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Una juez de París ordena interrogar a los mediadores de Currin

La Justicia gala sigue los pasos de la Audiencia que ya citó a los verificadores

El abogado sudafricano Brian Currin, líder del llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC), Pierre Hazan y Alberto Spektorowski, entre otros, a su llegada hoy a la comisaría de Bayona (Francia)
El abogado sudafricano Brian Currin, líder del llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC), Pierre Hazan y Alberto Spektorowski, entre otros, a su llegada hoy a la comisaría de Bayona (Francia)larazon

La Policía francesa interroga en la comisaría de Bayona desde primera hora de la tarde de hoy a varios miembros del llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC), que encabeza el abogado surafricano Brian Currin.

La Policía francesa interrogó ayer en Bayona a los integrantes del denominado Grupo Internacional de Contacto, que lidera el abogado sudafricano Brian Currin y que fue creado por el entorno etarra para «agilizar, facilitar y posibilitar el logro de la normalización política en el País Vasco» tras la declaración por parte de ETA del cese «definitivo» de su «actividad armada». La citación del grupo que pretende que los gobiernos español y francés negocien con ETA su liquidación se produjo a iniciativa de un tribunal de París competente en materia de lucha contra el terrorismo, que dictó una comisión rogatoria para interrogarles. Los miembros del Grupo Internacional de Contacto fueron los encargados de buscar y organizar a los «verificadores internacionales» que participaron en la escenografía del «desarme parcial» de ETA y que prestaron declaración el pasado domingo en la Audiencia Nacional. El objetivo de los «mediadores» liderados por Currin era «diseñar, desarrollar y culminar un proceso de desmantelamiento y desarme», de manera «controlada, ordenada y consensuada», bajo la supervisión de verificadores independientes. El hecho de que el abogado sudafricano Brian Currin, acompañado por el profesor suizo Pierre Hazan, el secretario general de Interpol Raymon Kendall, la doctora en Criminología por la Universidad de Yale Silvia Casale y el profesor de la Universidad de Tel Aviv Alberto Spektorowski tuvieran que rendir cuentas ante la Justicia antes de participar hoy sábado en una reunión del Foro por la Paz de Bayona, organizado por los colectivos del entorno etarra Lokarri y Bake Bidea, puede considerarse un duro golpe a la estrategia proetarra de presentar fuera de España el final de ETA como una cuestión política a resolver y no como la derrota policial de una banda terrorista. Hazan, por su parte, calificó a la salida de «ridículo» el interrogatorio y afirmó que se les ha confundido con los verificadores.

El Gobierno vasco ha estado alejado de los integrantes del GIC que llegaron el jueves a Bilbao y viajaron ayer a Bayona. Tras la implicación personal del lendakari Urkullu en apoyo de los «verificadores», el PNV y el PSE evitaron encuentros con el grupo de Currin, que presentó su visita al País Vasco como un intento de impulsar nuevos pasos.

PERFIL

BRIAN CURRIN. Mediador internacional

Brian Currin, abogado surafricano, es miembro del Grupo Internacional de Contacto creado por la rama abertzale para «agilizar, facilitar y posibilitar el logro de la normalización política en el País Vasco». Fue «fichado», entre otros expertos internacionales, debido a que participó como mediador internacional en los procesos de paz de Irlanda del Norte y Sudáfrica. En 2010 intervino en la denominada «Declaración de Bruselas», actuando como facilitador de la izquierda abertzale.

Condenado el abogado Enparantza por injuriar a la Guardia Civil

La Audiencia Nacional ha condenado a una multa de 5.760 euros al abogado Jon Enparantza, actualmente en prisión provisional por su presunta integración en el «Frente de Cárceles» de ETA, por injuriar a la Guardia Civil al acusarla de «haber secuestrado, torturado y llevado hasta la muerte» al etarra Mikel Antza, quien falleció en un hospital francés en mayo de 2009. La sentencia destaca que su actuación respondió a los «dictados de la banda» y a una «estrategia de ETA», por lo que con esas acusaciones sólo pretendía «difamar a la Guardia Civil como medio para atacar al Gobierno». El acusado, añade, «al servicio de una organización terrorista y basándose en sospechas, hipótesis y creencias personales», no dudó en acusar a la Guardia Civil de esa muerte, informa F. V.