que dote de «recursos suficientes a las comunidades para que puedan acoger a sus menores no acompañados con garantías».