«Cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), el presidente había dado orden de limpiar, sin límite». Así se lo transmitieron al fiscal madrileño Ignacio Stampa, personalmente, la «fontanera» Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en la reunión que mantuvieron el pasado 7 de mayo.

Pero es que esta mujer aseveró varias veces al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba que tenía «acceso al 1, a veces haciendo referencia al del partido y otras al del Gobierno».

Según Dolset, Pedro Sánchez mandó «revertir la situación, caiga quien caiga», tras el inicio de la causa contra su esposa. «Eso es lo que ha dicho el presidente», quiso subrayar.

Había un objetivo claro, que indica que sus intenciones iban más allá del caso judicial contra la pareja del jefe del Ejecutivo. Se trata del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se encarga del «caso Koldo».

No solo intentaron buscar información comprometedora en Stampa, exfiscal del «caso Villarejo». También la trataron de hallar en uno de sus subordinados, el fiscal José Grinda.

A cambio, le prometieron el archivo de una demanda en su contra, «protección» y un destino en el extranjero. Así lo explicó Grinda, al denunciarlo ante sus superiores: «Me decía que yo estaba en posesión de secretos de mi jefe (...) y que, si yo los manifestaba, se llegaría a la destitución». Se buscaba, por tanto, desactivar a Luzón.

A este fiscal le intentaron dejar claro que el intento de chantaje estaba «avalado por las más altas instituciones o personas del Estado».

A Stampa, de igual forma, se le aclaró que el presidente del Gobierno –así como el ministro Félix Bolaños y el fiscal general del Estado– conocía la celebración de la reunión.

A la cita se le había dicho que, en vez de Díez, acudiría el entonces «número tres» de Ferraz, Santos Cerdán, en representación del Ejecutivo. Quería «disculparse» por las «injustas» circunstancias que rodearon su salida de Anticorrupción en 2020. Pero Cerdán no acudió y se «le trasladaría después todo lo que se dijera».

Por su parte, Díez se presentó a Stampa como «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».

Lo que no extraña, ya que la propia exmilitante socialista admitió, cuando compareció en el Senado, que había estado en la sede de la formación durante los recordados cinco días (de abril de 2024) en que Sánchez reflexionó, tras la citación de su mujer como investigada.

A Grinda, el periodista que ejerció de intermediario, Pere Rusiñol, le refirió que una tal «Leire», era la persona que avalaba el ofrecimiento que le hizo llegar.

Pero sus maniobras no se limitaron al «caso Koldo», tal y como evidencian las denuncias de ambos fiscales, conocidas por este diario, y que han acabado judicializadas en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que investiga a Díez, a Dolset y a Rusiñol por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Durante su «cara a cara» con el fiscal Stampa, el empresario y la «fontanera» «dirigieron gravísimas insinuaciones sobre la llevanza» de otros procedimientos como el «caso Hidrocarburos», el fraude millonario en que indaga la Audiencia Nacional y en el que también está la Fiscalía que dirige Luzón. Hablaron, incluso, de una «implicación ilegal» de Anticorrupción en ellos.

Asimismo, del magistrado (ahora retirado) de la AN Manuel García-Castellón ambicionaban que Stampa les contase «irregularidades que supiese». E, incluso, tantearon sonsacarle a su compañero del Ministerio Público «algún comentario que desprestigiara» a Grinda.

Se entiende que como «plan B», dado que lo intentaron primero (en febrero) con el propio aludido, pidiéndole, además, que propiciase el archivo de varios procedimientos que dirigió desde su puesto en Anticorrupción.

El «caso Pujol» (que se enjuicia en noviembre en la AN), el «caso del 3%» (que afecta a la desaparecida Convergència); el caso de Banca Privada de Andorra, la trama de Caranjuez (contra un grupo de policías que habría extorsionado a jerarcas venezolanos) y la que afecta al Grupo Zed. En el marco de esta última, el propio Grinda investigó a Pérez Dolset.

Estos relatos de los dos fiscales –a los que el instructor Arturo Zamarriego espera para declarar como testigos el 5 de noviembre– vienen a confirmar lo que adelantó LA RAZÓN hace ya seis meses, en mayo. Que los emisarios de la cúpula socialista que encabeza Sánchez aceleraron y potenciaron el operativo para apartar con trapos sucios a la UCO, a partir de la citación como investigada de la mujer del líder del Partido Socialista.