Un miembro de Podemos es juzgado por causar lesiones a la Guardia Civil

La Fiscalía pide para él y otros siete penas que suman más de 36 años y 22.000 euros

Las ocho personas juzgadas hoy, entre ellas Jorge Luis Bail, exdiputado de Podemos por Huesca, por agredir a la Guardia Civil en una protesta contra el recrecimiento del pantano de Yesa en 2012, han dicho que no agredieron a los agentes y que lo que intentaron fue evitar que fueran golpeados.

En el juicio, que ha comenzado en el juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, los ocho han coincidido en señalar que no fueron avisados por la Guardia Civil de que iban a actuar para despejar la carretera en la que estaban concentrados y que ante la carga de los agentes, por "instinto", se defendieron para "parar los golpes".

Así lo ha relatado Álex Ubieto, a quien se acusa de agredir a uno de los agentes que perdió en los incidentes el casco de protección y su escudo, recibió golpes y patadas y fue arrastrado ocasionándole diversas lesiones, según la acusación.

Bail, Ubieto y los otros acusados, Javier López, Óscar Ara Ripalda, Sergio Palacín, Jesús María Royo, Arriel Domínguez y Miguel Ángel Palacín han coincidido en destacar que era una protesta pacífica, que no esperaban la carga policial y que no agredieron a los agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS).

El ministerio fiscal, quien a alguno de los acusados solo ha preguntado si había estado presente en la concentración, pide a los acusados entre dos y más de seis años de cárcel (más de 36 años en total) y más de 22.000 euros en indemnizaciones por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y desorden público.

La acusación ha insistido en plantear que el mando del destacamento que se desplegó en la zona avisó por megafonía hasta en tres ocasiones para que desalojaran la carretera, que se golpeó a los agentes y a uno de ellos se le intentó quitar el fusil que portaba.

Los ocho acusados han negado reiteradamente que golpearan a los agentes, han insistido en que cuando se acercaba el destacamento pensaban que, como otras veces, hablarían con los concentrados y no pasaría nada más, y que desconocían quién había convocado la protesta contra las expropiaciones de tierras.

El último en prestar testimonio ha sido Miguel Ángel Palacín, propietario de fincas expropiadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), quien ha dicho que no ponía en duda que hubiera habido avisos de la Guardia Civil, "pero que no lo oí, también es cierto".

Ha añadido que había mucha "bulla", muchos "gritos"y "mucho escándalo"y que cayó al suelo con la carga policial sin que pudiera ver si golpearon al agente que perdió el escudo, su casco y su cartuchera, que reclamaron los agentes tras terminar el incidente.

Miguel Ángel Palacín ha relatado que tenía buena relación con la Guardia Civil, ya que ha sido juez de paz de Artieda, y que en la carga los agentes empujaban y pinchaban con las porras, que sacaban por entre los escudos, a los que estaban concentrados.

"Caí al suelo y no vi nada más", ha terminado su declaración, en la que ha remarcado que en "nunca ha habido un ápice de violencia"contra las máquinas y los trabajadores de las obras del embalse de Yesa, una obra a la que se oponen grupos políticos y vecinos de los pueblos afectados.

En la sesión ha declarado como testigo la médico que asistió al agente que sufrió las lesiones graves y que, según ha dicho, lo atendió de una contractura cervical y dolor en un hombro y en una rodilla, en la que posteriormente un traumatólogo diagnosticó una rotura parcial de ligamento cruzado anterior.

La primera sesión de este juicio ha terminado con las declaraciones de los técnicos que han realizado los vídeos que la defensa ha aportado de los hechos a la causa y que se han visionado en la sala.

El próximo 1 de junio la vista del juicio continuará con la declaración de los otros testigos y los quince agentes de la Guardia Civil que sufrieron golpes en los incidentes y que mantienen la acusación.

Las defensas de los acusados, por su parte, piden la libre absolución, defienden que los manifestantes ejercían su derecho constitucional a la concentración y acusan a los agentes de agredir "sin amparo legal"a los manifestantes.

Los hechos ocurrieron la mañana del 10 de octubre de 2012 en el pueblo de Artieda (Zaragoza), en el kilómetro 1,6 de la carretera A-1601, cuando más de un centenar de personas se concentraban contra las expropiaciones para el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.

Antes de comenzar el juicio, varias decenas de personas, entre ellas el exdiputado de Podemos por Zaragoza Pedro Arrojo y el alcalde de Artieda, Luis Solana, han apoyado a los acusados ante los juzgados y han pedido su absolución.

Efe