Unanimidad en el CGPJ: la inviolabilidad de los diputados no justifica la falta de respeto y las presiones a los jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha votado con todos los vocales presentes en el Pleno extraordinario celebrado esta tarde. Y lo ha hecho para aprobar una declaración por unanimidad contra los ataques del martes 30 de enero en sede parlamentaria, cuando se debatían las enmiendas a la proposición de ley de amnistía. Para el órgano de gobierno de los jueces, no se justifica, ni siquiera por la inviolabilidad parlamentaria de la que gozan los diputados, las "faltas de respeto" ni las "presiones" al Poder Judicial.

"El hecho de que las manifestaciones realizadas por los diputados y diputadas en el libre desarrollo plural de una sesión parlamentaria se encuentren especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación", señala la nota, que destaca que estas descalificaciones se producen en un contexto de "debate social y parlamentario" sobre la amnistía marcado por las "acusaciones de 'lawfare' contra miembros del Poder Judicial" que ya condenaron en diciembre.

Tras más de dos horas de deliberación, expresaron su condena. "Rechazamos con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo, al tiempo que manifestamos que seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles", señala la declaración a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El consejo también señala que "debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial", en clara alusión a la pasividad de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que no ha adoptado medida alguna en ninguna de estas polémicas intervenciones.

En la declaración aludieron directamente a lo ocurrido en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del pasado martes, cuando "los representantes de diversos grupos parlamentarios, vertieron diversas acusaciones contra miembros de la Carrera Judicial".

La declaración aboga por "el respeto institucional" que debe presidir "las relaciones entre todos los Poderes del Estado". En el documento también se remite a las declaraciones del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que señala que “ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas”. El propio consejo también señala que cualquier valoración o crítica entre los distintos Poderes "deben formularse en un clima de respeto mutuo”. Y también subraya que “existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte.”

Por último, los vocales reiteraron que la independencia judicial es "una pieza clave del Estado de derecho" y su defensa es "imprescindible" en el marco de "los valores sobre los que se asienta la Unión Europea". Para el CGPJ, su salvaguarda "corresponde a todos los Poderes del Estado".

Pleno extraordinario

Los vocales consideraron ineludible que el órgano de gobierno de los jueces emitiera un pronunciamiento contundente, una declaración institucional fuerte y sólida que reflejase el malestar del Poder Judicial frente a una situación anormal que, en los últimos tiempos, se ha normalizado: las críticas y acusaciones continuas por parte de representantes políticos, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso de los Diputados. La mayoría de ellas, con calificativos gruesos provenientes principalmente de los partidos independentistas socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

Algunas han traspasado numerosos límites y ya no son únicamente descalificaciones genéricas. Ahora es cada vez más habitual escuchar señalamientos con nombres y apellidos.

Lo que más escuece es que la presidenta Armengol no haya utilizado ninguna de las herramientas que pone a su servicio el reglamento del Congreso para poner fin a estas durísimas descalificaciones y ataques a los representantes de un poder del Estado.

En la petición para este Pleno Extraordinario, que contó con el respaldo de los vocales José Antonio Ballesteros, Carmen Llombart, José María Macías, Francisco Martínez, María Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz, Juan Martínez y Wenceslao Olea, recordaron que los señalamientos los realizaron los «oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las Cortes».