En julio de 2024, Vox dio un golpe encima de la mesa y pegó la espantada en los gobiernos autonómicos (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y la Región de Murcia) que compartía con el Partido Popular. El pretexto fue un reparto de cientos de menores inmigrantes que estaba comprometido previamente con el Gobierno. Santiago Abascal montó en cólera, lanzó la amenaza y, de forma mancomunada, Alberto Núñez Feijóo y sus barones decidieron aceptar el pulso.

Un año más tarde, la historia tiende a repetirse, pero a gran escala. Otra vez, con motivo de los repartos de menores inmigrantes, las dos formaciones escenifican un enfrentamiento total. Aunque con matices.

El pasado miércoles, las comunidades del PP anunciaron que se plantaban y que no participarían en una reunión sectorial convocada para ayer jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia y que tenía como primer y único orden del día la reubicación de más de cuatro mil menores que, aún hoy, permanecen hacinados en las Islas Canarias. A la espera de una solución que nunca llega por la ausencia de acuerdo entre los políticos.

Para los ejecutivos populares, las cuentas que ha hecho el Ejecutivo a la hora de distribuir a los menores son inaceptables, porque responden a criterios arbitrarios y puramente ideológicos, ya que excluyen a Cataluña y País Vasco del reparto, mientras que territorios como la Comunidad de Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana tendrán que multiplicar sus esfuerzos, porque les ha tocado recibir el grueso de los menores. Razón por la cual todas las administraciones del PP dieron un portazo al encuentro con la ministra Sira Rego, que acabó por suspenderse.

Una maniobra que Vox censuró con dureza a través de sus redes sociales. «Son la estafa más ridícula de la política española desde que Pablo Iglesias dijo que se quedaría a vivir en el barrio», escribió el tercer partido de España en una publicación en su cuenta oficial de X, sobre el gesto de las regiones populares.

La formación verde se remontó un año atrás y recordó que el motivo por el que Abascal dio orden de salir de los gobiernos autonómicos fue «porque el PP se negó a hacer esto exactamente». No solo «no se plantaron», criticó Vox, sino que «Feijóo obligó a sus barones a firmar un documento diciendo que se harían cargo de todo lo que les mandaran».

Del plante actual, la opinión de Vox es que los populares se enmiendan a la totalidad, pero «no lo hacen por la seguridad de los españoles. Lo hacen porque están en campaña electoral de unas elecciones que no se han convocado».

El PP contraataca a Vox

Un ataque al que la dirección nacional del PP, esta vez, sí quiso replicar. En cuestión de minutos. «Los representantes de Vox se fueron de los gobiernos porque le echaron un órdago a Alberto Núñez Feijóo y lo perdieron», contraatacaban en el equipo del presidente popular, donde quisieron aclarar: «Nosotros no funcionamos con chantajes sino con principios. Y no actuamos por amenazas sino por ideología». Así que ni ahora comulgan «con el Gobierno en este reparto de 4.400 menores que pretenden imponer a las CCAA», ni doce meses atrás estaban de acuerdo con Vox «cuando pretendían negarse a recibir a entre quince y treinta menores por autonomía».

Sobre el debate migratorio, que un verano más vuelve a situarse en el epicentro de la contienda política, en el PP reiteran que la postura de Feijóo es clara: «Entre la política de puertas abiertas que defiende el PSOE por exigencia de sus socios y la de aquellos que quieren asociar extranjería con delincuencia». Un punto intermedio entre el Gobierno y Vox.

Aunque Feijóo, poco a poco, va endureciendo su discurso. En su última aparición, dijo que si algún día le toca dirigir el país, los inmigrantes que vengan a España «a incumplir las leyes o a vivir de las políticas sociales no van a ser bienvenidos». Y no sólo, los que delincan serán «deportados de forma inmediata».

A raíz de los disturbios que se han desatado en la localidad murciana de Torre Pacheco, por la agresión a un vecino de sesenta y ocho años, PP y Vox vuelven a protagonizar un sonoro enfrentamiento por la inmigración, cuestión social que, como reflejan los estudios de opinión, mueve votos en nuestro país. Y muchos.

Hay cierto temor en las filas populares a que el discurso de Abascal llegue a permear entre los votantes conservadores, de ahí la rotundidad con la que Feijóo se ha posicionado en favor de las deportaciones de aquellos que tengan un historial delictivo. El PP, que busca ensanchar su base electoral para cosechar diez millones de votos en las próximas elecciones, no está dispuesto a ceder espacio a Vox. Tampoco, a poner la otra mejilla.