La 74 promoción de jueces, que este enero acabaron su periodo formativo en la Escuela Judicial y se encuentran ya en fase de prácticas tuteladas en juzgados de toda la geografía española, se han mostrado públicamente en contra de la reforma con la que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quiere cambiar el acceso a la Carrera.

Esta nueva generación de incipientes jueces son, al igual que las promociones previas, muy críticos con el plan con el que el Gobierno pretende estabilizar a 1.000 jueces sustitutos a través de un concurso oposición extraordinario. Para ellos, que han estado durante mucho tiempo encerrados estudiando, supone "un desprecio absoluto a quienes dedican años de esfuerzo y sacrifico personal" para superar una dura oposición.

No entienden que desde el Ministerio de Justicia defiendan como "aceptable" que jueces que, como esta 74ª promoción, cumplen con todos los requisitos que exige la ley para convertirse en miembros de pleno derecho del Poder Judicial, se vean ahora "perjudicados" por esta estabilización de los sustitutos.

Los sustitutos, advierten estos miembros de la magistratura en prácticas, no acreditan "igualdad, mérito y capacidad" en su forma de acceso a la Carrera judicial. "Es una situación profundamente injusta" que, incluso, consideran que "erosiona la seguridad y la previsibilidad" que debe caracterizar su desarrollo profesional.

Para esta promoción, que serán a los siguientes a los que el Rey entregará despachos, avisan también de que el anteproyecto de reforma de Bolaños, que aún no está nada claro que vaya a tener el respaldo suficiente para ser aprobado en las Cortes, directamente "compromete la legitimidad de la judicatura y socava la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad y preparación técnica" de los que ejercen la función jurisdiccional.

Los traslados forzosos derrumban su estabilidad

Este grupo de jóvenes jueces coinciden en la "preocupación", que han expresado ya sus promociones precedentes -la 73 (a la que se acaba de otorgar los despachos) y la72- en lo supondrá la vuelta de los traslados forzosos cuando se asciende a magistrado. Una medida que tachan de "anacrónica, injusta, desproporcionada y retroceso" que va a hacer imposible que puedan conciliar su vida profesional con la personal, que recuerdan que es un "derecho" que tienen. No podrán tener previsibilidad vital ni arraigo en el tribunal donde trabajen.