Espionaje en Cataluña

Una carpeta de Método 3 acredita que el PSC era cliente de la agencia

El juez y los fiscales accederán hoy a los informes clave de la investigación

Dos policías nacionales entran en la sede de Método 3
Dos policías nacionales entran en la sede de Método 3larazon

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) figuraba como cliente de la agencia de detectives Método 3, según una carpeta que ha sido hallada durante los registros que, por orden judicial, fueron efectuados el martes en varios pisos y locales de Barcelona y Gavá.

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) figuraba como cliente de la agencia de detectives Método 3, según una carpeta que ha sido hallada durante los registros que, por orden judicial, fueron efectuados el martes en varios pisos y locales de Barcelona y Gavá, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

Los investigadores dan una relevancia al hallazgo de esta carpeta, aunque las pesquisas se encuentran en su fase inicial.

El disco de Elisenda

Asimismo, esperan obtener datos importantes en el estudio del disco duro del ordenador que utilizaba habitualmente la jefa de operaciones de la agencia, Elisenda Villena, que ya está siendo examinado por los expertos de la Policía en informática.

Los cuatro detenidos en la operación, Francisco Marco, responsable de la agencia de detectives; los agentes de dicha entidad, Alejandro Borreguero y Julián Peribañez; y Elisenda Villena, serán conducidos hoy ante el juez, una vez finalizado el plazo de detención policial.

En presencia del magistrado y los fiscales nombrados para este caso, se va a proceder a la apertura de unos informes, cuyo contenido podía ser de una gran importancia para conocer el alcance de los trabajos que ha desarrollado Método 3 en los últimos tiempos y si, como se sospecha, ha cometido actividades ilícitas. Existe una cierta expectación sobre lo que pueda haber en dichos informes y si, como se sospecha, puede impulsar nuevas e importantes investigaciones.

A lo largo del día de ayer, prestaron declaración como testigos el dueño del restaurante La Camarga, donde se realizó la grabación a la dirigente del Partido Popular, Alicia Sánchez-Camacho con Victoria González, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola; y dos secretarias de la agencia de detectives, una de ellas la que trabajaba más directamente con Marco.

Los investigadores, según la marcha de las pesquisas y el examen de los informes, supuestamente realizados por Método 3 sobre políticos y empresas, podrían llamar como testigos a otras personas con el fin de aclarar todos los aspectos necesarios antes de elevar sus conclusiones definitivas a la autoridad judicial. Además, las personas que aparecen perjudicadas deberán ser informadas por si desean personarse en la causa y ejercitar las acciones a que tienen derecho.

En lo que se refiere a estos informes, por los que se cobraban importantes cantidades de dinero, las fuentes consultadas subrayan que en ocasiones no pasaban de una recopilación de los datos a los que se puede acceder tras la consulta a varios buscadores de internet. A ello se añadían acusaciones, algunas de singular gravedad, de las que no se aportaban pruebas sino referencias, rumores escuchados o lo publicado por algún medio de comunicación.

Expertos policiales comentaron ayer a este periódico su sorpresa e incredulidad sobre lo contado por Francisco Marco en la declaración que prestó ante la Policía y publicó en exclusiva LA RAZÓN. Por ejemplo, llamaron la atención que ningún agente del CNI se identifica como «policía del CNI», tal como aseguraba, y si se hubiera querido hacer algún tipo de gestión o pacto con él no hacía falta la intermediación de una periodista. Lo real es que al final fue detenido, al igual ,que otros tres miembros de la agencia Método 3, dos de los cuales confesaron que eran los que habían colocado el micrófono en el restaurante.

Otro detalle que ha trascendido es que Francisco Marco, después de finalizar la narración de su relato, solicitó, ante la sorpresa de los agentes, un «Habeas Corpus» y que se le pusiera inmediatamente a disposición judicial, ya que, según dijo, se estaban cumpliendo «las amenazas del CNI y de la cúpula de Interior».