La UCO pide información de quién visita a Santos Cerdán en Soto del Real

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez del caso Koldo que se le informe acerca de las visitas que recibe Santos Cerdán en prisión. En un oficio remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se solicita que, "por ser de interés para la investigación", se les informe de las visitas que recibe el que fuera secretario de Organización del PSOE, "a poder ser con antelación a que se produzcan".

En su atestado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, determinan que, en caso de que dichas visitas sean "imprevistas", como las llevadas a cabo "por miembros del colegio de abogados", se informe a la mayor brevedad posible. Del mismo modo, pidieron la "máxima discreción" con la diligencia para proteger la investigación; en concreto, aludieron al "posible impacto" que podría tener en el procedimiento la filtración de esta solicitud.

La Guardia Civil remitió la solicitud a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, en la misma, adjuntaron dos números de teléfono para que se les contactara por esta vía en caso de visitas imprevistas. La petición se giró el 3 de julio, esto es, apenas tres días después de que el magistrado del caso Koldo, Leopoldo Puente, le interrogara por su presunta implicación en la trama. Según expone el instructor en un auto conocido este mismo viernes, el oficio remitido por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias entró en el alto tribunal este miércoles.

Rastreo de las visitas en plena investigación

"Ciertamente, ninguna resolución judicial se ha dictado en esta causa especial concerniente en concreto a la cuestión referida que pudiera aquí ratificarse, modificarse o dejarse sin efecto, debiendo actuar frente a la solicitud recibida esa Secretaría General en los términos que considere normativamente conducentes", alega el magistrado, dejando esta cuestión en manos de Instituciones Penitenciarias.

El abogado de Santos Cerdán ha denunciado que la medida solicitada por la Guardia Civil supone "un atropello del derecho de defensa" y que tanto él como Jacobo Teijelo, el otro abogado vinculado a la fontanera Leire Díez y personado también como letrado suyo, están valorando solicitar amparo a los colegios de abogados de Barcelona y Madrid, respectivamente.

Tras su declaración, que tuvo lugar el 30 de junio, el instructor ordenó la prisión provisional sin fianza para el exdirigente socialista a tenor de lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares. El magistrado expuso en su auto que había riesgo de destrucción de pruebas, motivo por el cual decidió enviarle a Soto del Real. Además, apeló a la gravedad de los delitos que se le imputan (organización criminal, cohecho y tráfico de influencias) y su papel troncal en esta causa de corrupción en la que presuntamente habría controlado el reparto de mordidas que empresarios cercanos les abonaron a cambio de adjudicarse obra pública.

El Supremo decide el martes si le excarcela

Su defensa recurrió la decisión del instructor reiterando lo defendido por el propio Cerdán en sede judicial, esto es, que había sido víctima de una causa general. Con todo, la Fiscalía Anticorrupción ya se ha opuesto a su excarcelación y así lo reiterará en la "vistilla" que ha convocado el alto tribunal para el próximo 22 de julio. Se prevé que el magistrado decida ese mismo día si le revoca la medida cautelar acordada el 30 de junio o le mantiene en prisión.

Al respecto, el Ministerio Público considera que asumió la "dirección de una organización criminal" y que incluso siguió influyendo en las adjudicaciones tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes a mediados de 2021. En su condición de líder de la presunta trama, manejó información de la que carecía el resto, ya que sabía quien efectuaba los pagos, cuáles eran las cantidades de las mordidas y qué personas "físicas o jurídicas" eran las beneficiarias. La Fiscalía comparte el criterio del juez acerca de que las mordidas obtenidas por las obras que investiga la UCO debieron superar la cifra del millón de euros que baraja los investigadores.

Además, la Fiscalía advirtió de sus vínculos con Servinabar -empresa clave de la trama administrada por Antxon Alonso- y le ha reprochado las "insatisfactorias" explicaciones que dio en sede judicial. Cabe recordar que Cerdán se presentó como víctima y dijo que él había impulsado el Gobierno progresista al negociar la investidura de Pedro Sánchez con motivo de la moción de censura de 2018 con el PNV y Bildu. De hecho, dijo que medió para ello Alonso y que también tuvo un papel relevante en las negociaciones con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Ginebra o la redacción de la ley de amnistía.

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron ni al juez ni al fiscal jefe Anticorrupción, que recuerda que estudian material con un "extraordinario potencial incriminatorio" dado que no solo cuentan con los documentos localizados en los registros, sino también con los audios que atesoraba Koldo García en su domicilio y que ahora serán peritados por la Guardia Civil para determinar si están o no manipulados. Se trata, según dice, de conversaciones "singularmente explícitas" de las que se se desprende el presunto reparto de comisiones entre los investigados y en papel Cerdán como cerebro de esta operativa.