«Txeroki» encabeza la rebelión de los presos que no serán excarcelados

La anulación de la llamada «doctrina Parot», acogida por el entramado de ETA como un éxito (la banda no se ha pronunciado aún sobre este asunto), para escarnio de las víctimas, tiene, sin embargo, un aspecto negativo para la organización criminal, y, en especial, para su colectivo de presos (el EPPK, por sus siglas en euskera).

El motivo es que las excarcelaciones, si el Tribunal Supremo confirma el martes que se pueden seguir produciendo, no van a a afectar ni al 15 por ciento de los reclusos, unos 600 en total, la mayoría de los cuales cumple condena en cárceles españolas.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, ante esta situación, cerca de un treinta por ciento del EPPK ha comunicado a sus responsables, de manera clara y contundente, que no están dispuestos a adoptar ningún tipo de las medidas que desde la llamada «izquierda aberztale» se habían diseñado, con conocimiento del PNV, para fraguar un plan que concluyera con una especie de nueva amnistía, en función de la cual los presos serían, en una primera fase, acercados a cárceles del País Vasco y Navarra; y después,puestos en libertad de una manera progresiva. Para ello, se les pedía que, de alguna manera, asumieran, individual o colectivamente, el daño que habían causado con sus atentados y mostraran su rechazo a la violencia como forma de intentar conseguir sus objetivos. Estas divergencias son el motivo por el que el EPPK no ha hecho públicas todavía las conclusiones de su debate interno.

Situación compleja

La situación, según las citadas fuentes, es mucho más compleja de lo que parece. 439 de los 584 presos de ETA están en cárceles españolas. De ellos, entre 150 y 200 han sido condenados, o lo podrán ser, por el Código Penal al que se han introducido en los últimos años las correspondientes modificaciones. Es decir, muchos se enfrentan a un cumplimiento de 40 años y no se van a beneficiar, en ningún caso, de la anulación de la «doctrina Parot». Está por ver (impensable con la actual administración penitencia) que otros 150 puedan abandonar la prisión antes de que cumplan íntegramente la condena correspondiente. Si se suman unos y otros, queda el grupo de los que ya se están beneficiando de la decisión del Tribunal de Estrasburgo, una minoría en cualquier caso.

ETA, por lo tanto, tiene un problema y de ahí su insistencia en negociar con el Gobierno las llamadas «consecuencias del conflicto», entre las que pretende incluir una nueva amnistía encubierta a cambio de un supuesto desarme (controlado por quienes ellos quieran) y la salida de las Fuerzas de Seguridad y de los Ejércitos del País Vasco y Navarra. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ya ha dejado claro que no va a establecer conversaciones con los terroristas e hizo lo posible para que la «Parot» continuara en vigor a través de la intervención de la Abogacía del Estado.

La rebelión de los presos, entre los que se encuentran pistoleros detenidos en la época en la que Garikoitz Azpiazu, «Txeroki», era jefe del «aparato militar» (individuos con escasa formación política pero con un gran nivel de fanatismo), coincide con las malas, por no decir pésimas, relaciones que en esto momento mantiene ETA con su brazo político, legalizado con las siglas de Bildu, Amaiur y Sortu.

Los cabecillas de la banda han analizado en sus últimas reuniones, según las citadas fuentes, la escasísima capacidad de movilización que tiene la otrora «poderosa» «izquierda abertzale» entre la sociedad vasca, y su nula influencia política, salvo en los núcleos en los que manda, y que está dedicada más a amedrentar a los contrarios que a ejercitar el poder de una manera que prestigie al independentismo vasco de carácter radical. Para colmo de «males», Sortu ha ordenado a los suyos que las excarcelaciones de presos beneficiados por la anulación de la «Parot» sean acogidas con un perfil bajo, sin los «ongi etorri» (bienvenidas) de antaño y que se huya de radicalizaciones.

Si esta estrategia hubiera tenido unos resultados visibles, podría haber sido admitida por ETA y los presos que se van a tener que quedar en la cárcel. Pero, de tanto prometer que pronto habría soluciones, los reclusos y los sectores más extremistas del entramado etarra se han hartado. Unos se han rebelado y los otros ya no se «cortan un pelo»: en foros y en público se dirigen a los «oteguis», representados por Laura Mintegui (que pinta muy poco, por no decir nada) y los más influyentes Joseba Permach, Hasier Arraitz y Rufino Echevarría, como «euskopacifistas» y beneficiarios de lo que denominan «industria internacional de la paz».

Suplantación

Como prueba de la realidad de esta situación, las fuentes consultadas recuerdan el último comunicado de ETA en el que, en una clara suplantación de Sortu, ordenaban a EHBildu la estrategia que tenían que seguir en el Parlamento vasco. Tuvo gracia, y fue muy comentada, la respuesta de la dirigente de esta formación, Laura Mintegui, en la que indicaba la necesidad de que ETA se disolviera. El caso que los pistoleros han hecho a sus palabras es definible.

Más recientemente, en una entrevista publicada en «Gara», se le preguntaba a Rufino Echevarría : «¿Qué opinión le merece la reclamación del desarme de ETA?». La contestación: «Es parte de la agenda de soluciones y, por consiguiente, se debe abordar. En las mejores condiciones posibles, sin frivolidad ni irresponsabilidad».

En una palabra, formule esa pregunta a otros (ETA-Gobierno), no a mí, que nosotros estamos a lo que estamos. Los «oteguis», entre los que se encuentra Echevarría, son conscientes de que crecen cada día los que les acusan de «inmovilismo pacifista», de haberse convertido en unos auténticos «moketeros» (pisar moqueta, porque se está en el poder) y que los demás, entre ellos los presos, les preocupan lo necesario para cubrir el expediente. De hecho, sus iniciativas, como los «muros populares», han terminado por ser ridiculizadas en los foros de los sectores más radicales. Pretenden dar una imagen de desobediencia civil y confrontación con el Estado, pero no convencen a nadie.

En este contexto, la situación de las cárceles, con ese 30 por 100 (hay algunos que no se han pronunciado, por lo que el porcentaje puede ser mayor y creciendo) que se opone a la estrategia que se había diseñado por los «oteguis» de la «izquierda abertzale», se convierte en un problema y en un elemento que refuerza el poder de ETA sobre su brazo político. Esto ya ocurrió en el «proceso» 2006-2007, y está pasando en el actual, que se inició en el 2009, cuando aún gobernaba en España el PSOE.

Las consecuencias de entonces, que no tienen por qué repetirse ahora, son de todos conocidas.